Gobierno reduce seguridad ciudadana S/519M pero cuadruplica inversión militar para 2027

El Gobierno de Keiko Fujimori enfrenta una contradicción presupuestal que sus propios exfuncionarios no pueden dejar pasar en silencio. Mientras el discurso oficial proclama que la lucha contra la criminalidad organizada es la prioridad nacional bajo el lema "Vuelve el orden", los números del proyecto de Ley de Presupuesto Público para 2027 cuentan una historia completamente distinta sobre cómo el Estado planea gastar el dinero de los peruanos.

La cifra más llamativa es esta: el presupuesto destinado a Orden Público y Seguridad caerá en S/519 millones el próximo año. Pasará de S/15 mil 857 millones en 2026 a S/15 mil 338 millones en 2027, una caída del 3,3%. Mientras tanto, en el lado opuesto de la balanza, la función de Defensa y Seguridad Nacional recibirá un incremento sustancial de S/1,812 millones, un salto del 25% que la llevará a S/8 mil 993 millones. El contraste es tan marcado que resulta casi imposible reconciliarlo con el mensaje oficial del Gobierno.

Donde el impacto se siente más directo es en el patrullaje policial. El programa que financia las operaciones tácticas en los barrios, el patrullaje por sectores y los servicios básicos contra la delincuencia urbana perderá S/384 millones, bajando de S/6 mil 878 millones a S/6 mil 494 millones. Esa caída del 5,6% ocurre en medio de una ola nacional de extorsión y delincuencia organizada que ha dejado a las comisarías y a los policías en las calles con menos recursos para responder. Carlos Basombrío, exministro del Interior, no pudo contener su incredulidad cuando se enteró de los números. "Me parece profundamente irresponsable e incomprensible", dijo a RPP. "No puedo entender que en un momento en el cual están ocurriendo tragedias como la de La Libertad, Trujillo de ayer, y con la carencia que tenemos para el crimen, se reduzca. Algo muy raro e inexplicable".

En el sector Defensa, la realidad es radicalmente opuesta. Los recursos destinados a proyectos de inversión en las Fuerzas Armadas —reparación, renovación y equipamiento tecnológico— se dispararán de S/665 millones en 2026 a S/2 mil 548 millones en 2027. Es un aumento del 283% en apenas doce meses. Tres megaproyectos concentran la mayor parte de estos fondos. El primero es una inversión de S/881 millones para recuperar la capacidad de aviones caza en la Base Aérea de La Joya, en Arequipa, más otros S/35.2 millones para mejorar la infraestructura de comando y entrenamiento de pilotos en la misma guarnición. Jorge Chávez Cresta, exministro de Defensa, explica que la base fue abandonada durante décadas. "Si vas a esta base aérea, parece que se hubiera detenido en el tiempo; no tiene ni agua", señaló. Dice que urge una reconstrucción completa, sistemas de comunicaciones y radares para alojar la futura flota de aeronaves de combate F-16.

El segundo megaproyecto destina S/527 millones a la Fuerza de Superficie, es decir, a la Marina de Guerra, buscando recuperar la operatividad de los buques de guerra en el Callao. Aquí Chávez Cresta marca su desacuerdo. Si el país quiere ser disuasivo, argumenta, no debería invertir tanto en tanques. "En el caso de la Marina, hay que potenciar submarinos, darles mantenimiento y modernizar el aparato de lanzamiento de misiles", sostuvo. El tercer proyecto es una asignación de S/400 millones para el Callao e industria naval, destinada a la Fase II del Plan Maestro de la Base Naval del Callao. Chávez Cresta lo vincula al "Efecto Chancay" y a la alianza estratégica entre los astilleros del SIMA y la empresa surcoreana Hyundai. Con la llegada de grandes embarcaciones al puerto, dice, surge la necesidad de que la industria naval ofrezca mantenimiento adecuado.

Chávez Cresta reconoce que el aumento en defensa responde a un planeamiento estratégico que se remonta al plan disuasivo de 2016 y a la urgente reposición de material obsoleto tras décadas de descuido estatal. Pero advierte que la contraloría y la ciudadanía deben mantenerse vigilantes. "Se debe verificar que el cumplimiento sea llevado de manera adecuada. No compremos por comprar. Con esto se debe estar vigilante en que se compre lo mejor para el país", apuntó. Su crítica alcanza también a la conducción general del Gobierno de Keiko Fujimori. "Se tuvo expectativas con el Gobierno entrante. No se ve nada. Parece que están apagando incendios", cuestionó. El desajuste entre lo que el Gobierno dice que hará y cómo distribuye realmente el dinero público quedará bajo escrutinio mientras avanza la ejecución presupuestal de 2027.