Chile ha decidido postergar hasta diciembre de 2027 la entrada en vigencia de su nueva Ley de Protección de Datos Personales, reconociendo que las instituciones —tanto públicas como privadas— necesitan tiempo para adaptarse a un marco normativo que redefine profundamente la relación entre las organizaciones y la información personal de los ciudadanos. La Agencia de Protección de Datos, órgano central de fiscalización, aún no ha comenzado a operar, y sin ella la ley carecería del músculo institucional necesario para ser aplicada con justicia y coherencia. Este aplazamiento no es una retirada, s