Gobierno implementa débito automático y descuento por sueldo para reducir morosidad

La morosidad en Argentina ha llegado a un punto crítico. Casi seis millones de personas están en situación de incumplimiento con sus deudas, un número que refleja la presión financiera que atraviesa el país. Aunque los datos del Banco Central de la República Argentina muestran que en junio pasado los atrasos dejaron de crecer por primera vez en dieciocho meses, la tasa de morosidad en préstamos personales y tarjetas de crédito se mantuvo en 12,8%, apenas retrocediendo 0,1 puntos porcentuales respecto del mes anterior. El porcentaje general de irregularidad del crédito quedó en 7,6%, cifras que siguen siendo históricamente altas.

Ante este panorama, el Gobierno nacional ha decidido actuar con dos herramientas diseñadas para mejorar la cobrabilidad de los créditos otorgados por bancos y fintech. La primera de ellas, el mecanismo de Cobros por Transferencia, entró en vigencia el 31 de agosto. Este sistema autoriza a las entidades financieras a debitar automáticamente la cuota pendiente directamente desde la cuenta bancaria o billetera virtual del cliente que está en mora, siempre que el deudor haya otorgado su consentimiento expreso. Esa autorización puede ser revocada en cualquier momento de forma inmediata.

La normativa establece salvaguardas para proteger a los deudores del sobreendeudamiento. Las cuotas deben ser fijas e iguales, y no pueden superar el 30% de los ingresos mensuales de la persona. Si el préstamo fue depositado en una cuenta de un banco distinto al que otorgó el crédito, la entidad acreedora tiene facultad para debitar de esa cuenta de destino en caso de demoras. Antes de proceder al débito, la entidad debe notificar al usuario con un día de anticipación. Para evitar conductas abusivas, las operaciones se limitan a un intento inicial y un máximo de dos reintentos, realizados a las 48 y 96 horas respectivamente.

Sin embargo, el sector financiero ha expresado su preocupación sobre el diseño de la medida. Los bancos y proveedores de crédito advierten que la restricción de poder cobrar únicamente de la cuenta donde se depositó el préstamo reduce significativamente su utilidad práctica. Muchas personas transfieren fondos entre cuentas de diferentes entidades, y obligar a los acreedores a cobrar de la cuenta de origen limita sus opciones de recupero. Además, los prestamistas cuestionan que no se puedan computar intereses ante eventuales retrasos, lo que afecta la viabilidad económica de sus operaciones.

La segunda medida en carpeta es la ampliación del código de descuento sobre el recibo de sueldo. Esta herramienta permite descontar las cuotas de los préstamos directamente del salario del trabajador, una práctica que fue reglamentada bajo el artículo 36 de la reforma laboral. Sin embargo, su entrada en vigencia depende de las normas complementarias que defina el Banco Central, lo que significa que aún no está operativa y su implementación requiere pasos adicionales.

Ambas medidas responden a la necesidad urgente de reducir la morosidad crediticia en un contexto donde millones de argentinos enfrentan dificultades para cumplir con sus obligaciones financieras. El Gobierno busca que el primer retroceso registrado en junio sea el inicio de una tendencia sostenida hacia la baja. No obstante, la resistencia del sector financiero sugiere que los detalles de implementación seguirán siendo objeto de debate, y que la efectividad real de estas herramientas dependerá de cómo se resuelvan las tensiones entre la protección del deudor y la viabilidad del negocio crediticio.