En un giro que redefine el contrato entre el Estado y la violencia, el gobierno de Abelardo de la Espriella abandona la promesa de negociación generalizada y elige la confrontación directa como eje de su política de seguridad. La paradoja que hereda es antigua: Colombia debe demostrar ante el mundo que puede combatir el crimen sin traicionar los acuerdos de paz que ya firmó. En ese equilibrio frágil entre la espada y la palabra empeñada se juega, una vez más, la credibilidad del Estado colombiano.