Gobierno e INDH se enfrentan por Ley Naín-Retamal 2.0 y legítima defensa policial

El proyecto de Ley Naín-Retamal 2.0 llegó esta semana a un punto de quiebre institucional. La iniciativa, que busca extender lo que se conoce como legítima defensa privilegiada a policías y militares que actúen fuera de servicio, ha abierto una grieta profunda entre el Gobierno y el Instituto Nacional de Derechos Humanos. El INDH emitió un informe advirtiendo que la ley podría crear condiciones de "impunidad de facto" en casos de uso excesivo de la fuerza. El Ejecutivo respondió acusando al organismo de ideología.

La controversia gira en torno a un mecanismo legal específico: cómo se distribuye la carga de la prueba cuando un funcionario policial usa la fuerza. El INDH ha señalado que la legítima defensa privilegiada altera esa distribución de manera que podría dejar sin protección a civiles afectados por acciones policiales desproporcionadas. Esta preocupación no es nueva. El instituto ya la había planteado durante la tramitación de la Ley Naín-Retamal original, pero ahora resurge con mayor urgencia porque el proyecto será discutido en el Congreso la próxima semana.

El ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, no esperó a que el debate parlamentario comenzara. Cuestionó duramente el informe del INDH, acusando al organismo de mantener una posición contraria al fortalecimiento de las policías. "El INDH una vez más está desconectado de la realidad", afirmó Arrau, caracterizando el análisis del instituto como una "mirada ideológica" que refleja resistencia a respaldar a las Fuerzas de Orden y Seguridad. Las palabras del ministro fueron directas y sin matices: no buscaba diálogo, sino confrontación.

Yerko Ljubetic, director del INDH, respondió con un tono más institucional pero igualmente firme. Llamó a mantener el respeto entre organismos públicos y defendió las atribuciones legales que la ley le confiere al instituto. Ljubetic argumentó que el INDH tiene el mandato de velar por la armonía entre las leyes chilenas y los estándares internacionales de derechos humanos que el Estado ha asumido. Para Ljubetic, el cuestionamiento del ministro no era solo una crítica política, sino un ataque a la función constitucional del instituto.

En el Congreso, el proyecto cuenta con respaldo en la Comisión de Constitución del Senado. Senadores como Arturo Squella, Andrés Longton y Pedro Araya han coincidido en apoyar iniciativas de la agenda de seguridad impulsada por el Ejecutivo. Pedro Araya, presidente de la comisión, discrepó explícitamente del análisis del INDH. Argumentó que el organismo confunde los aspectos probatorios de la ley con sus consecuencias prácticas. Según Araya, el proyecto no busca generar impunidad ni dejar a las policías al margen de la ley, sino darles mayor certeza jurídica cuando actúan en situaciones de riesgo.

El informe del INDH fue elaborado hace meses por su área de seguimiento legislativo y entregado a la secretaría de la Comisión de Constitución como insumo para el debate. Ahora, con la discusión programada para entre martes y miércoles de la próxima semana, el proyecto podría ser despachado en dos o tres sesiones, considerando que contempla solo dos artículos. En paralelo, la Comisión de Seguridad revisará otra iniciativa que busca aumentar las sanciones por ofensas y agresiones contra funcionarios de Carabineros, también parte de la agenda Naín-Retamal 2.0.

Lo que está en juego es más que un debate técnico sobre cargas de prueba. Es una pregunta fundamental sobre quién vigila a quienes vigilan, y cómo se equilibra la protección de los funcionarios que actúan en situaciones de riesgo con la protección de civiles frente al abuso de autoridad. El Gobierno ve en la legítima defensa privilegiada una herramienta necesaria para fortalecer la seguridad. El INDH ve en ella un riesgo de que la ley termine protegiendo a quienes cometen excesos. La próxima semana, el Senado decidirá cuál de estas visiones prevalece.