Gobierno desmonta estructura informativa de Inravisión y anuncia transformación integral

El sábado 15 de agosto, en una reunión que marcaría un punto de quiebre en la historia de los medios públicos colombianos, la ministra de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, Alexandra Falla, y la directora de Inravisión, Ángela Mora, anunciaron el desmantelamiento de la estructura informativa que había caracterizado al Sistema de Medios Públicos durante años. La decisión no fue menor: cerrar la operación noticiosa que funcionaba desde las seis de la mañana hasta las diez de la noche, consumiendo aproximadamente el 90 por ciento de los recursos humanos y técnicos disponibles en la entidad.

La administración argumentó que esa franja horaria extendida, que ocupaba una porción significativa del presupuesto y del personal, respondía más a intereses políticos particulares que a una misión pública genuina. Con el cierre de esa operación informativa, que se formalizó el 6 de agosto, Inravisión iniciaba una transformación que sus líderes describieron como la recuperación del carácter público, plural e independiente que debería caracterizar a los medios del Estado.

La nueva dirección de la entidad trazó un plan de acción inmediato que incluía, además del cierre de la franja noticiosa, una revisión exhaustiva de todos los contenidos y formatos al aire. La programación futura tendría como pilares la cultura, el arte y la educación, con énfasis en reconocer la diversidad regional y fortalecer la identidad nacional. El mensaje era claro: Inravisión dejaría de ser un instrumento político para convertirse en un verdadero sistema de medios públicos al servicio de la ciudadanía.

Pero la transformación no se limitaba a cambios de programación. La administración anunció una revisión inmediata de los convenios y contratos interadministrativos vigentes con ministerios y entidades nacionales, así como de los contratos de prestación de servicios suscritos durante 2026. Los números que emergieron de esa revisión fueron significativos: durante la presente vigencia se habían suscrito más de mil cincuenta y uno contratos por un valor que superaba los cien mil millones de pesos. Aún más llamativo fue el dato sobre los días 6 y 7 de agosto, cuando se firmaron ochenta y siete contratos por aproximadamente cuatro mil millones de pesos, lo que sugería una aceleración en la contratación justo antes del cambio de administración.

La dirección de Inravisión también señaló anomalías en algunos rubros específicos. Contratos relacionados con mantenimiento y operación de la red, así como servicios de logística y transporte aéreo y terrestre, habrían registrado incrementos superiores al cien por ciento respecto a sus valores iniciales. Estas irregularidades llevaron a la entidad a solicitar el acompañamiento de la Procuraduría General de la Nación y la Contraloría General de la República para revisar el estado contractual y presupuestal completo.

La decisión de abrir las puertas a los organismos de control representaba un gesto de transparencia, pero también una apuesta política clara. Sería la Procuraduría y la Contraloría las que determinarían si existían responsabilidades administrativas, fiscales o de otra naturaleza en la gestión anterior. Mientras tanto, Inravisión mantenía una programación especial destinada a acompañar a las comunidades afectadas por el terremoto del 10 de agosto, recordando que incluso en medio de la reorganización institucional, la función social de los medios públicos en situaciones de emergencia seguía siendo prioritaria.

La transformación anunciada representaba una apuesta por recuperar la credibilidad de los medios públicos colombianos. La administración buscaba construir un sistema donde la información pública no estuviera subordinada a intereses políticos, donde la pluralidad y la independencia fueran principios operativos reales, y donde la cultura, la educación y el arte tuvieran un lugar central en la programación. El proceso de reorganización que comenzó el 7 de agosto de 2026 apenas estaba en sus primeras fases, pero sus implicaciones para el futuro de la comunicación pública en el país eran profundas.