Un gobierno que busca cerrar una puerta de protección y un juez que exige que las razones lleguen antes que la decisión se miden hoy ante la Corte Suprema de Estados Unidos. En juego está el estatus legal de más de 300 mil venezolanos que viven bajo el amparo temporal del TPS, una figura creada en 1990 para no devolver a personas a países azotados por desastres o conflictos. La pregunta de fondo es cuánto margen tiene el poder ejecutivo para revertir compromisos humanitarios y hasta dónde puede ser corregido por los tribunales.
Gobierno de Trump pide a la Suprema Corte retirar protecciones a más de 300 mil migrantes venezolanos
Más de 300 mil migrantes venezolanos podrían perder sus protecciones legales y quedar expuestos a deportación.
Decidió primero y buscó la justificación después
Mark
Empecemos por lo básico: ¿qué pide exactamente el gobierno?
Mimi
Una orden de emergencia de la Corte Suprema para suspender el fallo del juez Edward Chen, que consideró incorrecta la terminación del TPS para más de 300 mil venezolanos.
Mark
¿Y por qué creen que el tribunal les dará la razón?
Mimi
Por el antecedente de mayo: la Corte revocó una orden preliminar de Chen que afectaba a otros 350 mil venezolanos. El procurador Sauer argumenta que ese precedente debe aplicarse aquí.
Luke
Ojo con eso. En mayo la Corte no explicó su decisión, así que no sabemos qué razonamiento usó. Que se aplique igual aquí es el argumento del gobierno, no algo establecido.
Mark
Sauer habla de tribunales inferiores que desobedecen a la Corte. ¿Es una acusación fuerte?
Mimi
Lo es, y es suya. Los jueces Chen y Wardlaw dicen otra cosa: que el DHS decidió primero y buscó justificación después, con una premura sin precedentes.
Luke
Conviene separar las cosas. Que el DHS actuó así es lo que determinaron el juez y el panel unánime; el gobierno lo rechaza. Y ninguna de las dos lecturas está resuelta todavía.
Mark
¿Qué está en juego para la gente?
Mimi
Más de 300 mil personas podrían perder su protección y quedar expuestas a deportación.
Luke
Y la nota no dice cuándo responderá la Corte ni qué pasaría en la práctica, trámite por trámite, si concede la orden. Eso sigue abierto.
El Pulso
- El Departamento de Justicia pidió a la Corte Suprema una orden de emergencia que suspenda el fallo del juez Edward Chen sobre el fin del TPS venezolano.
- Chen y un panel de apelaciones concluyeron que el DHS decidió primero y buscó justificación después, con una prisa sin precedentes.
- Más de 300 mil migrantes venezolanos podrían perder protección legal y quedar expuestos a la deportación.
- El procurador Sauer sostiene que la Corte ya resolvió un caso similar en mayo y que los tribunales inferiores desobedecen sus órdenes.
Un gobierno que busca cerrar una puerta de protección y un juez que exige que las razones lleguen antes que la decisión se miden hoy ante la Corte Suprema de Estados Unidos. En juego está el estatus legal de más de 300 mil venezolanos que viven bajo el amparo temporal del TPS, una figura creada en 1990 para no devolver a personas a países azotados por desastres o conflictos. La pregunta de fondo es cuánto margen tiene el poder ejecutivo para revertir compromisos humanitarios y hasta dónde puede ser corregido por los tribunales.
El viernes, el gobierno de Donald Trump llevó a la Corte Suprema una petición urgente para retirar las protecciones legales de más de 300 mil migrantes venezolanos. El Departamento de Justicia quiere que el máximo tribunal suspenda un fallo del juez federal Edward Chen, en San Francisco, que consideró que el gobierno terminó el Estatus de Protección Temporal de forma incorrecta.
La corte de apelaciones se negó a frenar ese fallo mientras el caso avanza, lo que dejó al gobierno con una sola salida. Antes, la Corte Suprema había revocado en mayo una orden de Chen que protegía a otros 350 mil venezolanos. Ahora el procurador John Sauer sostiene que esa decisión debe aplicarse también aquí y acusa a los tribunales inferiores de desobedecer.
Los jueces que frenaron al gobierno advierten otra cosa: el Departamento de Seguridad Nacional habría tomado la decisión primero y buscado la justificación después. La medida forma parte de una ofensiva más amplia que también afecta a haitianos y a otros beneficiarios de protecciones heredadas de la administración Biden.
La respuesta de la Corte definirá el destino de cientos de miles de personas que, si pierden el TPS, quedarían expuestas a la deportación.
El viernes, el gobierno del presidente Donald Trump acudió a la Corte Suprema federal con una petición de emergencia: quiere poder retirar las protecciones legales a más de 300 mil migrantes venezolanos. El Departamento de Justicia pidió al máximo tribunal que suspenda un fallo de un juez federal en San Francisco, quien determinó que el gobierno terminó de forma incorrecta el Estatus de Protección Temporal, conocido como TPS, para los venezolanos.
El juez de distrito Edward Chen dictó ese fallo. Después, la corte federal de apelaciones en San Francisco se negó a suspenderlo mientras el caso seguía avanzando por los tribunales, lo que dejó al gobierno con una sola vía: el máximo tribunal del país.
Los jueces ya han visto un caso parecido. En mayo, la Corte Suprema revocó una orden preliminar de Chen que afectaba a otros 350 mil venezolanos, cuyas protecciones expiraron en abril. El tribunal no dio explicación entonces, algo común en las apelaciones de emergencia. Ahora, el procurador general D. John Sauer sostiene en el nuevo documento que la decisión de mayo también debería aplicarse a este caso.
Sauer fue más allá en su escrito. Calificó el caso como "familiar para la corte" y habló del "fenómeno cada vez más familiar e insostenible de tribunales inferiores que desobedecen las órdenes de esta corte en el expediente de emergencia". Según él, la nueva orden, igual que la anterior, detuvo la anulación y terminación del TPS que afecta a más de 300 mil extranjeros con base en teorías legales sin mérito.
El razonamiento de los jueces que frenaron al gobierno es otro. Chen concluyó que el Departamento de Seguridad Nacional actuó con una premura sin precedentes y de una manera sin precedentes, con el propósito predeterminado de acelerar la terminación del TPS de Venezuela. Al negar la apelación de emergencia, la jueza Kim Wardlaw escribió para un panel unánime de tres magistrados que, según lo determinado por Chen, el DHS tomó sus decisiones primero y buscó después una base válida para ellas.
La disputa forma parte de una ofensiva más amplia. El gobierno de Trump ha tomado medidas para retirar varias protecciones que permitían a inmigrantes permanecer en el país, entre ellas la terminación del TPS para un total de 600 mil venezolanos y 500 mil haitianos que recibieron protección durante la presidencia de Joe Biden. El TPS se concede en plazos de 18 meses.
El Congreso creó esta figura en 1990 para evitar deportaciones hacia países que atraviesan desastres naturales, conflictos civiles u otras condiciones peligrosas. La designación puede otorgarla el secretario de Seguridad Nacional.
Queda por ver qué hará la Corte Suprema. Su respuesta a esta solicitud de emergencia definirá la situación legal de más de 300 mil venezolanos que, de perder la protección, quedarían expuestos a la deportación.
Citas Notables
Un fenómeno cada vez más familiar e insostenible de tribunales inferiores que desobedecen las órdenes de esta corte en el expediente de emergencia.— D. John Sauer, procurador general
El DHS tomó sus decisiones primero y buscó una base válida para ellas después.— Jueza Kim Wardlaw, panel de apelaciones, citando la conclusión de Chen
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