En una nación que aprendió a convivir con la guerra y a negociar con ella, los vehículos blindados y los escoltas se han vuelto símbolos de una pregunta antigua: quién merece ser protegido por el Estado y a costa de qué. Este jueves, en una audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, anunció que los esquemas de la Unidad Nacional de Protección serán revisados mediante un estudio de seguridad, con el propósito de que la protección quede reservada para quienes la necesitan de verdad y no para quienes la usan como salvoconducto. La decisión lleg
Gobierno De La Espriella anuncia el “fin de la feria” de los esquemas de protección y seguridad
En este gobierno se acaba la feria de los esquemas de seguridad
Mark
¿Por qué el ministro empieza hablando de Calarcá si el anuncio es sobre esquemas de protección en general?
Mimi
Porque ese episodio de Anorí, en junio de 2024, es el ejemplo más claro del problema que describe: camionetas blindadas de la UNP transportando a jefes disidentes, y Calarcá liberado por ser gestor de paz.
Mark
¿Qué cambia en concreto?
Mimi
La UNP deberá hacer un estudio de seguridad para determinar quiénes realmente requieren protección. Ordóñez insistió en que los esquemas no son a perpetuidad.
Luke
Ojo con eso: es un anuncio, no una medida ya aplicada. No sabemos cuántos esquemas se revisarán ni con qué plazo.
Mark
¿Y la frase del "fin de la feria"?
Mimi
Es el titular político. Ordóñez dice que no puede pagarse con dinero público protección que sirva para delinquir, traficar o mover armas.
Luke
Esa frase describe una intención. El texto no aporta cifras de cuántos esquemas se habrían usado así; el único caso concreto citado es el de Calarcá.
Mark
¿Hay tensión con los desmovilizados?
Mimi
El ministro reconoció que la ley permite a la UNP proteger a desmovilizados que lo requieran, pero bajo los estándares de la Corte Constitucional.
Luke
Y queda sin aclarar cómo se aplicarán esos estándares a los casos actuales. Eso habrá que verlo cuando el estudio exista.
Le Pouls
- Un retén militar en Anorí expuso que camionetas blindadas de la UNP transportaban a jefes disidentes, y la escena encendió la indignación nacional.
- El nuevo ministro del Interior anunció que se acaba la feria de los esquemas de seguridad y que ningún vehículo oficial servirá para delinquir o traficar.
- La UNP deberá adelantar un estudio de seguridad para decidir, caso por caso, quién conserva protección, sin que ésta sea a perpetuidad.
- El anuncio abre una tensión abierta entre la protección de excombatientes y la exigencia de justicia para responsables de graves violaciones de derechos humanos, cuyo desenlace aún no está definido.
En una nación que aprendió a convivir con la guerra y a negociar con ella, los vehículos blindados y los escoltas se han vuelto símbolos de una pregunta antigua: quién merece ser protegido por el Estado y a costa de qué. Este jueves, en una audiencia de la Jurisdicción Especial para la Paz, el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, anunció que los esquemas de la Unidad Nacional de Protección serán revisados mediante un estudio de seguridad, con el propósito de que la protección quede reservada para quienes la necesitan de verdad y no para quienes la usan como salvoconducto. La decisión llega tras el episodio de 2024 en Anorí, cuando integrantes de una disidencia viajaban en vehículos oficiales, y reabre el debate sobre cómo equilibrar la paz negociada con la rendición de cuentas.
El 23 de junio de 2024, un retén del Ejército en las carreteras de Anorí, Antioquia, detuvo dos camionetas de la Unidad Nacional de Protección. En su interior viajaban integrantes del Estado Mayor de Bloques y Frentes de las disidencias de las Farc, entre ellos su jefe principal, alias Calarcá. Fue detenido y reseñado, pero quedó en libertad, pues el gobierno de Gustavo Petro lo había designado gestor de paz. El episodio desató un fuerte debate sobre el uso de vehículos blindados del Estado por parte de grupos armados ilegales.
Ese caso regresó a la discusión este jueves 12 de noviembre, cuando el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez Maldonado, habló en una audiencia de la JEP. Recién posesionado en el gobierno de Abelardo De La Espriella, Ordóñez cuestionó las consecuencias de la política de Paz Total y prometió que no se permitirá que criminales usen los vehículos destinados a proteger a personas en riesgo. Según dijo, la protección es para quienes realmente la necesitan y para quienes cumplen la Constitución.
El Ministerio revisará los esquemas, la UNP deberá hacer un estudio de seguridad y a quienes lo requieran se les dará protección. Ordóñez también señaló que los responsables de las más graves violaciones de derechos humanos no tendrán prioridad en las medidas de seguridad, pues deben pagar por sus crímenes.
Aún no se sabe cuándo comenzará el estudio ni con qué criterios se decidirá quién conserva su esquema.
El 23 de junio de 2024, un retén del Ejército Nacional en las carreteras de Anorí, Antioquia, detuvo dos camionetas de la Unidad Nacional de Protección (UNP). En esos vehículos blindados viajaban varios integrantes del autodenominado Estado Mayor de Bloques y Frentes de las disidencias de las Farc, entre ellos su principal jefe, Alexander Díaz Mendoza, conocido como alias Calarcá.
Calarcá fue detenido y reseñado, pero quedó en libertad porque el gobierno de Gustavo Petro lo había designado "gestor de paz". El episodio abrió un fuerte debate sobre el uso de esos vehículos por parte de integrantes de grupos armados ilegales.
Ese caso volvió a ponerse sobre la mesa este jueves 12 de noviembre, cuando el ministro del Interior, Alejandro Ordóñez Maldonado, intervino en una audiencia convocada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP). Ordóñez, recién posesionado al frente de la cartera política en el gobierno de Abelardo De La Espriella, habló de las consecuencias de la política de Paz Total y advirtió que su gobierno no permitirá que delincuentes o criminales usen a sus anchas los vehículos destinados a proteger a personas en riesgo.
El ministro dijo que la ley faculta a la UNP para asumir la seguridad de los desmovilizados que lo requieran, siempre que se ajuste estrictamente a los estándares fijados por la Corte Constitucional. Precisó que los carros blindados y los hombres de protección son para quienes realmente los necesiten y que no son a perpetuidad.
Anunció además que la UNP deberá hacer un estudio de seguridad para establecer quiénes sí requieren protección, y que a ellos se les proporcionará. Y fue enfático: en este gobierno, dijo, se acaba la "feria de los esquemas de seguridad". Según Ordóñez, no puede ser que con dinero de los colombianos se paguen esquemas con los que se delinca, se trafique droga, se carguen armas o se movilicen terroristas. La protección, añadió, es para quienes actúen en la legalidad y cumplan la Constitución.
Por eso, el Ministerio revisará el tema de los esquemas de seguridad y protección. Ordóñez dijo a los magistrados que, desde su función de articulación y dentro de las políticas de su competencia, se dará prioridad a las medidas de seguridad que requieran los perpetradores de las más graves violaciones de derechos humanos e infracciones al derecho internacional o humanitario. La idea, explicó, es que paguen por sus delitos, incluso con sanciones como las previstas en el ordenamiento jurídico, que describió como de carácter simbólico frente a la gravedad de sus atrocidades.
El anuncio, hecho en un escenario de la JEP, deja abierta la discusión sobre cómo se protegerá a excombatientes y a responsables de graves violaciones de derechos humanos. Falta ver cuándo empezará el estudio de la UNP y con qué criterios se decidirá quién conserva su esquema.
Citations marquantes
Los carros blindados y los hombres de protección son para quienes realmente lo requieran y no son a perpetuidad.— Alejandro Ordóñez Maldonado, ministro del Interior
No puede ser que con el dinero de los colombianos se paguen esquemas para que con ellos se delinca.— Alejandro Ordóñez Maldonado, ministro del Interior
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