En un país donde el poder adquisitivo es terreno en disputa permanente, el gobierno argentino extiende hacia sus fuerzas armadas y de seguridad una cadena de reconocimientos económicos: un aumento salarial de entre 7% y 10% a partir de septiembre, que se suma a bonificaciones previas y a un suplemento por formación académica vigente desde julio. La medida no es solo aritmética; es también un gesto simbólico hacia quienes el Estado considera guardianes de su orden interno, en un momento en que el ajuste fiscal define quiénes quedan protegidos y quiénes no.