En el estado mexicano de Sinaloa, el gobernador Rubén Rocha Moya protagoniza una de las crisis políticas más reveladoras del sexenio: acusado por Estados Unidos de vínculos con el Cartel de Sinaloa, regresó brevemente al cargo creyendo que una investigación inconclusa equivalía a una absolución política, solo para descubrir que el poder no se recupera por decreto cuando la confianza ya ha sido retirada. Su segunda solicitud de licencia, presentada menos de veinticuatro horas después de su retorno, ilustra cómo la legitimidad política es más frágil que cualquier cargo formal, y cómo incluso los
Gobernador de Sinaloa acusado de narcotráfico vuelve a pedir licencia tras presión política
Las acusaciones afectan directamente al gobernador y a nueve funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa, con implicaciones para la gobernanza estatal y seguridad regional.