En los primeros días de la administración Fujimori, el gabinete peruano ha trazado con inusual celeridad el mapa normativo de su mandato: 66 materias legislativas que buscan delegar en el Ejecutivo la capacidad de actuar con mayor rapidez frente a la violencia organizada, los desastres naturales y el despilfarro estatal. El gesto revela una voluntad de marcar distancia con la lentitud burocrática que históricamente ha separado la urgencia ciudadana de la respuesta del Estado. Ahora corresponde al Congreso decidir si esa velocidad es también sabiduría.