En Palacio de Gobierno, la presidenta Keiko Fujimori escuchó a transportistas de seis regiones del país describir cómo la extorsión organizada asfixia sus operaciones cotidianas. La respuesta del Estado va más allá del despliegue policial tradicional: convoca a operadores de telefonía móvil e instituciones financieras como actores centrales de la seguridad, reconociendo que el crimen moderno se mueve por redes invisibles que ninguna patrulla puede interceptar sola. Es un momento en que el gobierno intenta redefinir quién es responsable de proteger la vida económica del país.
Fujimori propone incorporar operadores de celulares y sistema financiero contra crimen organizado
El sector transporte sufre extorsiones sistemáticas que afectan a transportistas y sus operaciones en múltiples regiones del país.