La presidente electa recibe las credenciales del cargo que jurará el 28 de juli…
El 28 de julio, Keiko Fujimori asumirá la presidencia de Perú como la primera mujer electa para ese cargo, tras una victoria obtenida por menos de un punto porcentual sobre el candidato de izquierda Roberto Sánchez. Su llegada al poder no ocurre en el vacío: hereda un país donde la violencia extorsiva ha cobrado más de 150 vidas en los últimos dos años y donde la memoria de los crímenes del período fujimorista aún no ha encontrado justicia. La historia peruana, con sus 20.000 desaparecidos y sus fracturas sin cicatrizar, aguarda para ver si este gobierno será un puente o una clausura.
- Fujimori llega al poder con un mandato frágil —menos del 1% de diferencia— en un país profundamente dividido entre quienes la ven como salvadora y quienes temen la sombra de su padre.
- La inseguridad ciudadana arde en Lima: 152 transportistas asesinados por extorsión entre 2024 y 2026 convierten las calles en un campo de presión política inmediata.
- Las nuevas leyes fujimoristas que blindan a militares investigados por violaciones a derechos humanos generan alarma entre organizaciones de víctimas y organismos internacionales.
- Cerca de 20.000 familias con desaparecidos del conflicto 1980-2000 enfrentan la posibilidad de que la justicia les sea arrebatada antes de que llegue.
- El gobierno entrante deberá navegar entre la demanda de orden y seguridad que le dio el triunfo y la exigencia de verdad histórica que no desaparece con ningún decreto.
Keiko Fujimori se prepara para jurar la presidencia de Perú el 28 de julio, convirtiéndose en la primera mujer en alcanzar ese cargo por elección popular. Su victoria, obtenida por un margen inferior al uno por ciento frente al candidato de izquierda Roberto Sánchez, refleja un país partido casi en dos mitades que difícilmente podrán ignorarse mutuamente.
El desafío más inmediato es la seguridad. Lima ha vivido una ola de violencia extorsiva que dejó 152 transportistas asesinados entre 2024 y 2026, una cifra que convirtió la inseguridad ciudadana en el eje central de la campaña y en la primera deuda que el nuevo gobierno deberá saldar.
Pero debajo de esa urgencia cotidiana yace una herida más antigua. Las leyes aprobadas durante el período fujimorista otorgan protección a militares investigados por crímenes cometidos entre 1980 y 2000, años en que el conflicto armado interno dejó aproximadamente 20.000 personas desaparecidas. Para las familias que aún esperan verdad y reparación, estas normas representan no solo un obstáculo legal, sino una segunda pérdida.
Fujimori asume, entonces, con dos mandatos superpuestos y en tensión: el de quienes votaron por ella esperando mano dura contra el crimen presente, y el de quienes exigen que el Estado no cierre los ojos ante los crímenes del pasado. Cómo equilibre —o ignore— esa tensión definirá el tono de su gobierno desde el primer día.
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