Fuerzas Armadas incautan más de mil explosivos y arsenal en Pataz

En una bocamina del anexo La Porfía, en la provincia de Pataz, las Fuerzas Armadas descubrieron un depósito de armas y explosivos que pone de relieve la complejidad de la violencia y el control territorial en una región donde la minería informal y la criminalidad se entrelazan. El operativo, bautizado "Camilo" y ejecutado por el Comando Unificado Pataz bajo la dirección del Comando Operacional del Norte, resultó en el decomiso de más de mil explosivos, seis fusiles, dos pistolas, quince cargadores y 510 municiones de diversos calibres: 22, 5,56 y 9 milímetros. También se incautaron ocho fardos de cordón detonante y equipamiento táctico. El material fue entregado al Ministerio Público para que investigue la presunta tenencia ilegal de armas y explosivos.

La intervención no fue un esfuerzo aislado. En ella participaron agentes especializados de la Policía Nacional del Perú: la División de Operaciones Policiales Especiales, la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad y la Dirección de Investigación Criminal. También concurrieron representantes de Indecopi y de la Superintendencia Nacional de Control de Servicios de Seguridad, Armas, Municiones y Explosivos de Uso Civil, lo que refleja la envergadura que las autoridades atribuyeron al hallazgo. El Ministerio de Defensa señaló que la operación formaba parte de acciones más amplias dirigidas a identificar y confiscar armamento que carecería de autorización legal, y que continuaría desplegando operaciones de control territorial en la provincia conforme a la ley.

Lo que permanece sin respuesta es quién almacenaba este arsenal y para qué. Las autoridades no han informado sobre detenciones durante el operativo ni han precisado quién era el propietario de la bocamina. La investigación fiscal deberá determinar el origen del material, la identidad de quienes lo guardaban y, crucialmente, si estaba destinado a organizaciones criminales que operan en la zona disputándose el control de territorios auríferos. Esta última pregunta es la que da peso real al decomiso: en Pataz, la minería informal e ilegal ha generado un ecosistema de violencia donde el control de zonas productoras de oro es sinónimo de poder y recursos.

El contexto amplifica la importancia del hallazgo. Días antes, un informe de investigación reveló que familiares de Jenss Lara Tantaquilla, empresario secuestrado el 30 de agosto en Trujillo, habían acumulado contratos públicos por más de once millones de soles vinculados a Pataz. En el mismo ataque en el que fue secuestrado Lara Tantaquilla, fue asesinado Luis Alberto Rojas Ramos de Rosas, miembro de su equipo de seguridad. El rastreo de registros empresariales identificó que Rojas Ramos de Rosas figuraba como representante legal del Consorcio Supervisor Allauca, que obtuvo una consultoría de obra pública valorizada en 354 mil soles en Tayabamba. Otras empresas vinculadas a la familia de Lara Tantaquilla, como Constructora Ohana S.A.C. y Tantaquilla Contratistas S.A.C., obtuvieron adjudicaciones que sumaban más de cinco millones de soles en municipios de la provincia.

Esta red de contrataciones públicas, minería y violencia sugiere que Pataz no es simplemente un territorio donde operan bandas criminales desconectadas. Es un espacio donde los negocios, el poder local y la criminalidad organizada convergen. El arsenal incautado en La Porfía podría ser una pieza de ese rompecabezas más grande. Las investigaciones que ahora abre el Ministerio Público tendrán que rastrear no solo dónde vinieron las armas y los explosivos, sino también hacia dónde iban y quién los necesitaba. En una provincia donde la disputa por zonas auríferas ha generado hechos de violencia recurrentes, esas respuestas podrían revelar mucho sobre cómo funciona realmente el poder en Pataz.