Francia ha convertido el certificado energético en un árbitro legal del mercado de alquiler: las viviendas con las peores calificaciones ya no pueden arrendarse. Detrás de esta decisión late una apuesta ambiental ambiciosa —acelerar la renovación del parque inmobiliario nacional— pero también una tensión antigua entre el bien colectivo y la realidad cotidiana de quienes simplemente necesitan un techo. Como ocurre con tantas políticas que tocan a la vez el planeta y el bolsillo, sus consecuencias más profundas aún están por escribirse.
Francia vincula la calificación energética al derecho de alquilar viviendas
Potencial impacto en disponibilidad de vivienda asequible para inquilinos de bajos ingresos si propietarios retiran propiedades del mercado de alquiler.