Francia abre una negociación de un mes con sindicatos públicos mientras se prepara una huelga el 17 de noviembre

El viernes, en el Hôtel de Matignon, sede del Gobierno francés, el primer ministro Sébastien Lecornu se sentó con los representantes sindicales de los 5,8 millones de trabajadores de la función pública. Era un encuentro de este tipo que no se producía desde hacía casi 20 años. Salió de allí con el anuncio de un período de negociación de un mes y, a cambio, con una huelga confirmada para el martes 17 de noviembre.

La reunión llegó pocos días después de una subida del salario mínimo interprofesional, el Smic, que benefició solo a los empleados del sector privado. Ese contraste pesa en el ambiente: los sueldos más bajos del Estado quedaron al nivel del mínimo o por debajo de él, y el Gobierno busca ahora una respuesta.

Lecornu habló de una “negociación rápida” y fijó cinco ejes. El primero es la mejora de los salarios bajos, junto con una reforma de las escalas salariales. Los otros cuatro son más transparencia e igualdad de retribución entre hombres y mujeres, una cobertura ampliada de los gastos de transporte, más protección para los agentes heridos o amenazados, y garantías ligadas a la neutralidad e independencia de los funcionarios.

El calendario respeta las elecciones sindicales que están en curso en la administración. El primer ministro volverá a reunirse con las organizaciones el 11 de diciembre, cuando esos comicios hayan terminado, con el objetivo declarado de “sellar avances” antes de mediados de ese mes.

El gabinete del ministro de Cuentas Públicas, David Amiel, explicó a la prensa el alcance de las medidas: afectarán a 1,35 millones de agentes del Estado. De ellos, 1,1 millones habían visto su sueldo base igualado por la reciente subida del Smic. Pero solo la mitad de ese grupo logrará superar el umbral. Unos 660.000 trabajadores seguirán cobrando la llamada indemnización diferencial, un complemento que cubre la distancia hasta ese piso, porque ningún empleado estatal puede cobrar menos que esa cifra. El coste total será de “varios cientos de millones de euros”, que según el ministerio no ponen en riesgo la meta de reducir el déficit público al 5% del PIB hacia 2027.

Los sindicatos no quedaron conformes. Caroline Chevé, secretaria general de la Federación Sindical Unitaria (FSU), cuestionó el efecto real: “Hablamos de ocho puntos en la escala salarial. Eso significa ni siquiera 30 euros. Esto no responde en absoluto a la cuestión del poder adquisitivo”.

El reclamo central es otro: subir el valor del punto índice, la referencia con la que se calcula el sueldo base de todos los agentes públicos, e indexarlo automáticamente a la inflación. El Ejecutivo ya había rechazado esa vía en julio, al estimar que un alza del 1% en ese valor costaría 2.400 millones de euros, y repitió la negativa este viernes. Sophie Binet, líder de la CGT, calificó los anuncios de “totalmente desfasados respecto a las demandas de los empleados públicos” y advirtió que “no habrá salida a la crisis sin un aumento del valor del punto índice”.

Tras las jornadas de protesta del 29 de septiembre y el 5 de noviembre, todas las centrales confirmaron su adhesión a la movilización del martes 17. Hasta la reunión del viernes, la CFDT era la única que no se había sumado al paro. Laure Revel, su secretaria general en la función pública, describió las propuestas oficiales como “insuficientes, por no decir inexistentes”.

La huelga del 17 será la primera prueba de la negociación abierta, y el 11 de diciembre marcará si hay avances o no.