Abandono institucional hacia la policía
Por octava vez, el Consejo del Salario Policial de la provincia se reunió sin lograr cerrar un acuerdo, dejando a miles de agentes y penitenciarios en la misma incertidumbre que los convocó. El Ejecutivo ofreció dos esquemas de aumento que consideró razonables dentro de sus posibilidades financieras, pero los representantes del personal en actividad los rechazaron por insuficientes. En la distancia entre lo que el Estado dice poder dar y lo que los trabajadores dicen necesitar, se dibuja una de las tensiones más antiguas de la vida pública: la de quienes administran recursos escasos frente a quienes sostienen servicios esenciales.
- Miles de policías y penitenciarios provinciales siguen sin saber cuánto ganarán, tras el colapso de la octava ronda de negociaciones salariales.
- El Gobierno presentó dos propuestas con un nuevo adicional compensador remunerativo, pero ambas fueron rechazadas de plano por el personal en actividad.
- Se debatieron 15 alternativas distintas a lo largo de la jornada, en una sesión que se extendió horas y cerró con anotaciones de rechazo escritas a mano sobre el acta oficial.
- Los trabajadores exigen un aumento inmediato del valor punto y la elevación del riesgo profesional a 200 puntos; el Ejecutivo responde que eso es financieramente inviable.
- El diálogo no está roto formalmente —el Gobierno prometió nuevas convocatorias— pero la brecha entre las partes permanece abierta y sin señales claras de resolución.
La octava ronda de negociaciones salariales para la policía provincial terminó el viernes sin acuerdo, dejando en suspenso los aumentos que esperaban miles de agentes y penitenciarios. La reunión se celebró en la Escuela de Policía "Comisario Inspector Eduardo V. Taret" y se extendió durante horas de debate intenso antes de cerrarse con anotaciones de rechazo sobre el acta oficial.
El Ejecutivo llegó a la mesa con dos propuestas estructuradas alrededor de un nuevo adicional compensador remunerativo que reemplazaría antiguos suplementos no remunerativos. La primera ofrecía un valor punto que comenzaría en $2.282,80 en junio y llegaría a $2.452,18 en diciembre, con un salario estimado de $1.713.034 para un agente sin antigüedad. La segunda presentaba valores de punto más bajos pero compensaba con un aumento del adicional por riesgo profesional, resultando en un salario base de $1.608.049. Ambas opciones se liquidarían de forma complementaria en julio.
Tras un cuarto intermedio de 40 minutos, la fractura quedó expuesta. El Centro de Retirados y Pensionados respaldó la primera alternativa, pero los representantes del personal en actividad rechazaron ambas ofertas. La Mesa de Unidad Policial y Penitenciaria y la Asociación Civil Policial exigieron un aumento inmediato del valor punto a $2.452,18 para julio y la elevación del riesgo profesional a 200 puntos. Los funcionarios de los ministerios de Seguridad, Economía y Trabajo respondieron que absorber ese costo era financieramente imposible.
El cierre de la sesión estuvo marcado por la tensión: los delegados de los trabajadores acusaron un "abandono" institucional hacia la policía. En total se debatieron 15 alternativas distintas antes de que la paritaria concluyera formalmente. El Poder Ejecutivo dejó constancia de su disposición al diálogo y anunció que notificará nuevas convocatorias, pero la brecha entre lo que el Gobierno dice poder financiar y lo que los trabajadores demandan sigue abierta.
La octava ronda de negociaciones salariales para la policía provincial terminó el viernes sin acuerdo, dejando en suspenso los aumentos que esperaban miles de agentes y penitenciarios. La reunión, celebrada en la Escuela de Policía "Comisario Inspector Eduardo V. Taret" a partir de las 16:30, se extendió durante horas de debate intenso antes de cerrarse con anotaciones manuscritas de rechazo sobre el acta oficial.
El Ejecutivo provincial llegó a la mesa con dos propuestas distintas, ambas estructuradas alrededor de un nuevo adicional compensador de carácter remunerativo que reemplazaría antiguos suplementos no remunerativos. La primera alternativa ofrecía un valor punto que comenzaría en $2.282,80 en junio y ascendería a $2.452,18 en diciembre, con revisión prevista para octubre. Bajo este esquema, un agente sin antigüedad vería su salario pasar de $1.182.351 a aproximadamente $1.713.034. El adicional compensador se fijaba en $790.000 para agentes y subayudantes penitenciarios, y en $580.000 para las jerarquías de cabo hacia arriba. La segunda alternativa presentaba valores de punto más bajos pero compensaba con un aumento del adicional por riesgo profesional a 150 puntos, resultando en un salario estimado de $1.608.049 para un agente base. El Gobierno aclaró que cualquiera de las opciones se liquidaría de forma complementaria durante julio.
La tensión emergió después de un cuarto intermedio de 40 minutos. Mientras el Centro de Retirados y Pensionados respaldó la primera alternativa por considerarla más favorable para el sector pasivo, los representantes del personal en actividad rechazaron ambas ofertas. La Mesa de Unidad Policial y Penitenciaria y la Asociación Civil Policial declararon que las propuestas resultaban insuficientes tras consultar con sus bases. Los trabajadores presentaron una contrapropuesta que exigía un aumento inmediato del valor punto a $2.452,18 para julio y la elevación del riesgo profesional a 200 puntos, manteniendo el compensador de junio.
Los funcionarios del Ministerio de Seguridad, Economía y Trabajo respondieron que era financieramente imposible absorber el costo de lo solicitado. El rechazo generó momentos de tensión hacia el cierre de la sesión, donde los delegados de los trabajadores expresaron su descontento acusando un "abandono" institucional hacia la policía. En total, se debatieron 15 alternativas diferentes a lo largo de las mesas de negociación antes de que la paritaria concluyera formalmente.
A pesar del fracaso de esta jornada, el Poder Ejecutivo dejó constancia de su disposición a mantener el diálogo. Notificará a las partes por los canales habituales para convocar a nuevas reuniones. Sin embargo, la brecha entre lo que el Gobierno dice poder financiar y lo que los trabajadores demandan permanece abierta, dejando en incertidumbre a miles de agentes policiales y penitenciarios cuyas condiciones salariales siguen sin resolverse.
Notable Quotes
Era financieramente imposible abordar el costo de lo solicitado— Representantes del Gobierno provincial
La oferta resultaba insuficiente tras consultar con las bases— M.U.P.P. y Asociación Civil Policial
The Hearth Conversation Another angle on the story
¿Por qué fracasó esta reunión cuando ambas partes sabían que necesitaban llegar a un acuerdo?
Porque el Gobierno llegó con límites financieros muy claros, y los trabajadores llegaron con demandas que iban más allá de esos límites. No fue falta de voluntad, fue una brecha de números que nadie podía cerrar en esa sala.
¿Qué diferencia hay entre las dos propuestas que presentó el Ejecutivo?
La primera ofrecía un punto más alto pero un adicional compensador más generoso. La segunda bajaba el punto pero subía el riesgo profesional. Era elegir entre dos caminos hacia el mismo destino insatisfactorio, según los trabajadores.
¿Por qué el Centro de Retirados apoyó la primera opción si el personal en actividad la rechazó?
Porque los jubilados y pensionados tienen intereses distintos. La primera alternativa les daba más en el compensador. Los activos necesitaban más dinero ahora, no promesas de revisión en octubre.
¿Qué pidieron exactamente los trabajadores que el Gobierno dijo que era imposible?
Querían $2.452,18 de punto ya en julio, no en diciembre. Y 200 puntos de riesgo profesional, no 150. Eso significaba dinero inmediato, no escalonado. El Gobierno dijo que no podía pagarlo.
¿Qué pasa ahora?
Vuelven a llamar a otra reunión. Pero la distancia sigue siendo la misma. Alguien tiene que ceder, o esto se repite indefinidamente.