Florida revoca permisos para cámaras Flock por denuncias de vigilancia sin control

A finales de agosto, Florida tomó una decisión que reverberó por todo el estado: el Departamento de Transporte revocó todos los permisos para instalar y operar lectores automáticos de patentes fabricados por Flock Safety en las rutas estatales. Will Watts, director de operaciones y subsecretario de Transporte, firmó el memorando el 31 de agosto ordenando la retirada de todos los equipos ya instalados dentro de treinta días. La acción no fue impulsiva. Fue la respuesta a meses de denuncias sobre cómo agentes de seguridad habían utilizado estas cámaras para rastrear a personas sin justificación legal, cómo los datos se compartían sin supervisión clara, y cómo una herramienta pensada para investigaciones criminales se había convertido en algo más cercano a un sistema de vigilancia sin frenos.

Los lectores de patentes LPR, como se conocen técnicamente, capturan la matrícula y características de cada vehículo que pasa frente a ellos. Flock Safety había expandido su red por Florida con rapidez, instalando dispositivos en servidumbres de carreteras estatales. Pero esa expansión exponencial fue exactamente lo que preocupó a Watts. En su memorando, escribió que aunque la ley de Florida limitaba estos sistemas a agencias de orden público, el aumento vertiginoso de despliegues sumado a reportes preocupantes de mal uso, inquietudes sobre privacidad de datos y esquemas de vigilancia ameritaba acción inmediata. La decisión no fue una pausa temporal. Fue permanente: el Departamento de Transporte ya no otorgaría nuevos permisos.

Lo que llevó a esta resolución fue una serie de casos que expusieron cómo la tecnología podía ser abusada. En Massachusetts, autoridades descubrieron que un agente había buscado datos sobre una persona conocida sin autorización legal. El departamento de policía rompió su relación con Flock y retiró los lectores. En Luisiana, un oficial fue apartado por usar las cámaras para obtener información sobre alguien de su círculo personal. En Florida, agentes fueron despedidos y enfrentan cargos penales por usos inapropiados. Hubo también reportes de que agencias vinculadas al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas utilizaron el sistema para rastrear inmigrantes. Flock Safety no respondió inmediatamente a las consultas sobre la medida.

El gobernador Ron DeSantis, aunque respalda el uso de herramientas tecnológicas para que las fuerzas de seguridad investiguen delitos, describió el sistema como fuera de control. Su posición fue clara: apoya las investigaciones criminales, pero rechaza que esa capacidad desemboque en un estado de vigilancia sin límites. Esa advertencia resonó en todo Florida y aceleró lo que sucedió después.

Más de dos docenas de condados respondieron a la decisión estatal retirando o desactivando sus propios equipos. En Alachua, el sheriff Chad Scott anunció el retiro de 27 cámaras, argumentando que la mayoría de los vehículos registrados pertenecía a personas realizando actividades cotidianas que no deberían ser tratadas como sospechosas. En Brevard, el sheriff Wayne Ivey desconectó 19 dispositivos, reconociendo que la herramienta había ayudado a resolver delitos graves pero insistiendo en que el programa necesitaba una pausa hasta que existieran límites efectivos. En Nassau, las autoridades retiraron 34 cámaras. El sheriff Bill Leeper fue más específico: pidió normas que limitaran el uso de los lectores a investigaciones por delitos graves, búsquedas de personas desaparecidas o en peligro, y recuperación de bienes robados.

En Leon, donde se encuentra Tallahassee, el sheriff Walt McNeil comunicó que el condado dejaría de usar las cámaras hasta que hubiera mayores mecanismos de supervisión y rendición de cuentas. En Franklin, cuando la oficina del sheriff desactivó su cuenta, descubrió que los dispositivos continuaban capturando imágenes. El sheriff A.J. Smith cubrió las cámaras con bolsas y desconectó su alimentación eléctrica. En Miami-Dade, la sheriff Rosie Cordero-Stutz reconoció beneficios de la tecnología pero insistió en que los resultados debían estar acompañados por salvaguardas adecuadas.

Lo que comenzó como una decisión administrativa sobre permisos en rutas estatales abrió una discusión más amplia sobre los límites de la vigilancia automatizada, la responsabilidad de los agentes que acceden a los datos, y el control público sobre las redes de cámaras. Algunos sheriffs pidieron explícitamente regulaciones claras antes de reactivar la tecnología. Otros simplemente apagaron sus sistemas y esperaron. La pregunta que quedó flotando en el aire fue si Florida podría encontrar un equilibrio entre herramientas que ayuden a resolver crímenes y protecciones que impidan que esas mismas herramientas se conviertan en instrumentos de vigilancia sin control.