Florida iguala su récord con la 19.ª ejecución del año en una jornada con tres ejecuciones en EE. UU.

A las 6:00 p.m. se levantó la cortina de la cámara de ejecución en la prisión estatal de Starke, Florida. Jesse Guardado, de 64 años, ya estaba sujeto a la camilla, con una vía intravenosa en el brazo. Preguntado por si quería decir algo, pidió perdón una vez más por el dolor y el sufrimiento causados a la familia de la víctima y a la suya propia. Fue declarado muerto a las 6:13 p.m.

Las sustancias se administraron de inmediato. Aproximadamente un minuto después, Guardado empezó a respirar con dificultad, con algunos estertores y espasmos. Poco más tarde, un funcionario de prisiones lo sacudió y gritó su nombre sin obtener respuesta, y un médico certificó su muerte. Guardado se había declarado culpable de matar a puñaladas a Jackie Malone, de 75 años, en su casa del condado de Walton en 2004. Se llevó su joyero, 80 dólares y otros objetos de valor para comprar drogas. Malone le había ayudado a conseguir empleo y vivienda.

Fue la 19.ª ejecución del año en Florida, lo que iguala el récord estatal. El gobernador republicano Ron DeSantis, que dejará el cargo en enero, firmó las órdenes que llevaron a esa cifra y ha dicho que quiere hacer justicia a familias que a menudo esperan décadas. Florida tiene previstas dos ejecuciones más a finales de año y ha llevado a cabo más de la mitad de las 33 registradas en Estados Unidos en 2025. El país observa la pena capital con nuevo escrutinio tras el intento fallido de ejecutar a Christa Pike en Tennessee en septiembre.

Patrick Malone, hijo de la víctima, habló brevemente con la prensa. Sin mencionar directamente a su madre, preguntó si quienes se oponen a la pena de muerte piensan alguna vez en lo que le ocurrió a la víctima y en las secuelas interminables que soporta su familia.

Florida no fue la única. En Alabama, Michael Taylor, de 54 años, fue declarado muerto a las 6:10 p.m. hora local tras una inyección letal. Dijo “no, señor” al preguntársele por últimas palabras y pareció decir “gracias”, sin voz, a sus abogados en la sala de testigos. Su consejero espiritual rezó con él y Taylor cerró los ojos. En 1991, con 19 años, había matado a golpes con una barra metálica a Ivan Moore, de 83, y a su esposa Lucille, de 79, durante un robo en su casa de Gadsden. La policía lo detuvo en el Cadillac de las víctimas, en Birmingham.

Quienes se oponen a la pena de muerte pidieron a la gobernadora Kay Ivey conmutar la pena por cadena perpetua, por la edad e inmadurez de Taylor entonces. Ella se negó. El estado cambió el método de ejecución después de que un juez declarara inconstitucional el gas nitrógeno; los abogados se opusieron, alegando que Taylor lo había elegido años atrás, pero el juez falló en su contra. La defensa sostuvo que Taylor conocía la magnitud del daño y lo lamentó el resto de su vida. La familia de las víctimas agradeció a la fiscalía general el cierre, aunque lamentó haber esperado 35 años.

En Indiana, Jeffrey Weisheit, de 50 años, fue declarado muerto a las 12:45 a.m. en la prisión de Michigan City, según la portavoz Noelle Russell. No dijo últimas palabras. Había admitido matar a los dos hijos de su novia, Alyssa Lynch y su hermano Caleb, en un incendio cerca de Evansville en 2010. Esperaba clemencia del gobernador Mike Braun, quien no se la concedió. El fiscal general Todd Rokita habló de justicia largamente esperada.

El mismo día, el gobernador de California, Gavin Newsom, anunció que conmutará las 548 condenas a muerte del estado, al considerar las ejecuciones incompatibles con los valores californianos. Ivey respondió que California puede dejar escapar a sus criminales, pero Alabama no. Que tres estados programen ejecuciones el mismo día es raro: ocurre por segunda vez desde agosto, y antes de este año fue en 2010.