Florida exige pruebas en inglés para licencia de conducir, afectando a millones de hispanohablantes

A partir del viernes 6 de febrero, Florida cambió las reglas para obtener una licencia de conducir. Todos los exámenes —de conocimiento, de habilidades, incluso los que se administran oralmente— ahora se realizan exclusivamente en inglés. No hay excepciones por clasificación de licencia, ya sea para conductores particulares o comerciales. Tampoco hay traducción. Las pruebas impresas en otros idiomas desaparecieron. El Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida anunció el cambio en un comunicado oficial, dejando claro que la política anterior, que ofrecía exámenes en varios idiomas para la mayoría de las licencias no comerciales, había terminado.

Esta decisión llega a un estado donde casi tres de cada diez habitantes son de origen latino o hispano. Florida tiene más de 22 millones de personas de cinco años o más, y aproximadamente 6,3 millones de ellas son latinas o hispanas, según el Censo de Estados Unidos actualizado a 2024. Pero el número de personas que hablan español en casa y tienen dificultades con el inglés es mucho más específico y más preocupante: más de 3 millones de residentes de Florida reconocen hablar menos que "muy bien" el inglés mientras usan otros idiomas en el hogar. De esos 3 millones, aproximadamente 2,3 millones hablan español. Esto significa que una de cada diez personas en todo el estado enfrenta una barrera de idioma real.

Entre la población latina de Florida que habla español en casa, el panorama es aún más claro. Aproximadamente tres de cada diez personas de origen latino o hispano tienen poco o ningún conocimiento del inglés. Para ellos, la nueva política no es simplemente un inconveniente administrativo; es una exclusión práctica del proceso de obtener una licencia de conducir. No pueden presentarse al examen. No pueden usar un intérprete. No hay alternativa.

Angelica Sedgwick Oun, investigadora sénior sobre derechos de inmigrantes en Estados Unidos para Human Rights Watch, explicó a CNN que la medida afecta principalmente a miembros de la comunidad inmigrante que tienen documentos legales o son ciudadanos naturalizados. Florida no expide licencias a personas indocumentadas, así que los excluidos por esta política son precisamente aquellos que tienen estatus legal. Sedgwick Oun señaló que la decisión de eliminar exámenes en español y creole haitiano —idiomas que reflejan la comunidad inmigrante vibrante del estado— reduce la capacidad de estas personas para ejercer derechos humanos fundamentales.

La consecuencia laboral es inmediata y tangible. Según el Censo de 2024, Florida tiene poco más de 11 millones de trabajadores de 16 años o más. De ese total, aproximadamente 1,3 millones hablan español y no tienen un nivel alto de inglés. Uno de cada diez trabajadores en el estado cae en esta categoría. De estos trabajadores, el 66 por ciento conduce sin acompañantes para llegar al trabajo, mientras que el 18 por ciento comparte auto con otras personas. Sin una licencia de conducir válida, estos trabajadores enfrentan un dilema: no pueden conducir legalmente, pero muchos dependen del transporte personal para llegar a sus empleos.

Este cambio de política ocurre en un contexto de intensificación de las acciones federales de inmigración. Los trabajadores de origen latino han sido blanco de operaciones que han alcanzado tanto a inmigrantes indocumentados como a ciudadanos estadounidenses cuya única "falta" fue hablar inglés con un acento diferente. Para muchos inmigrantes, trasladarse al trabajo se ha convertido en una actividad de riesgo que podría resultar en una detención. Una licencia de conducir válida es una protección, una forma de legitimidad en la carretera. Sin ella, el viaje diario al trabajo se convierte en algo más peligroso.

La política de Florida no es neutral. Aunque se presenta como un requisito de idioma, funciona como una barrera que afecta desproporcionadamente a una población específica: los hispanohablantes con dificultades en inglés, muchos de los cuales son trabajadores inmigrantes legales que sostienen sectores enteros de la economía del estado. La medida reduce opciones precisamente para quienes menos pueden permitirse perderlas.