FLIP alerta sobre retiro de protección a familia de periodista asesinado Cristian Herrera

Dos meses después de que Cristian Herrera fuera asesinado en las calles de Cúcuta, la Fundación para la Libertad de Prensa encendió las alarmas sobre lo que podría suceder a continuación: el retiro de la protección que mantiene viva a su familia. El periodista judicial, conocido en la región por años de trabajo en el diario La Opinión cubriendo crimen y orden público, fue ejecutado el 6 de junio. Desde entonces, su esposa e hija han vivido bajo un esquema de seguridad que la Unidad Nacional de Protección ahora considera desmantelar.

La FLIP denunció que la UNP informó a la viuda de Herrera el 11 de junio sobre el inicio de una evaluación de riesgo de emergencia para ella y su hija. Estos procedimientos acelerados suponen, en teoría, respuestas más rápidas. Pero dos meses después, el trámite sigue en curso. Mientras tanto, las medidas de protección que resguardaban al periodista antes de su muerte permanecen como la única barrera real entre la familia y un riesgo que nadie ha terminado de evaluar.

La organización defensora de la prensa fue clara en su advertencia: desmontar esas medidas en estas circunstancias es inadmisible. Pidió a la UNP no solo que acelere la evaluación, sino que lleve el caso ante el Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas. El argumento es simple pero grave: el peligro que enfrentaba Herrera no desapareció con su muerte. Podría, de hecho, haberse extendido a quienes lo rodeaban. Retirar la protección ahora, mientras eso se determina, sería exponerlos innecesariamente.

Lo que Herrera investigaba cuando lo mataron añade peso a esa preocupación. Caracol Radio reveló que las autoridades tienen en su poder apuntes y grabaciones de fuentes que el periodista recopiló para una investigación que nunca llegó a publicar. El trabajo trataba sobre homicidios en Norte de Santander, el mismo territorio donde fue asesinado. No está claro si su muerte está conectada a esas pesquisas, pero la coincidencia es imposible de ignorar. Herrera no era un reportero cualquiera: fue corresponsal de la FLIP en la región y formaba parte de su Consejo Directivo. Su trabajo lo había puesto en la mira de alguien.

Ahora, mientras la investigación sobre su asesinato avanza sin claridad pública, su familia espera. La FLIP insiste en que las autoridades tomen decisiones rápidas y definitivas sobre las medidas que necesitan para estar seguras. Pero el reloj sigue corriendo, y el procedimiento de evaluación que debería haber tomado semanas sigue sin resolverse después de ocho. La pregunta que flota sobre todo esto es si la burocracia de la protección llegará a tiempo, o si la familia de un hombre que murió por informar terminará pagando el precio de la lentitud.