Fiscalía: Venezuela nunca pidió inmunidad para Maduro ante justicia estadounidense

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores están detenidos en Nueva York enfrentando cargos de narcoterrorismo y otros delitos graves en una corte federal. Lo que parecería un caso de rutina en el sistema judicial estadounidense se ha convertido en un campo de batalla diplomático donde la defensa intenta argumentar que ambos deben ser tratados como jefes de Estado y, por lo tanto, gozar de inmunidad frente a la justicia. Pero la Fiscalía acaba de presentar un argumento que debilita significativamente esa estrategia: Venezuela nunca ha pedido formalmente que se les otorgue esa protección.

El 2 de octubre, fiscales federales presentaron un memorando en el que afirman explícitamente que "hasta la fecha, Venezuela no ha alegado que Maduro Moros o Flores de Maduro gocen de inmunidad frente a acciones judicales en este caso o en cualquier otro procedimiento actualmente en curso en los Estados Unidos". El fiscal James M. McDonald argumenta que este silencio es devastador para la defensa. Si el Gobierno venezolano realmente consideraba a Maduro como presidente legítimo con derechos de jefe de Estado, ¿por qué no ha presentado una solicitud formal de inmunidad ante los tribunales estadounidenses, como lo hace cualquier nación cuando uno de sus líderes enfrenta cargos en el extranjero?

La pregunta adquiere aún más peso cuando se examina lo que Venezuela sí ha hecho. El Gobierno interino de Caracas, encabezado por Delcy Rodríguez, presentó una nota diplomática formal el 14 de mayo de 2026 solicitando que Estados Unidos otorgara inmunidad a Rodríguez en una demanda civil en Miami. Esa demanda había resultado en una sentencia de 314 millones de dólares a favor de tres ciudadanos estadounidenses que fueron detenidos y torturados en Venezuela. La Casa Blanca aceptó la solicitud el 20 de julio, reconociendo a Rodríguez como jefa de Estado y protegiéndola de la demanda. El contraste es claro: cuando Venezuela quiso proteger a alguien del sistema judicial estadounidense, supo exactamente cómo hacerlo y lo hizo.

La historia de Rodríguez ilustra también la complejidad política subyacente. En marzo de 2026, el Gobierno de Donald Trump reconoció formalmente a Rodríguez como la líder legítima de Venezuela. Un mes después, en abril, levantó las sanciones que el Departamento del Tesoro mantenía contra ella, abriendo la puerta a relaciones comerciales entre ambas administraciones. Rodríguez, quien fue vicepresidenta bajo Maduro, ahora es reconocida por Washington como su sucesora en el poder. Es la presidenta interina que el Gobierno estadounidense considera legítima.

Maduro, por su parte, perdió ese reconocimiento hace años. En enero de 2019, cuando se juramentó para un nuevo mandato de seis años tras unas elecciones que el Departamento de Estado y más de 50 naciones calificaron de fraudulentas, Estados Unidos dejó de considerarlo presidente válido. Desde entonces, Washington ha mantenido esa posición. Los abogados de Maduro y Flores han insistido desde el primer día en que ambos deben ser tratados como jefes de Estado, invocando el mismo estatus que Rodríguez ahora disfruta. Pero la Fiscalía sostiene que esa comparación no es válida: Rodríguez es reconocida por Washington como la líder legítima; Maduro no lo es.

El silencio de Venezuela en los tribunales estadounidenses es, según los fiscales, una admisión tácita de que la posición de Maduro es insostenible. Si Venezuela realmente creyera que Maduro tiene derecho a inmunidad como jefe de Estado, habría presentado una solicitud formal. El hecho de que no lo haya hecho, mientras sí lo hizo para proteger a Rodríguez, sugiere que incluso el Gobierno interino de Caracas reconoce implícitamente que Maduro no puede reclamar ese estatus ante los tribunales estadounidenses.

Una audiencia programada para el 17 de noviembre debatirá la solicitud de "inmunidad por soberanía" que presentó la defensa de Maduro y Flores. Para entonces, el silencio de Venezuela habrá estado en el expediente judicial durante semanas, pesando sobre cada argumento que la defensa intente presentar. Los fiscales han dejado clara su posición: si Venezuela no ha pedido inmunidad para Maduro, la corte federal tampoco debería otorgarla.