En los pasillos del Tribunal Supremo, una disputa jurídica sobre el censo electoral de los nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática plantea una de las tensiones más antiguas de la democracia: quién pertenece al demos y quién decide quién vota. Vox e Iustitia Europa piden paralizar la inscripción de más de 300.000 nuevos ciudadanos españoles, mientras la Fiscalía y la Abogacía del Estado advierten que hacerlo equivaldría a suspender colectivamente un derecho fundamental. El Supremo deberá ponderar si la cautela institucional justifica privar del sufragio a quienes ya ostentan la naciona
Fiscalía se opone en el Supremo a suspender el censo de nacionalizados por ley de nietos
La suspensión del censo privaría del derecho al voto a cientos de miles de nuevos ciudadanos españoles nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática.