En los pasillos del Tribunal Supremo, una disputa jurídica sobre el censo electoral de los nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática plantea una de las tensiones más antiguas de la democracia: quién pertenece al demos y quién decide quién vota. Vox e Iustitia Europa piden paralizar la inscripción de más de 300.000 nuevos ciudadanos españoles, mientras la Fiscalía y la Abogacía del Estado advierten que hacerlo equivaldría a suspender colectivamente un derecho fundamental. El Supremo deberá ponderar si la cautela institucional justifica privar del sufragio a quienes ya ostentan la naciona
Fiscalía se opone en el Supremo a suspender el censo de nacionalizados por ley de nietos
La suspensión del censo privaría del derecho al voto a cientos de miles de nuevos ciudadanos españoles nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática.
El derecho de sufragio es fundamental y no puede suspenderse colectivamente
Mark
¿Por qué dos partidos políticos quieren detener que estas personas voten? ¿Cuál es su argumento real?
Mimi
Dicen que el Censo de Residentes Ausentes está creciendo de forma anómala y que eso constituye fraude electoral. Pero la Fiscalía sostiene que lo que realmente quieren es sabotear la ley de nietos en sí.
Luke
Espera. ¿El crecimiento del CERA se debe solo a la ley de nietos o también a otras nacionalizaciones? Porque Buxadé menciona 403.466 nuevos inscritos desde 2023, pero el texto dice que ese aumento no se debe solo a esta ley.
Mimi
Exacto. Es un punto importante. El crecimiento es real, pero no es exclusivamente por la ley de nietos. Otros procesos de nacionalización también contribuyen.
Mark
¿Y cuántas personas estamos hablando que quedarían sin voto si se suspende?
Mimi
De las 544.722 solicitudes aprobadas, 306.000 ya están inscritas. Pero hay 1,2 millones que presentaron solicitud oficialmente. Si se suspende, todos ellos perderían el derecho a votar.
Luke
Pero ¿está confirmado que todos esos 1,2 millones serían aprobados? El texto dice que 544.722 fueron aprobadas hasta marzo. No sabemos la tasa de rechazo.
Mimi
Tienes razón. Solo podemos hablar con certeza de los 306.000 ya inscritos. El resto está en proceso.
Mark
¿Qué dice la ley sobre cuándo se puede suspender el derecho al voto?
Mimi
La abogada del Estado fue clara: solo puede suspenderse por una sentencia penal firme. Esto sería una suspensión colectiva sin condena penal, lo que violaría la Constitución.
Luke
¿Y el Supremo tiene que decidir esto en 116 días antes de que se cierre el censo?
Mimi
Sí. Ese es el argumento de Pardo. Si el Supremo tarda más, la sentencia llegará cuando ya no importe para las elecciones de 2027.
Mark
Entonces, ¿cuál es el riesgo real que ve Iustitia Europa?
Mimi
Que miles de personas voten en municipios donde el CERA representa el 50 por ciento o más del electorado. Dicen que eso distorsiona la representación local.
Luke
Pero eso es un argumento sobre política electoral, no sobre fraude. Fraude sería que voten personas que no tienen derecho. ¿Hay evidencia de eso?
O Pulso
- Vox e Iustitia Europa denuncian un fraude electoral masivo en el CERA y piden al Supremo que congele la inscripción de cientos de miles de nuevos españoles antes de que el censo se cierre el 1 de enero.
- Los números alimentan la alarma: 544.722 nacionalizaciones aprobadas, 306.000 ya en el registro electoral, y 162 municipios donde los votantes del exterior igualan o superan a los residentes en España.
- La Fiscalía y la Abogacía del Estado contraatacan con un argumento constitucional: el derecho al voto solo puede suspenderse mediante sentencia penal firme, no por medida cautelar en un litigio administrativo.
- El letrado de las Cortes recuerda que la inscripción en el censo es obligatoria para todo español mayor de 18 años, sin importar cómo obtuvo la nacionalidad, lo que convierte la petición de suspensión en un precedente sin parangón.
- El reloj corre: si el Supremo no actúa antes del 1 de enero, cualquier sentencia posterior llegará demasiado tarde para las elecciones autonómicas y municipales de 2027, lo que convierte esta semana en un momento decisivo.
En los pasillos del Tribunal Supremo, una disputa jurídica sobre el censo electoral de los nacionalizados por la Ley de Memoria Democrática plantea una de las tensiones más antiguas de la democracia: quién pertenece al demos y quién decide quién vota. Vox e Iustitia Europa piden paralizar la inscripción de más de 300.000 nuevos ciudadanos españoles, mientras la Fiscalía y la Abogacía del Estado advierten que hacerlo equivaldría a suspender colectivamente un derecho fundamental. El Supremo deberá ponderar si la cautela institucional justifica privar del sufragio a quienes ya ostentan la nacionalidad, o si la integridad del censo exige una pausa que el calendario electoral hace cada vez más urgente.
En la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo se celebraron esta semana dos vistas consecutivas que pusieron frente a frente a la Fiscalía y la Abogacía del Estado, por un lado, y a Vox e Iustitia Europa, por el otro. El objeto del debate: si debe paralizarse la inscripción electoral de los beneficiarios de la Ley de Memoria Democrática —la llamada ley de nietos—, que permite a descendientes de exiliados y emigrantes acceder a la nacionalidad española.
El eurodiputado de Vox Jorge Buxadé calificó el crecimiento del Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) de anómalo e ilegal, y advirtió que sin una medida cautelar inmediata el fraude electoral sería irreversible. Luis Pardo, de Iustitia Europa, añadió el factor tiempo: el censo para las elecciones de 2027 se cierra el 1 de enero, en apenas 116 días. Los datos que manejan son contundentes: 544.722 solicitudes aprobadas, 306.000 ya inscritas, y 558 municipios donde los electores del exterior representan al menos la mitad del padrón local.
La Fiscalía y la Abogacía del Estado rechazaron de plano la petición. Argumentaron que lo que persiguen realmente los recurrentes es bloquear la ley de nietos por vía procesal, y que el verdadero daño irreparable sería privar del voto a cientos de miles de ciudadanos que ya son españoles de pleno derecho. La abogada del Estado subrayó que la Ley Orgánica del Régimen Electoral obliga a inscribir en el censo a todo español mayor de 18 años, y que ese derecho únicamente puede suspenderse mediante sentencia penal firme, no por una cautelar administrativa.
El representante de la Junta Electoral Central rechazó las acusaciones de pasividad, señalando que el organismo ha pedido más información al Instituto Nacional de Estadística y trabaja en instrucciones para clarificar criterios pendientes, como el municipio de adscripción de cada elector del CERA. Para este letrado, el recurso es prematuro. El Supremo tiene ahora en sus manos decidir si la preocupación por la integridad del censo puede justificar la suspensión colectiva de un derecho político fundamental.
En la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo, dos vistas consecutivas enfrentaron esta semana a la Fiscalía, la Abogacía del Estado y los representantes de las Cortes contra los argumentos de Vox e Iustitia Europa. En juego: si debe suspenderse la inscripción electoral de cientos de miles de personas que han obtenido la nacionalidad española a través de la Ley de Memoria Democrática, conocida como ley de nietos, que permite a descendientes de exiliados y emigrantes acceder a la ciudadanía.
Vox e Iustitia Europa presentaron un recurso contra un acuerdo de julio de la Junta Electoral Central en el que solicitaban, como medida cautelar, la paralización de esa inscripción en el censo. El eurodiputado de Vox Jorge Buxadé advirtió a los jueces que de no accederse a la petición, el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) continuaría creciendo de forma que calificó como anómala e ilegal, constituyendo lo que describió como un fraude electoral masivo. Luis Pardo, presidente de Iustitia Europa, enfatizó la urgencia del asunto: el censo para las elecciones autonómicas y municipales de 2027 se cerrará el 1 de enero, en 116 días, momento a partir del cual cualquier sentencia del Supremo podría llegar demasiado tarde para tener efecto práctico.
Los números que sustentan el debate son significativos. Según datos del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática difundidos a finales de junio, hasta el 31 de marzo de este año 2,4 millones de personas habían solicitado cita en consulados para presentar su solicitud de nacionalidad bajo esta ley. De esas, 1,2 millones se presentaron oficialmente en las oficinas consulares y 544.722 solicitudes fueron aprobadas. De las aprobadas, 306.000 ya están inscritas en el registro electoral. Buxadé añadió que el censo de residentes en el exterior se ha incrementado en más de 29.000 personas en los últimos dos meses y en 403.466 desde 2023. Pardo señaló que existen 162 municipios donde los electores del CERA igualan o superan el número de residentes en España, y 558 donde alcanzan al menos el 50 por ciento del total.
La Fiscalía y la Abogacía del Estado argumentaron que lo que realmente persiguen los partidos de ultraderecha es torpedear la ley de nietos mediante esta impugnación. Ambas instituciones rechazaron que la suspensión de la inscripción electoral causara los perjuicios irreparables que la ley exige para conceder medidas cautelares. Por el contrario, sostuvieron que el daño irreversible sería precisamente lo opuesto: privar del derecho fundamental al voto a cientos de miles de nuevos ciudadanos españoles. El letrado de las Cortes, que representa al Instituto Nacional de Estadística, recordó que el derecho de sufragio es fundamental y no puede suspenderse de forma colectiva. La abogada del Estado añadió que la Ley Orgánica del Régimen Electoral establece que la inscripción en el censo es obligatoria para todos los españoles mayores de 18 años, sin distinción según la vía de acceso a la nacionalidad, y que ese derecho solo puede ser suspendido por una sentencia penal firme.
El representante de la Junta Electoral Central negó haber incurrido en la abdicación de responsabilidades de la que lo acusaban los dos partidos ultras. Señaló que el órgano ha solicitado más información a la Oficina del Censo Electoral sobre la actualización del CERA y ha pedido la elaboración de instrucciones sobre aspectos que permanecen sin claridad, como el criterio para determinar en qué municipio se inscribe a cada elector del CERA. Para este letrado, el recurso en el Supremo es prematuro.
La decisión del Tribunal Supremo determinará si prevalece la preocupación por la integridad del censo electoral o el derecho fundamental de voto de los nuevos nacionalizados. El fallo también establecerá si las medidas cautelares pueden utilizarse para bloquear derechos políticos fundamentales mientras se resuelven cuestiones administrativas de fondo.
Citações Notáveis
El derecho de sufragio es un derecho fundamental y no puede suspenderse de forma colectiva— Letrado de las Cortes, representante del Instituto Nacional de Estadística
Se habrá contribuido a un gigantesco y masivo fraude— Jorge Buxadé, eurodiputado de Vox
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