El país está atravesando un momento político muy delicado y la polarización está exacerbada
En un país donde la polarización política y la violencia siguen siendo sombras persistentes, el representante caldense Santiago Osorio Marín enfrenta amenazas de muerte recibidas por redes sociales, presuntamente vinculadas a su labor legislativa en favor de la paz y su respaldo a figuras de la izquierda. La Fiscalía especializada ha elevado una solicitud formal de refuerzo de seguridad a la Unidad Nacional de Protección, reconociendo la gravedad de los hechos. Sin embargo, las autoridades locales de Manizales sostienen que no existe variación verificada en el nivel de riesgo, dejando la situación suspendida entre la urgencia institucional y la incertidumbre territorial.
- Durante tres semanas, el congresista ha recibido mensajes con fotografías de armas y alusiones a un posible atentado, lo que ha puesto en alerta a su entorno familiar y político.
- La Fiscalía 223 Especializada actuó con un documento oficial el 4 de junio, calificando las amenazas como 'de la mayor gravedad' y pidiendo protección no solo para el representante sino para quienes lo rodean.
- Osorio Marín asegura haber entregado un informe de diecinueve páginas con capturas de pantalla, aunque no presentó pruebas directas al medio de comunicación que lo consultó.
- Lo que el congresista describió como un consejo de seguridad en su favor resultó ser, según el secretario del Interior de Manizales, una reunión ordinaria de coordinación preelectoral sin relación directa con su caso.
- Las autoridades locales no han recibido notificación formal de riesgo y señalan que la verificación y la decisión final recaen en la Policía y la Fiscalía, dejando el caso en un limbo institucional.
Santiago Osorio Marín, representante a la Cámara por Caldas en la coalición Alianza Verde-Pacto Histórico, lleva tres semanas recibiendo amenazas de muerte a través de redes sociales. Los mensajes, que incluyen fotografías de armas de fuego, los atribuye a su trabajo en la comisión primera del Congreso en temas de paz y a su apoyo a la campaña presidencial de Iván Cepeda en la región.
La situación motivó que la Fiscalía 223 Especializada del Grupo Nacional de Trabajo de Amenazas enviara un documento oficial a la Unidad Nacional de Protección el 4 de junio de 2026, solicitando el reforzamiento de las medidas de seguridad. El escrito describe los hechos como de extrema gravedad y señala que las amenazas alcanzan también a la familia y el círculo cercano del congresista. Osorio Marín afirma haber radicado ante la Fiscalía un informe de diecinueve páginas con capturas de pantalla de los mensajes, aunque no compartió esas pruebas con el medio que lo consultó.
El viernes 19 de junio, el representante mencionó la realización de un consejo de seguridad en Manizales relacionado con su caso. Sin embargo, Mauricio Gaitán, secretario del Interior de la ciudad, aclaró que la reunión fue un comité de coordinación preelectoral ordinario, previo a la segunda vuelta presidencial del 21 de junio, y que no tenía vínculo directo con la seguridad del congresista.
Gaitán añadió que las autoridades locales no han recibido ninguna notificación formal a través de un comité de garantías electorales ni denuncia oficial que acredite un riesgo real para Osorio Marín. Según las instancias municipales, el nivel de amenaza del representante no ha variado, y la responsabilidad de verificar la información y determinar si las amenazas justifican medidas adicionales recae en la Policía y la Fiscalía.
Santiago Osorio Marín, representante a la Cámara por Caldas en la coalición Alianza Verde-Pacto Histórico, ha estado recibiendo amenazas de muerte a través de redes sociales durante las últimas tres semanas. Algunas de estas amenazas incluyen fotografías de armas de fuego, acompañadas de mensajes que sugieren un posible atentado contra su vida. El congresista atribuye estas intimidaciones a su trabajo en materia de paz dentro de la comisión primera del Congreso y a su apoyo a la campaña presidencial de Iván Cepeda en la región.
La gravedad de la situación llevó a que Julio Alberto Torres Carmona, asistente de la Fiscalía 223 Especializada del Grupo Nacional de Trabajo de Amenazas, presentara un documento oficial dirigido a la Unidad Nacional de Protección el 4 de junio de 2026. En ese escrito, Torres Carmona solicitó el reforzamiento de las medidas de seguridad para Osorio Marín, argumentando que las amenazas no solo van dirigidas contra el congresista, sino también contra su familia y su círculo cercano. El documento describe los hechos como "de la mayor gravedad" y menciona que las amenazas han llegado a la Fiscalía a través de múltiples fuentes.
Cuando se le preguntó al representante sobre los detalles específicos de las amenazas, indicó que ha recibido "posibles hostigamientos o posibilidad de atentado" además de las amenazas directas en redes sociales. Aseguró que ha presentado un informe de diecinueve páginas ante la Fiscalía que contiene capturas de pantalla de todos los mensajes amenazantes. Sin embargo, cuando se le solicitó que compartiera alguna de estas pruebas con el medio de comunicación, no las envió. Osorio Marín contextualizó las amenazas dentro de lo que él percibe como un momento político delicado en el país, donde la polarización y la violencia se encuentran en niveles elevados entre la ciudadanía.
El viernes 19 de junio, el tema fue abordado en un consejo de seguridad en el que participaron la Secretaría del Interior de Manizales, la Personería Municipal y delegados de la Policía Metropolitana. Sin embargo, cuando se verificó esta información con Mauricio Gaitán, secretario del Interior de Manizales, su versión de los hechos difería. Gaitán explicó que lo que realmente ocurrió fue un comité de coordinación previo a la segunda vuelta presidencial que se realizaría el domingo 21 de junio, no una reunión específica sobre la seguridad del congresista.
Más significativo aún es que Gaitán afirmó que hasta ese momento no habían recibido notificación oficial alguna a través de un comité de garantías electorales o una denuncia formal que indicara que la vida de Osorio Marín estuviera en riesgo. Al consultar con las autoridades locales sobre el nivel de amenaza, estas indicaron que no hay variación en el nivel de riesgo del representante. El secretario concluyó que corresponde a la Policía y la Fiscalía verificar la información y determinar si las amenazas constituyen un peligro real que justifique el reforzamiento de seguridad solicitado por la Fiscalía especializada.
Notable Quotes
He recibido diferentes amenazas de muerte en redes sociales, incluso con fotos del fusil con el que nos harían el presunto atentado— Santiago Osorio Marín, representante a la Cámara
No hay ningún tipo de variación en el nivel de riesgo. Será la Policía y la Fiscalía la que tiene que verificar— Mauricio Gaitán, secretario del Interior de Manizales
The Hearth Conversation Another angle on the story
¿Por qué la Fiscalía pide reforzar la seguridad si las autoridades locales dicen que no hay riesgo?
Porque la Fiscalía recibió información de múltiples fuentes sobre amenazas de muerte específicas, incluyendo fotos de armas. Las autoridades locales simplemente dicen que no han visto variación en el nivel de riesgo, pero eso no significa que las amenazas no existan.
¿El congresista mostró pruebas de estas amenazas?
Dice que presentó un informe de diecinueve páginas a la Fiscalía con capturas de pantalla, pero cuando se le pidió que compartiera una con el medio de comunicación, no lo hizo. Eso genera una brecha entre lo que afirma y lo que puede verificarse públicamente.
¿Qué explica la diferencia entre lo que dice Osorio y lo que dice el secretario del Interior?
El secretario dice que la reunión del viernes fue sobre coordinación electoral, no sobre seguridad del congresista. Y que no han recibido notificación oficial de que su vida esté en riesgo. Sugiere que hay desconexión entre lo que el congresista está comunicando y lo que las autoridades locales están registrando.
¿Cuál es el contexto político aquí?
Osorio vincula las amenazas a su trabajo en paz y su apoyo a Iván Cepeda. Menciona que el país está polarizado. Eso importa porque sugiere que las amenazas podrían ser motivadas políticamente, lo que haría más creíble la solicitud de protección.
¿Quién tiene la responsabilidad final de verificar si hay riesgo real?
El secretario del Interior dejó claro que eso corresponde a la Policía y la Fiscalía. Las autoridades locales no están negando que las amenazas existan; están diciendo que no tienen información que indique un cambio en el nivel de riesgo.