Hay historias que parecen pertenecer solo a los expedientes, pero que en realidad revelan cómo el poder local puede convertirse en un engranaje de favores. En San Martín, la Fiscalía sostiene que un ex gobernador regional habría encabezado una red que dirigía licitaciones públicas por más de 300 millones de soles a cambio de coimas de hasta el 25 % del monto adjudicado. Ahora la decisión sobre si ese proceso avanza con prisión preventiva queda en manos del juez, mientras las acusaciones siguen siendo solo eso: versiones que deberán sostenerse ante la justicia.
Fiscalía pide 36 meses de prisión preventiva contra ex gobernador de San Martín por presunto direccionamiento de licitaciones
Coimas que podían llegar al 25% del monto adjudicado
Empecemos por lo básico: ¿qué se pidió exactamente?
La Fiscalía solicitó 36 meses de prisión preventiva para Pedro Bogarín Vargas, ex gobernador de San Martín, y también para otros nueve funcionarios, entre ellos su hijo.
¿Qué lo hace grave? ¿De qué monto hablamos?
Se habla de licitaciones direccionadas por más de 300 millones de soles, con coimas que podían llegar al 25% del monto adjudicado.
Aclaremos: esas cifras son la tesis de la Fiscalía y de las primeras investigaciones. No hay una sentencia que las confirme.
¿Qué papel se le atribuye al hijo?
Iván Antonio Bogarín Urmachea habría dirigido las acciones de la organización por encargo de su padre, a quien llamaban “el doctor”.
Y eso también es una atribución. El texto no recoge todavía la versión de la defensa.
¿Cómo llegaron las coimas, según la acusación?
A través de funcionarios de la Gerencia Regional de Infraestructura, la Oficina de Administración y la Dirección Regional de Caminos.
¿Hubo algo concreto antes de la audiencia?
Sí, el 21 de diciembre de 2022 hubo allanamientos y detenciones preliminares en San Martín, Arequipa, Loreto y Lima, y se hallaron documentos en las oficinas regionales.
Lo que no sabemos es qué contienen esos documentos ni cuándo resolverá el juez; solo se dice que será en los próximos días.
Le Pouls
- La Fiscalía pide 36 meses de prisión preventiva contra el ex gobernador Pedro Bogarín Vargas, señalado como cabecilla de una red que manipulaba licitaciones.
- Las coimas, según la acusación, podían alcanzar el 25 % de cada contrato adjudicado, un monto que sacude la confianza en las obras públicas de la región.
- El pedido se extiende a nueve funcionarios más, entre ellos el hijo del ex gobernador, a quien se atribuye la conducción operativa del esquema.
- Tras el operativo de allanamiento y detenciones preliminares del 21 de diciembre de 2022, el juez Richard Concepción Carhuancho deberá decidir en los próximos días si acoge el pedido.
Hay historias que parecen pertenecer solo a los expedientes, pero que en realidad revelan cómo el poder local puede convertirse en un engranaje de favores. En San Martín, la Fiscalía sostiene que un ex gobernador regional habría encabezado una red que dirigía licitaciones públicas por más de 300 millones de soles a cambio de coimas de hasta el 25 % del monto adjudicado. Ahora la decisión sobre si ese proceso avanza con prisión preventiva queda en manos del juez, mientras las acusaciones siguen siendo solo eso: versiones que deberán sostenerse ante la justicia.
El Ministerio Público pidió 36 meses de prisión preventiva contra Pedro Bogarín Vargas, ex gobernador regional de San Martín. La Fiscalía lo acusa de ser el cabecilla de una organización dedicada a direccionar licitaciones, en una audiencia ante el juez Richard Concepción Carhuancho, quien resolverá en los próximos días.
Según la acusación, los procesos manipulados superan los 300 millones de soles y habrían beneficiado a empresas afines a los funcionarios. Las coimas, que podían llegar al 25 % del monto adjudicado, se pagaban por intermedio de áreas como la Gerencia Regional de Infraestructura, la Oficina de Administración y la Dirección Regional de Caminos. En el entorno de la red, Bogarín Vargas era conocido como “el doctor”.
La Fiscalía también pide prisión para otros nueve funcionarios, entre ellos su hijo, Iván Antonio Bogarín Urmachea, a quien se atribuye la dirección de las acciones por encargo de su padre. Se les imputan los delitos de organización criminal, colusión agravada y contra la tranquilidad pública.
El caso se hizo visible el 21 de diciembre de 2022, cuando un operativo con la Policía Nacional allanó y detuvo preliminarmente en San Martín, Arequipa, Loreto y Lima. Ahora el juez escuchará a las partes. Hasta entonces, todo lo señalado son imputaciones del Ministerio Público.
El Ministerio Público pidió 36 meses de prisión preventiva contra Pedro Bogarín Vargas, ex gobernador regional de San Martín, a quien acusa de ser el cabecilla de una organización criminal dedicada a direccionar licitaciones. La audiencia se realiza ante el juez de investigación preparatoria nacional Richard Concepción Carhuancho, que decidirá en los próximos días si acoge o no el pedido.
Según la Fiscalía, los procesos de selección manipulados superan los 300 millones de soles y habrían favorecido a empresas afines a los funcionarios. La imputación abarca obras, bienes, servicios y consultorías convocados por el Gobierno Regional de San Martín.
Las primeras investigaciones indican que el esquema funcionaba a cambio de coimas, que podían llegar al 25% del monto adjudicado. De acuerdo con la acusación, Bogarín Vargas, a quien en el entorno de la red se conocía como “el doctor”, recibía esos pagos por intermedio de funcionarios de la Gerencia Regional de Infraestructura, la Oficina de Administración y la Dirección Regional de Caminos.
La Fiscalía no pide prisión solo para el ex gobernador. Solicita la medida también contra otros nueve funcionarios. Entre ellos figura su hijo, Iván Antonio Bogarín Urmachea, quien habría dirigido las acciones de la organización por encargo de su padre.
El Ministerio Público sostiene que la presunta red estaba integrada por funcionarios del Gobierno Regional de San Martín y por personas particulares. Les atribuye los delitos contra la tranquilidad pública, organización criminal y colusión agravada, esta última un delito contra la administración pública.
El caso dio un paso visible el 21 de diciembre de 2022, cuando la Fiscalía, con apoyo de la Policía Nacional, ejecutó un operativo de allanamiento y detención preliminar en San Martín, Arequipa, Loreto y Lima. En las oficinas del Gobierno Regional de San Martín se hallaron documentos, bienes y objetos vinculados con la investigación contra funcionarios de la región y empresarios relacionados con el caso.
Ahora el turno es del juez Concepción Carhuancho, quien continúa con las audiencias. Tras escuchar a la Fiscalía y a los abogados de los investigados, resolverá si ordena la prisión preventiva. Hasta entonces, las imputaciones siguen siendo acusaciones del Ministerio Público.
Citations marquantes
La Fiscalía sostiene que Bogarín Vargas es cabecilla de una organización que direccionaba licitaciones a cambio de coimas de hasta el 25% del monto adjudicado.— Ministerio Público