En La Pampa, el juego virtual ha cruzado el umbral del hogar y llegado a los teléfonos de los adolescentes, mientras el Estado mantenía cerrado el contrato que regula ese negocio. La Fiscalía de Investigaciones Administrativas falló a favor del diputado Julián Angelucci, determinando que los términos de la concesión con Casino Club y sus datos financieros son información pública, no patrimonio privado protegido. Es una disputa sobre transparencia, pero también sobre quién vigila cuando el juego ya no tiene puerta de entrada ni horario de cierre.
Fiscalía ordena al Gobierno entregar contrato de Casino Club tras fallo a favor de Angelucci
Más del 20% de estudiantes secundarios ya realizan apuestas virtuales, evidenciando impacto en población vulnerable y preocupaciones sobre ludopatía.
El juego se metió en todas las casas a través de pantallas
Mark
¿Por qué un legislador necesitaba ir a la Fiscalía para obtener un contrato? ¿No debería ser público de entrada?
Mimi
Debería serlo, pero el Gobierno argumentó que revelar los términos comerciales y las ganancias dañaría los intereses de la empresa privada. La Fiscalía rechazó ese argumento.
Luke
¿Y qué tan sólido es ese rechazo? ¿La Fiscalía tiene poder para obligar al Gobierno a entregar esto, o es solo una recomendación?
Mimi
Es una orden formal, una intimación. Pero sí, queda por verse si el Gobierno obedece o si esto va a los tribunales.
Mark
Los números son enormes. Cincuenta mil millones de pesos al año. ¿Cuánto de eso va a la provincia?
Mimi
No sabemos. Eso es exactamente lo que Angelucci quiere que se haga público. El contrato debería especificar el porcentaje o la fórmula.
Luke
¿Y ese dato del 20 por ciento de estudiantes secundarios apostando? ¿De dónde viene? ¿Es un estudio formal o una estimación?
Mimi
Angelucci lo menciona como "datos que han circulado", así que no está claro si es de una encuesta oficial o de observaciones en el terreno.
Mark
Entonces lo que está en juego aquí es tanto la transparencia fiscal como la protección de menores.
Mimi
Exactamente. Sin ver el contrato, nadie puede verificar si Casino Club está cumpliendo con medidas contra la ludopatía o si hay auditorías reales de los fondos.
Luke
¿Y si el Gobierno simplemente no entrega nada?
Mimi
Eso sería desacato a una orden de la Fiscalía. Pero sí, podría haber un conflicto institucional.
El Pulso
- Con 4.200 millones de pesos apostados en un solo mes de abril y más del 20% de estudiantes secundarios participando en plataformas virtuales, la magnitud del negocio contrasta con el hermetismo del Estado.
- El Gobierno de La Pampa se negó a entregar el contrato con Casino Club argumentando secreto comercial, levantando una muralla legal entre la ciudadanía y un negocio concesionado con fondos públicos.
- La Fiscalía de Investigaciones Administrativas rechazó ese argumento y ordenó la entrega completa del contrato, sus adendas, el cálculo del canon Net-Win y los estados de resultados de 2024 y 2025.
- El diputado Angelucci advierte que sin acceso a esa documentación es imposible verificar si Casino Club cumple con medidas reales de prevención de ludopatía o si el Estado recibe lo que le corresponde.
- El fallo convierte la opacidad en obligación: el Gobierno ya no tiene argumentos legales para mantener cerrados los libros de un negocio que mueve decenas de miles de millones de pesos al año.
En La Pampa, el juego virtual ha cruzado el umbral del hogar y llegado a los teléfonos de los adolescentes, mientras el Estado mantenía cerrado el contrato que regula ese negocio. La Fiscalía de Investigaciones Administrativas falló a favor del diputado Julián Angelucci, determinando que los términos de la concesión con Casino Club y sus datos financieros son información pública, no patrimonio privado protegido. Es una disputa sobre transparencia, pero también sobre quién vigila cuando el juego ya no tiene puerta de entrada ni horario de cierre.
Las apuestas en línea llegaron a La Pampa sin fanfarria: sin edificio, sin neón, sin distancia. Llegaron a través de aplicaciones, de influencers en redes sociales, directamente a los teléfonos de los hogares. Y mientras ese negocio crecía en silencio, el contrato que lo regula permanecía fuera del alcance público.
El diputado Julián Angelucci, del bloque Avanzar Juntos, reclamó ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas el acceso al contrato de concesión entre la provincia y Casino Club S.A., junto con los datos de ingresos y resultados de la operación. El Gobierno se negó, invocando el secreto comercial de la empresa. La Fiscalía no lo aceptó y falló en favor del legislador: esa información es pública y no puede ocultarse para proteger intereses privados.
Los números detrás del caso explican la urgencia. Solo en abril, las apuestas en la plataforma de Casino Club sumaron 4.200 millones de pesos, lo que proyecta unos 50.000 millones anuales. Pero lo que más inquieta a Angelucci no es la cifra sino quién apuesta: más de uno de cada cinco estudiantes secundarios de La Pampa ya participa en juegos virtuales, muchos de ellos incentivados por influencers que promocionan la plataforma.
La Fiscalía ordenó al Gobierno y al organismo regulador DAFAS entregar el contrato completo con sus adendas, la metodología de cálculo del canon Net-Win —la diferencia entre lo apostado y lo pagado en premios— y los estados de resultados de 2024 y 2025. El objetivo declarado de Angelucci es verificar si Casino Club cumple con medidas reales contra la ludopatía y si el Estado recibe lo que le corresponde. El secreto comercial ya no es argumento válido. Los libros deben abrirse.
El juego de apuestas en línea llegó a La Pampa hace algunos años, pero no como una casa de juego tradicional ubicada en las afueras de la ciudad. Llegó a través de pantallas, a través de aplicaciones descargadas en teléfonos, a través de influencers en las redes sociales. Llegó a las casas. Y ahora, después de que un legislador provincial pidiera acceso a los números detrás de ese negocio, un tribunal administrativo ha ordenado al Gobierno que abra sus libros.
Julián Angelucci, diputado por el bloque Avanzar Juntos, presentó un reclamo ante la Fiscalía de Investigaciones Administrativas pidiendo que se le entregara el contrato de concesión entre la provincia y Casino Club S.A., la empresa que opera las apuestas virtuales en La Pampa. También pidió acceso a los datos sobre ingresos y resultados de esa operación. El Gobierno se negó. Argumentó que revelar las cláusulas del contrato y las ganancias del negocio violaría el secreto comercial de la empresa privada y afectaría sus intereses económicos. La Fiscalía no estuvo de acuerdo.
En su resolución, el organismo determinó que el contrato de concesión y los datos sobre ganancias de apuestas virtuales constituyen información pública. El Gobierno no puede ocultarla bajo el pretexto de proteger a una empresa privada. Angelucci celebró el fallo. "El contrato del casino y las apuestas en línea es información pública", dijo. "El Gobierno no puede esconder la documentación de un negocio millonario concesionado con el argumento de cuidar los intereses comerciales de la empresa".
Los números explican por qué esta batalla por la transparencia importa. En abril de este año, solo en ese mes, las apuestas realizadas a través de la plataforma de Casino Club alcanzaron los 4.200 millones de pesos. Proyectado a un año completo, eso significa aproximadamente 50.000 millones de pesos fluyendo a través de un sistema de juego virtual. Es dinero que entra en las máquinas, dinero que sale como premios, y dinero que queda en algún lugar del medio. Nadie sabe exactamente cuánto ni bajo qué términos, porque el contrato está cerrado.
Lo que preocupa a Angelucci y a otros en su bloque no es solo el dinero. Es quién está apostando. Según datos que han circulado, más del 20 por ciento de los estudiantes de secundaria en La Pampa ya participan en apuestas virtuales. Eso significa que uno de cada cinco adolescentes está jugando. Y no en un casino a cien kilómetros de distancia, sino en sus teléfonos, en sus casas, en cualquier lugar. Angelucci describió lo que ve en las calles: influencers promocionando los juegos de Casino Club, incentivando a otros a apostar. Desde su perspectiva, el acceso al contrato es fundamental para verificar si la empresa está cumpliendo con medidas reales de prevención contra la ludopatía, si hay auditorías sobre los fondos que ingresan al Estado, y cuáles son exactamente las obligaciones que Casino Club tiene con la provincia.
La Fiscalía ordenó que el Gobierno y DAFAS, el organismo de regulación de apuestas, entreguen la copia completa del contrato de concesión vigente y cualquier adenda o prórroga. También deben entregar la documentación que explique cómo se calcula y se liquida el canon llamado "Net-Win", que es la diferencia entre lo que entra por apuestas y lo que sale en premios. Y deben entregar los estados de resultados de 2024 y 2025. Todo esto debe ser entregado. No hay más argumentos de secreto comercial que valgan. El Gobierno tiene que abrir los libros.
Citas Notables
El contrato del casino y las apuestas en línea es información pública. El Gobierno no puede esconder la documentación de un negocio millonario concesionado con el argumento de cuidar los intereses comerciales de la empresa.— Julián Angelucci, diputado provincial
Antes el casino estaba a más de 100 kilómetros de Pico, pero con el juego en línea se metió en todas las casas.— Julián Angelucci
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