Hay momentos en que la vida pública se detiene en las cuentas, en los recibos y en los teléfonos de quienes cuentan el dinero de una campaña. En Bogotá y Barranquilla, la Fiscalía ha incautado seis celulares dentro de una indagación que busca entender si los recursos que sostuvieron la consulta interna del Pacto Histórico, celebrada en octubre de 2025, llegaron por caminos claros. Los aportes y créditos que se cuestionan, ligados a Iván Cepeda y Diana Carolina Corcho, son por ahora interrogantes y no veredictos: la pregunta de fondo es quién pagó realmente y con qué respaldo.
Fiscalía incauta seis celulares en indagación por financiación de la consulta del Pacto Histórico
Seis ciudadanos fueron sometidos a registros personales durante las diligencias.
No constituyen una declaración de responsabilidad contra nadie
Mark
¿Qué ocurrió exactamente en estas diligencias?
Mimi
La DIJIN incautó seis celulares en Bogotá y Barranquilla y realizó registros personales a seis ciudadanos, por orden de un fiscal anticorrupción y con aval de un juez de garantías.
Mark
¿Qué se investiga?
Mimi
Si hubo irregularidades en la contratación de empresas que suministraron bienes y servicios a las campañas de Cepeda y Corcho en la consulta del 26 de octubre de 2025.
Luke
Conviene precisar que se habla de aportes reportados. Los $609 millones de Samat Publicidad y los $723 millones de Custeau Chefcito son cifras que figuran en los informes de campaña, no hallazgos probados de delito.
Mark
¿Por qué llamaron la atención esas empresas?
Mimi
Por aparentes inconsistencias entre su actividad económica y los montos reportados. En el caso de Custeau, hay dudas sobre su capacidad para respaldar esos recursos.
Luke
Y aun así la inconsistencia no prueba empresas fachada ni dinero ilícito. Eso lo debe establecer la investigación.
Mark
¿Hay otras instancias involucradas?
Mimi
Sí. En septiembre de 2026 la Corte Suprema abrió una indagación previa contra Cepeda, mientras la Fiscalía avanza con las suyas.
Luke
Lo que no sabemos es qué contienen los celulares ni a quiénes pertenecen. La fuente no identifica a los seis ciudadanos registrados.
Mark
¿Qué sigue?
Mimi
El análisis del material recopilado, siempre en etapa de investigación y sin responsabilidad declarada para nadie.
Der Puls
- Seis personas fueron sometidas a registros personales en un operativo que irrumpió en la rutina de dos ciudades.
- Aportes cercanos a 609 millones de pesos y créditos de unos 723 millones se miran con lupa por cuentas que no cuadran con la actividad de las empresas.
- La DIJIN actúa con orden de fiscal y aval de un juez de control de garantías, mientras la Fiscalía busca pruebas materiales en los celulares.
- La Corte Suprema abrió una indagación previa contra Cepeda, y el caso avanza en dos frentes sin que exista, por ahora, declaración de responsabilidad para nadie.
Hay momentos en que la vida pública se detiene en las cuentas, en los recibos y en los teléfonos de quienes cuentan el dinero de una campaña. En Bogotá y Barranquilla, la Fiscalía ha incautado seis celulares dentro de una indagación que busca entender si los recursos que sostuvieron la consulta interna del Pacto Histórico, celebrada en octubre de 2025, llegaron por caminos claros. Los aportes y créditos que se cuestionan, ligados a Iván Cepeda y Diana Carolina Corcho, son por ahora interrogantes y no veredictos: la pregunta de fondo es quién pagó realmente y con qué respaldo.
La Fiscalía General de la Nación incautó seis teléfonos celulares en diligencias realizadas en Bogotá y Barranquilla. El operativo hace parte de una indagación sobre posibles irregularidades en la financiación de las campañas de Iván Cepeda y Diana Carolina Corcho durante la consulta interna del Pacto Histórico, celebrada el 26 de octubre de 2025, en la que también participó Daniel Quintero.
Agentes de la DIJIN ejecutaron la orden de policía judicial emitida por un fiscal anticorrupción, con autorización previa de un juez de control de garantías. Las diligencias incluyeron registros personales a seis ciudadanos.
El núcleo de la investigación está en dos grupos de cuentas. Por un lado, un aporte en especie de cerca de 609 millones de pesos reportado a nombre de Samat Publicidad S.A.S. en la campaña de Cepeda. Por otro, créditos de unos 723 millones vinculados a Custeau Chefcito Sigi M.I. J.V., una empresa del negocio de comidas preparadas, en la campaña de Corcho. Las inconsistencias entre la actividad de estas firmas y los montos reportados despertaron las dudas, aunque por sí solas no prueban empresas fachada ni dinero ilícito.
El caso ya tiene un segundo frente. En septiembre de 2026, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema abrió una indagación previa contra Cepeda, mientras la Fiscalía reúne sus propios elementos. La pregunta central es quién aportó realmente los recursos, de dónde provinieron y si existen los soportes contables que los respalden. Por ahora, nadie ha sido declarado responsable.
La Fiscalía General de la Nación incautó seis teléfonos celulares en diligencias realizadas en Bogotá y Barranquilla. El operativo hace parte de la indagación por posibles irregularidades en la financiación de las campañas de Iván Cepeda Castro y Diana Carolina Corcho Mejía durante la consulta interna del Pacto Histórico, celebrada el 26 de octubre de 2025. En esa consulta también participó Daniel Quintero.
Los procedimientos estuvieron a cargo de servidores de la Policía Nacional adscritos a la DIJIN. Actuaron en cumplimiento de una orden de policía judicial emitida por un fiscal de la Dirección Especializada contra la Corrupción, con autorización previa de un juez de control de garantías. Las diligencias incluyeron registros personales a seis ciudadanos.
La investigación busca establecer si hubo irregularidades en la contratación de empresas que presuntamente suministraron bienes y servicios a las campañas de quienes entonces eran precandidatos presidenciales.
Uno de los puntos cuestionados es el aporte en especie de cerca de $609 millones que la campaña de Cepeda reportó a nombre de Samat Publicidad S.A.S. En los informes figuró además un aporte de unos $116 millones atribuido a su representante, Javier Antonio Pérez Páez.
En el caso de Corcho, los reportes financieros registraron créditos por aproximadamente $723 millones relacionados con la empresa Custeau Chefcito Sigi M.I. J.V., vinculada al negocio de comidas preparadas. La situación comercial de esa compañía también generó interrogantes sobre su capacidad para respaldar tales recursos.
Las dudas surgieron al conocerse aparentes inconsistencias entre la actividad económica de las empresas y los montos reportados. Sin embargo, esas circunstancias no demuestran por sí solas que se hayan utilizado empresas fachada ni recursos de origen ilícito.
El caso ya tiene otro frente. En septiembre de 2026, la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia abrió una indagación previa contra Cepeda para establecer si hubo irregularidades en la financiación de la consulta. La Fiscalía, por su parte, adelanta sus propias diligencias para reunir elementos que aclaren los hechos.
La controversia gira en torno a quiénes aportaron realmente los recursos, cuál fue su origen y si los créditos, los servicios publicitarios y las demás operaciones reportadas tienen los soportes financieros y contables correspondientes.
La incautación de los celulares busca recopilar elementos materiales probatorios. Por ahora, las actuaciones están en etapa de investigación y no constituyen una declaración de responsabilidad contra Cepeda, Corcho ni las demás personas relacionadas con el caso.
Bemerkenswerte Zitate
Las actuaciones están en etapa de investigación y no constituyen una declaración de responsabilidad contra Cepeda, Corcho ni las demás personas relacionadas.— Reporte de Caracol Radio sobre la actuación de la Fiscalía
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