Fiscal pide juicio contra Bárzola por el crimen de Nora Dalmasso con pruebas contundentes de ADN

Diecinueve años después de que Nora Dalmasso fuera encontrada muerta en su casa de Río Cuarto, Córdoba, el fiscal Pablo Jávega presentó esta semana un requerimiento de 357 páginas pidiendo que Roberto Bárzola, un parquetista de 45 años que trabajaba en la vivienda, sea llevado a juicio por su asesinato. Las pruebas que Jávega enumera son contundentes: el ADN de Bárzola apareció en ocho lugares distintos del cinturón de la bata de baño con el que fue estrangulada Dalmasso, y un vello púbico suyo fue hallado en los genitales de la víctima. Aun así, Bárzola permanece en libertad mientras los tribunales debaten si la acusación en su contra ha prescrito por el paso del tiempo.

Lo que hace este momento particularmente significativo es que, durante casi dos décadas, la investigación estuvo dominada por teorías conspirativas que apuntaban hacia la familia de Dalmasso. Ahora, por primera vez, la Justicia presenta de manera sistemática y detallada las pruebas contra un sospechoso específico. Bárzola fue acusado formalmente recién a fines de 2024, a pesar de que trabajaba en la casa cuando Dalmasso fue asesinada el 25 de noviembre de 2006, y de que había tenido una fuerte discusión con ella días antes.

La razón por la cual estas pruebas no emergieron antes es escandalosa: los tres primeros fiscales del caso se negaron sistemáticamente a tomar muestras genéticas de Bárzola, incluso cuando la familia Macarrón —el viudo Marcelo y sus dos hijos— lo solicitaba. Las muestras se obtuvieron recién en 2022, después de que Marcelo Macarrón fuera absuelto de las sospechas que habían recaído sobre él durante años. Esa negligencia investigativa tendrá consecuencias: en 2026, esos tres fiscales enfrentarán un juicio político por su actuación en el caso.

Según la reconstrucción que Jávega presenta en su dictamen, Bárzola habría conocido durante los trabajos de colocación de pisos que Dalmasso quedaría sola en la casa el fin de semana. El 25 de noviembre, en algún momento entre las cuatro y las diez de la mañana, habría regresado a la propiedad. Entró por la puerta de reja del jardín, que estaba cerrada pero sin llave, y luego accedió a la casa sin forzar cerrojos. Subió a la planta alta, donde encontró a Dalmasso durmiendo en la habitación de su hija Valentina. Según el fiscal, la atacó por sorpresa, la derribó en la cama, le presionó el cuello con las manos hasta que perdió conciencia, y luego utilizó el cinturón de su propia bata para estrangularla con un nudo doble. Mientras la asfixiaba, la violó. La causa de muerte fue asfixia mecánica por estrangulamiento.

Jávega caracteriza el crimen como motivado por lo que denomina un estereotipo de supremacía de género, en el cual se niega a las mujeres derechos humanos fundamentales, incluido el de elegir con quién vincularse. El fiscal ha solicitado que Bárzola sea juzgado en un juicio oral ordinario o, al menos, en un juicio por la verdad. Si la defensa se opone —lo cual se da por descontado—, el asunto pasará al juez de grado, quien probablemente esperará a que el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba resuelva la cuestión de la prescripción antes de proceder.

Mientras tanto, la Sala I del Tribunal Superior analiza una apelación presentada por el viudo Marcelo Macarrón y sus hijos Facundo y Valentina cuestionando si la acusación contra Bárzola ha prescrito. Este incidente procesal corre en paralelo a la solicitud de juicio, dejando a Bárzola en libertad a la espera de que la Justicia resuelva si tiene derecho a ser juzgado o si demasiado tiempo ha transcurrido para que la acusación sea válida. Lo que está en juego ahora es si, después de casi dos décadas de investigación deficiente, la Justicia finalmente podrá procesar a quien las pruebas de ADN señalan como responsable.