Feijóo y Abascal unen fuerzas contra Sánchez en protesta de 50.000 personas por Ceuta

La tarde del miércoles, frente al Ayuntamiento de Madrid, cincuenta mil personas se congregaron bajo un cielo que se iba oscureciendo. Habían venido, según decían los convocantes, para respaldar a Ceuta tras la crisis migratoria de finales de julio. Pero lo que ocurrió en la Plaza de Cibeles fue algo más que una muestra de solidaridad territorial. Los gritos que atravesaban la multitud dejaban claro que la rabia estaba dirigida hacia arriba, hacia el presidente del Gobierno. "¡Pedro Sánchez, hijo de puta!" coreaban miles de voces. "¡Invasores, a prisión!" gritaban otros. La protesta, convocada formalmente por la Federación de Municipios y Provincias que controla el Partido Popular, se había transformado en un acto de acusación política contra el Ejecutivo.

La movilización no fue un fenómeno aislado de la capital. En toda España, las derechas demostraron capacidad para llevar gente a las calles. Valencia reunió a veinticinco mil personas. Badalona, diez mil. En la propia Ceuta, veinte mil ceutíes se manifestaron. Los números, según las delegaciones del Gobierno, revelaban una convocatoria de envergadura. Pero fue Madrid la que concentró la mayor multitud y donde la tensión alcanzó sus cotas más altas. Después de que los manifestantes pasaran por Cibeles, un grupo de varios cientos continuó marchando hacia el Congreso de los Diputados entre consignas de "¡Viva España!" y "¡Ceuta no se vende!". La Policía Nacional tuvo que intervenir con gases lacrimógenos y pelotas de goma. Cuatro personas fueron detenidas, dos de ellas menores. Cuatro agentes resultaron heridos en los enfrentamientos.

Alberto Núñez Feijóo y Santiago Abascal, los líderes del Partido Popular y Vox respectivamente, asistieron a la misma concentración pero con un cuidado que resultaba casi coreografiado. No se saludaron. No compartieron espacio en el escenario. Abascal llegó primero, rodeado de simpatizantes que portaban carteles contra la invasión. Habló ante los medios de comunicación con dureza. Acusó al presidente de ser un "lacayo" de Marruecos, un "traidor" a España que actuaba "al servicio de un Gobierno extranjero". Pidió explícitamente que Sánchez fuera juzgado por traición, argumentando que la entrada masiva de migrantes a Ceuta formaba parte de una "guerra híbrida" promovida por Marruecos con la "complicidad" del Ejecutivo español. Luego se marchó.

Feijóo llegó después, acompañado del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, quien venía de Ceuta donde había pasado la mañana con el presidente ceutí. El líder del PP no subió al escenario. En su lugar, Almeida leyó un manifiesto institucional de la Federación de Municipios y Provincias: "Ceuta no está sola. Ceuta: eres y serás siempre España". Los manifestantes, sin embargo, pedían más confrontación, interrumpiendo con cánticos contra Sánchez. Feijóo se acercó después a los periodistas y lanzó su propia acusación. "Una ciudad española ha sido invadida, ha sido ocupada, y lo ha sido lamentablemente con el conocimiento del Gobierno de España", dijo. Insistió en que el Ejecutivo había mentido a los ciudadanos, que tenía "los informes de la policía en la mano" que lo probaban, y que era "un hecho sin precedentes en nuestra historia" tener un Gobierno que engañara a los españoles sobre algo tan fundamental como la soberanía territorial.

Lo notable fue que, pese a evitar la fotografía conjunta, los dos líderes de la derecha demostraron una unidad de acción que no exhibían desde hacía años. Su último frente común había sido durante las manifestaciones contra la ley de amnistía en 2023. Ahora, Ceuta les ofrecía un elemento aglutinador. Ambos competían por capitalizar el malestar social provocado por la crisis, pero sus mensajes convergían: el Gobierno había fallado, había mentido, había traicionado a España. En Valencia, algunos manifestantes habían quemado imágenes de Sánchez y del rey de Marruecos mientras gritaban consignas contra los musulmanes. La protesta, aunque presentada inicialmente como apartidista, había concitado el respaldo principalmente de la derecha.

El Partido Popular había tratado de presentar las movilizaciones como exclusivamente de apoyo a Ceuta, con la intención de agitar las contradicciones internas del PSOE, cuya dirección había instado a sus federaciones a no participar por considerar que la convocatoria era un instrumento contra el Gobierno. Pero Vox dejó claro desde el principio que su propósito era manifestarse "contra el Gobierno criminal". Los populares, además, acusaron al Ejecutivo de intentar boicotear la protesta, aunque la Delegación del Gobierno solo había señalado un defecto formal en la comunicación del Ayuntamiento de Madrid, dejando claro que el acto podría celebrarse con normalidad.

La movilización llegaba en un momento delicado para el Gobierno. Un informe de la Policía Nacional, entregado a la juez y publicado en medios de comunicación, apuntaba a que agentes marroquíes habían dirigido la entrada masiva de entre setenta mil y ochenta mil personas a Ceuta el treinta de julio, con un objetivo distinto al meramente migratorio. Ese documento había dado al Partido Popular la munición que necesitaba para insistir en su acusación: que el Ejecutivo sabía lo que iba a ocurrir y lo había ocultado. Feijóo, en su tercera visita a Ceuta desde el comienzo de la crisis, había responsabilizado directamente a Marruecos de haber "coordinado" la operación y había pedido que se elevara la hostilidad con el país vecino, convocando a la embajadora marroquí en España y llamando a consultas al embajador español. El presidente del Gobierno tenía previsto comparecer en el Congreso el jueves siguiente, y la presión política sobre él era ya considerable.