En el cruce entre el poder y la responsabilidad pública, un informe oficial del Departamento de Trabajo de Estados Unidos ha sacado a la luz acusaciones graves contra la exsecretaria de esa cartera durante la administración Trump: consumo de alcohol en horas de trabajo, malversación de fondos públicos y una relación impropia con personal de seguridad. El caso, inusual por el rango de la funcionaria implicada, no solo interroga la conducta individual sino que devuelve al centro del debate una pregunta perenne sobre las democracias modernas: ¿quién vigila a quienes gobiernan?