Expertos piden acabar con el «analfabetismo del paisaje» tras los mayores incendios de la historia de España

En los castañares de El Tiemblo y los pinares del embalse de San Juan, paisajes que muchos españoles llevan en la memoria, hoy hay montañas de ceniza, troncos chamuscados y agua negra. Los incendios de Burgohondo (Ávila) y de la Sierra Oeste de Madrid forman el mayor episodio de fuegos forestales registrado hasta ahora en España: casi 80.000 hectáreas calcinadas, de ellas unas 50.000 en Burgohondo sin contar las madrileñas.

Quienes los combatieron —bomberos, militares y brigadistas— llegan agotados por el calor y por las noches sin tregua. Javier Villanueva, bombero forestal de la Comunidad de Madrid, resume lo vivido: han sido los incendios más grandes de la historia del país, y no solo por la superficie, sino porque el impacto en la interfaz urbano-forestal obligó a desplazar a mucha gente. «Nunca» habían visto algo así, dice.

La lista reciente de grandes fuegos muestra una escalada: Molezuelas de la Carballeda (Zamora, 2025), 40.000 hectáreas; Larouco, Quiroga y Oencia (Galicia y León, 2025), 37.000; Losacio (Zamora, 2022), 32.500. A ello se suma Los Gallardos, en 2026, con 14 muertos, la cifra más alta de lo que va de siglo.

Los expertos consultados rechazan las explicaciones únicas. Javier Madrigal, del CSIC y coordinador del Grupo de Asesoramiento en Desastres y Emergencias, habla de incendios de sexta generación, multifactoriales: combustible disponible, atmósfera extrema y un paisaje que ha cambiado en los últimos 50 años. El cambio climático no enciende la mayoría de las llamas, pero seca la vegetación, alarga las temporadas de riesgo y multiplica los momentos en que un fuego puede volverse extremo. Víctor Resco, de la Universidad de Lleida, calcula que la intensidad media de las temporadas ha subido entre un 30% y un 40% en las últimas décadas, por la biomasa acumulada tras el abandono rural y ciertas políticas de conservación, y por una atmósfera más desecante. Importa menos el tipo de árbol que la cantidad, humedad y continuidad del combustible.

De ahí la insistencia en la prevención. Madrigal cita el fuego prescrito, la ganadería extensiva, los desbroces y los tratamientos selvícolas, no para «limpiar» el monte sin criterio, sino para decidir dónde intervenir: proteger un pueblo, una carretera o cortar la continuidad entre dos macizos. Juan Carlos Gómez, decano del Colegio de Ingenieros Forestales en Andalucía, pide una gestión activa, planificada y ordenada, en mosaico, que combine zonas de protección estricta con otras de aprovechamiento de biomasa, madera, frutos, plantas aromáticas y agricultura.

Marta Corella, ingeniera forestal, exalcaldesa de Orea y vicedecana del Colegio, habla de «analfabetismo del paisaje»: nunca hubo una sociedad tan desconectada de su entorno, dice, y una corriente no intervencionista confundió durante años aprovechamiento con agresión. Distingue además el origen de un fuego, que puede ser un pirómano o una herramienta mal usada, de su causa como gran incendio: el estado del territorio. En su opinión, los pueblos solo entran en el debate cuando el humo llega a las ciudades.

Ese debate político sigue atascado. Pedro Sánchez pidió el martes a la oposición sumarse al pacto de Estado frente a la emergencia climática que su Gobierno impulsa desde 2025, y que abarca también descarbonización, agua, costas, salud, biodiversidad, mundo rural, protección civil y desinformación climática. El PP defiende un pacto contra el fuego con tres ejes —ayudar, recuperar y prevenir— y 50 medidas. Paco Castañares, presidente de la Asociación Extremeña de Empresas Forestales y de Medio Ambiente, ve en la disputa por el nombre una voluntad de no pactar, pero cree que, retirando lo más genérico y las pulseras para pirómanos, saldría un texto que todos podrían firmar.

Castañares propone dos compromisos: gestionar un millón de hectáreas al año de los 28 millones forestales del país, con un coste estimado de 3.000 millones de euros anuales, no todos públicos, y crear «cortafuegos productivos» como olivares, viñedos o pastos. Eduardo Tolosana, decano del Colegio de Ingenieros de Montes, señala que hoy se actúa preventivamente en menos del 1% de la superficie, cuando muchos especialistas creen necesario acercarse al 5%, unos 1,4 millones de hectáreas al año. Corella advierte: lo peor no ha llegado.