Expertos advierten sobre corrupción sistémica en Policía: un destituido diario entre 2022 y 2026

Entre enero de 2022 y octubre de 2026, la Policía Nacional destituyó a 1.751 uniformados por corrupción. Eso equivale a uno cada día durante casi cinco años. La cifra proviene de un derecho de petición que Caracol Radio presentó a la Inspección General de la Policía, un documento que expone la magnitud de un problema que expertos en seguridad ahora califican como sistémico y urgente de atender.

La destitución diaria de un oficial no es un número abstracto. Representa, según los analistas consultados, apenas la punta visible de un iceberg mucho más profundo. Hugo Acero, quien fue secretario de seguridad de Bogotá, explicó a Caracol Radio que muchas personas víctimas de corrupción policial nunca presentan denuncia. Algunos tienen miedo. Otros simplemente no creen que algo vaya a cambiar. Esto significa que las 1.751 destituiciones registradas son, en realidad, una fracción del daño real que la corrupción ha causado en las calles.

Jairo Libreros, analista político y experto en seguridad, describió la corrupción como un mal que erosiona los cimientos de las democracias. Pero también reconoció algo importante: la capacidad de la Policía para identificar y sancionar a sus propios miembros sugiere que existen mecanismos de control disciplinario que funcionan, al menos parcialmente. Sin embargo, Libreros advirtió que el debilitamiento de las capacidades de inteligencia ha dejado un costo muy alto. La institución perdió competencias en contrainteligencia y en la facultad de retiro discrecional del servicio, lo que significa que algunos oficiales problemáticos permanecieron en la institución más tiempo del que deberían haber estado.

Para Libreros, la solución comienza en las escuelas de formación policial. Los procesos de selección e incorporación de nuevos uniformados necesitan ajustarse con estándares más rigurosos de talento humano. No se trata solo de admitir a más personas, sino de admitir a las personas correctas desde el inicio.

Acero coincidió en que mejorar la selección y capacitación del personal es fundamental, pero advirtió contra un error común: creer que acelerar la capacitación equivale a mejorarla. El tiempo de formación no debe reducirse; debe invertirse mejor. Además, propuso que la Policía debe reconstruir su relación con los ciudadanos a través de procesos de organización y participación comunitaria. Esto incluye promover activamente que las personas denuncien la corrupción y garantizar que quienes lo hagan estén protegidos.

El control social organizado de la ciudadanía, según Acero, es fundamental para frenar la corrupción en las calles. Cuando los vecinos, comerciantes y residentes de un barrio trabajan juntos y con la policía, crean un ambiente donde la corrupción es más difícil de ocultar. Finalmente, Acero subrayó que fortalecer la contrainteligencia y las investigaciones internas dentro de la institución policial es una prioridad que no puede esperar.

Lo que emerge de estas recomendaciones es un cuadro complejo: la Policía Nacional tiene capacidad para sancionar a sus miembros corruptos, pero esa capacidad no es suficiente. El problema es más profundo que las destituiciones diarias. Toca la selección de quiénes entran, la calidad de su formación, la fortaleza de los mecanismos internos de vigilancia, y la confianza de los ciudadanos en que denunciar hará alguna diferencia. Resolver esto requiere cambios simultáneos en múltiples frentes, no soluciones aisladas.