Firmeza sin autoritarismo, inteligencia sin improvisación
A una semana de las elecciones presidenciales en Colombia, más de treinta académicos y exfuncionarios presentaron una hoja de ruta de seguridad democrática que invita al próximo gobierno a gobernar con firmeza sin autoritarismo, con inteligencia sin improvisación. El documento surge en un país que cerró 2025 con una tasa de homicidios casi cinco veces superior al promedio mundial, donde el crimen organizado ha llenado los vacíos que el Estado no ha podido ocupar. La propuesta no es un mandato, sino una contribución de la sociedad civil que recuerda una verdad antigua: la seguridad duradera no se construye solo con capturas y bajas, sino con instituciones legítimas que acompañen la vida cotidiana de las comunidades.
- Colombia enfrenta una crisis de seguridad con 27,8 homicidios por cada 100.000 habitantes, casi el triple del promedio regional y cinco veces el mundial.
- El crimen organizado no solo delinque: construye ejércitos, controla territorios y provee servicios que el Estado ausente no ofrece, creando una gobernanza paralela que desafía la legitimidad institucional.
- Más de treinta expertos y exfuncionarios de peso —entre ellos el exministro de Defensa Rafael Pardo Rueda— presentaron una declaración conjunta para orientar al próximo gobierno en seguridad y justicia.
- La propuesta exige combinar investigación judicial, fuerza pública y estrategias sociales coordinadas, mientras se negocía con quienes abandonen la violencia y se somete a quienes persistan en el crimen.
- Los firmantes llaman a un esfuerzo colectivo que incluya cortes, Fiscalía, universidades, sector privado y cooperación internacional para sostener una discusión técnica durante los próximos cuatro años.
Con las elecciones presidenciales a una semana de distancia, un grupo de más de treinta académicos, investigadores y exfuncionarios presentó la "Declaración por la Seguridad, la Convivencia y el Acceso a la Justicia de Colombia", un documento que traza el camino que el próximo gobierno debería seguir en materia de seguridad y justicia. Entre los firmantes figuran Rafael Pardo Rueda, exministro de Defensa y comisionado de paz, Daniela Gómez Rivas, directora de la Fundación Ideas para la Paz, y Jorge Restrepo, del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos, entre otros especialistas vinculados a universidades y organizaciones civiles.
La propuesta central es que Colombia necesita un modelo que combine firmeza institucional con respeto al Estado de Derecho: "firmeza sin caer en el autoritarismo, inteligencia sin improvisación y resultados sin populismo". Los números que respaldan esta urgencia son elocuentes: el país cerró 2025 con una tasa de homicidios de 27,8 por cada 100.000 habitantes, muy por encima del promedio regional de 17,6 y del mundial de 5,6. Detrás de esas cifras hay comunidades donde el crimen organizado ejerce control territorial, construye legitimidad y provee bienes y servicios que el Estado no alcanza a ofrecer.
Por eso los expertos sostienen que la seguridad no puede medirse solo en capturas o incautaciones. El verdadero objetivo es transformar las condiciones de vida en las comunidades y consolidar una presencia institucional legítima donde el Estado está ausente o ha sido cooptado. El documento reconoce además que años de confrontación política han impedido construir consensos duraderos, y propone respuestas que combinen acción judicial, operativa y social de manera coordinada, abordando problemas como el hacinamiento carcelario, la falta de resocialización y los debates sobre política de drogas.
Finalmente, los firmantes extienden el llamado más allá del ejecutivo y el Congreso: invitan a las altas cortes, la Fiscalía, universidades, el sector privado, gobiernos locales y la cooperación internacional a participar en una discusión técnica y permanente durante los próximos cuatro años, con la convicción de que la paz y la seguridad son dos caras inseparables de la misma moneda.
Con las elecciones presidenciales de Colombia apenas una semana de distancia, un grupo de más de treinta académicos, investigadores y exfuncionarios ha presentado un documento que intenta trazar el camino que el próximo gobierno debería seguir en materia de seguridad y justicia. La iniciativa, titulada "Declaración por la Seguridad, la Convivencia y el Acceso a la Justicia de Colombia", surge en un momento en que ambos temas siguen siendo las preocupaciones más urgentes para los ciudadanos.
Entre los firmantes figuran nombres con peso institucional: Rafael Pardo Rueda, quien fue ministro de Defensa y comisionado de paz; Daniela Gómez Rivas, directora ejecutiva de la Fundación Ideas para la Paz; Jorge Restrepo, director del Centro de Recursos para el Análisis de Conflictos; y varios otros exfuncionarios y especialistas vinculados a universidades, centros de pensamiento y organizaciones de la sociedad civil. El documento no pretende ser una imposición desde arriba, sino una contribución desde la sociedad civil basada en principios democráticos, fortalecimiento institucional y respeto por los derechos humanos.
La propuesta central es clara: Colombia necesita un modelo de seguridad que combine firmeza institucional con respeto al Estado de Derecho. Los autores lo expresan de manera directa: "Necesita firmeza sin caer en el autoritarismo, inteligencia sin improvisación y resultados sin populismo". Esta frase resume la tensión que los expertos creen que debe resolverse. No se trata simplemente de ser más duro con el crimen, sino de hacerlo de manera que fortalezca las instituciones democráticas en lugar de socavarlas.
Los números que respaldan esta urgencia son contundentes. Colombia cerró 2025 con una tasa de homicidios de 27,8 por cada 100.000 habitantes, cifra que coloca al país muy por encima del promedio regional de 17,6 y del promedio mundial de 5,6. Estos números no son abstracciones estadísticas; representan comunidades donde el crimen organizado ha establecido su propia gobernanza, donde las organizaciones criminales no solo delinquen sino que crean ejércitos, ejercen control territorial, construyen legitimidad ante las comunidades y proveen bienes y servicios que el Estado no proporciona.
Esta última observación es crucial para entender lo que los expertos están proponiendo. La seguridad, sostienen, no puede medirse únicamente mediante capturas, bajas o incautaciones. El verdadero objetivo debe ser transformar las condiciones de vida en las comunidades y consolidar la presencia institucional en territorios donde actualmente el Estado está ausente, es corrupto o ha sido cooptado. Los firmantes llaman a esto "autoridad legítima del Estado en la vida cotidiana": instituciones que funcionan, autoridades sometidas a la ley y mecanismos efectivos de rendición de cuentas.
El documento también reconoce que durante años la confrontación política ha impedido construir consensos duraderos sobre seguridad y justicia. Por eso propone que la respuesta debe combinar investigación judicial, acciones operativas de la fuerza pública y estrategias sociales y políticas coordinadas. Los retos son múltiples: hacinamiento carcelario, falta de programas de resocialización, dificultades en el sistema de responsabilidad penal para adolescentes, ausencia de mecanismos eficaces de sometimiento para estructuras criminales, debates sobre política de drogas y necesidad de fortalecer prevención. Cada uno de estos problemas, según los firmantes, refleja la misma raíz: la falta de una estrategia democrática integral en materia de seguridad y justicia.
Los expertos también plantean una visión sobre cómo el Estado debe actuar: un Estado maduro negocia con quienes están dispuestos a abandonar la violencia y somete a quienes persisten en actividades criminales. Esta dualidad, sostienen, es esencial porque la paz y la seguridad son dos caras de la misma moneda. Finalmente, los firmantes extienden un llamado no solo al próximo presidente y al Congreso, sino a las altas cortes, la Fiscalía, universidades, centros de pensamiento, organizaciones de derechos humanos, el sector privado, gobiernos locales y cooperación internacional para participar en una discusión técnica y permanente sobre estos temas durante los próximos cuatro años.
Notable Quotes
Necesita firmeza sin caer en el autoritarismo, inteligencia sin improvisación y resultados sin populismo— Declaración por la Seguridad, la Convivencia y el Acceso a la Justicia de Colombia
Un Estado maduro negocia con quien es posible negociar y somete a quien no acepta otra salida, pues la paz y la seguridad son dos caras de la misma moneda— Declaración por la Seguridad, la Convivencia y el Acceso a la Justicia de Colombia
The Hearth Conversation Another angle on the story
¿Por qué estos expertos sienten que necesitan presentar esto justo ahora, una semana antes de las elecciones?
Porque saben que el próximo gobierno heredará una crisis real. Los números de homicidios no mienten, y hay una ventana de oportunidad política para establecer un rumbo antes de que se tomen las primeras decisiones.
Pero "firmeza sin autoritarismo" suena como un equilibrio muy frágil. ¿Cómo se logra eso en la práctica?
Eso es exactamente lo que el documento reconoce que es difícil. Requiere instituciones fuertes, autoridades sometidas a la ley, y mecanismos de rendición de cuentas que funcionen. No es solo una cuestión de retórica.
¿Qué significa que el crimen organizado "construya legitimidad ante las comunidades"?
Significa que en territorios donde el Estado no llega, las organizaciones criminales proporcionan servicios, empleos, protección. Ocupan el vacío. No puedes combatir eso solo con operativos militares.
Entonces, ¿estos expertos están sugiriendo que el Estado debe hacer lo que el crimen hace, pero legalmente?
En cierto sentido, sí. Deben estar presentes, ser funcionales, ser confiables. Pero además deben ser democráticos y respetar derechos. Eso es lo que hace la propuesta diferente.
¿Y si el próximo presidente simplemente ignora este documento?
Entonces habrá perdido una oportunidad de construir consenso. Pero estos expertos también están pidiendo que el Congreso, las cortes, la Fiscalía y otros actores se unan a la discusión. No depende solo del presidente.