En el cruce entre la persecución penal y el secreto profesional, el exdiputado y abogado Hugo Gutiérrez Gálvez ha pedido al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago que trace una frontera dentro de su propio teléfono incautado: la que separa al ciudadano investigado del abogado que guarda confidencias ajenas. La solicitud, presentada tras la incautación del dispositivo el 20 de agosto en el marco de una investigación por corrupción en licitaciones de la Junaeb, plantea una tensión clásica entre el deber del Estado de investigar y el derecho de los ciudadanos a que sus comunicaciones con sus abog
Exdiputado Gutiérrez pide frenar revisión de celular incautado en investigación por corrupción en Junaeb
El conocimiento del contenido íntegro causaría perjuicio irreparable
Mark
¿Por qué un exdiputado comunista que ahora es abogado se convierte en imputado en una investigación de corrupción?
Mimi
Porque supuestamente participó en gestiones para favorecer a una empresa específica en licitaciones escolares. Pero lo interesante aquí es que ahora está usando su condición de abogado para protegerse.
Mark
¿Eso es una defensa legítima o una maniobra?
Mimi
Es legítima en principio. El secreto profesional existe precisamente para proteger a los clientes de un abogado. Pero crea una tensión: ¿cómo investiga la Fiscalía si no puede acceder a cierta información?
Mark
¿Y si la información que necesitan está mezclada con comunicaciones protegidas?
Mimi
Ese es exactamente el problema que Gutiérrez está planteando. Por eso pide que un juez establezca qué se puede revisar y qué no. Sin eso, dice, la Fiscalía podría ver todo.
Mark
¿Qué pasa si el tribunal le da la razón?
Mimi
Entonces habría que separar manualmente lo que es secreto profesional de lo que es evidencia de corrupción. Es complicado y lento.
Mark
¿Y si no le da la razón?
Mimi
La Fiscalía tendría acceso completo al teléfono. Gutiérrez dice eso causaría daño irreparable a sus clientes. El tribunal tiene que equilibrar dos derechos en conflicto.
Le Pouls
- La PDI incautó el celular de Gutiérrez el 20 de agosto como parte de una investigación por presuntas irregularidades en licitaciones del Programa de Alimentación Escolar de la Junaeb, causa que involucra también a dos senadores en ejercicio.
- El exdiputado teme que fiscales y peritos ya hayan accedido al contenido completo del dispositivo sin separar la información protegida por secreto profesional, lo que podría causar un daño irreparable a sus clientes actuales y pasados.
- En un escrito de seis páginas, Gutiérrez exigió una audiencia urgente para que el tribunal establezca qué datos pueden ser revisados y cuáles deben permanecer bajo reserva, y pidió que el teléfono se mantenga bajo cadena de custodia mientras tanto.
- El caso se enmarca en una investigación más amplia de la fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, que busca determinar si Gutiérrez y los senadores Sergio Gahona y Miguel Ángel Calisto favorecieron a la empresa Soser en la adjudicación de contratos escolares.
- El tribunal enfrenta ahora una decisión de principio: permitir el acceso irrestricto al teléfono o establecer límites concretos que protejan la confidencialidad de personas ajenas a la investigación.
En el cruce entre la persecución penal y el secreto profesional, el exdiputado y abogado Hugo Gutiérrez Gálvez ha pedido al Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago que trace una frontera dentro de su propio teléfono incautado: la que separa al ciudadano investigado del abogado que guarda confidencias ajenas. La solicitud, presentada tras la incautación del dispositivo el 20 de agosto en el marco de una investigación por corrupción en licitaciones de la Junaeb, plantea una tensión clásica entre el deber del Estado de investigar y el derecho de los ciudadanos a que sus comunicaciones con sus abogados permanezcan inviolables. El tribunal deberá decidir si la búsqueda de la verdad puede avanzar sin arrasar con la privacidad de quienes nada tienen que ver con los hechos investigados.
Hugo Gutiérrez Gálvez, exdiputado comunista y abogado en ejercicio, presentó una solicitud urgente ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago luego de que la PDI le incautara su teléfono el 20 de agosto. La medida se enmarca en una investigación por presuntas irregularidades en los procesos de licitación del Programa de Alimentación Escolar de la Junaeb, institución estatal de auxilio escolar y becas.
En su presentación de seis páginas, Gutiérrez solicitó que el tribunal convocara a una audiencia urgente para delimitar qué contenido del dispositivo puede ser revisado por los investigadores. Su argumento central es su condición de abogado: el teléfono contiene comunicaciones privadas con clientes, documentos, correos, mensajería y archivos de audio protegidos por secreto profesional, completamente ajenos a los hechos que investiga la Fiscalía.
El exdiputado advirtió que desconoce si ya se realizó alguna extracción de datos y qué mecanismos se habrían usado para separar la información protegida de la relevante para la causa. Acceder al contenido completo sin esa segregación, sostuvo, causaría un perjuicio irreparable tanto a él como a la totalidad de sus clientes, quienes tienen derecho a la privacidad y a que sus comunicaciones con su abogado permanezcan reservadas. Por ello, pidió también que el dispositivo se mantenga bajo cadena de custodia.
La investigación está a cargo de la fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, y busca establecer si Gutiérrez y dos senadores en ejercicio —Sergio Gahona de la UDI y Miguel Ángel Calisto del cupo FRVS— realizaron gestiones para favorecer a la empresa Soser en la adjudicación de contratos del programa. Los tres figuran actualmente como imputados. El tribunal deberá resolver si permite acceso total al teléfono o establece límites específicos para proteger la información confidencial de quienes nada tienen que ver con los hechos investigados.
Hugo Gutiérrez Gálvez, exdiputado comunista y abogado, presentó una solicitud urgente ante el Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago después de que la PDI le incautara su teléfono el 20 de agosto. El dispositivo fue confiscado como parte de una investigación sobre presuntas irregularidades en los procesos de licitación del Programa de Alimentación Escolar de la Junaeb, la institución estatal encargada de auxilio escolar y becas.
En un documento de seis páginas, Gutiérrez pidió que el tribunal convocara a una audiencia de carácter urgente para establecer qué contenido del teléfono podría ser revisado por los investigadores y qué información debería quedar protegida. Su argumento central descansa en su condición de abogado: sostiene que el dispositivo alberga comunicaciones privadas con sus clientes, documentos, correos electrónicos, mensajería instantánea, notas y archivos de audio que están cubiertos por el secreto profesional y no tienen relación alguna con los hechos que investiga la Fiscalía.
Gutiérrez expresó su preocupación por el hecho de que desconoce si la Fiscalía ya ha realizado alguna extracción o copia de los datos del teléfono, o qué mecanismos se habrían empleado para separar la información protegida de aquella relevante para la investigación. En su presentación, advirtió que si fiscales, funcionarios policiales, peritos u otras personas accedieran al contenido completo del dispositivo sin la debida segregación de información protegida, causaría un perjuicio irreparable no solo a él como abogado, sino también a la totalidad de sus clientes actuales y antiguos. Estos, argumentó, tienen derecho a la vida privada, a la intimidad, a su honra y a que sus comunicaciones con su abogado permanezcan reservadas.
Por ello, solicitó que el dispositivo permanezca bajo cadena de custodia y que se informe si ya se realizó alguna intervención sobre él. La solicitud ocurre mientras la fiscal de Alta Complejidad Oriente, Constanza Encina, lleva adelante la investigación sobre corrupción relacionada con los procesos de licitación del Programa de Alimentación Escolar. La causa busca establecer qué participación habrían tenido Gutiérrez y dos senadores en ejercicio en gestiones destinadas a favorecer a la empresa Soser en la adjudicación de contratos del programa.
Actualmente figuran como imputados en la investigación el senador Sergio Gahona de la UDI, el senador Miguel Ángel Calisto del cupo FRVS, y el propio exdiputado comunista. El tribunal ahora debe resolver si permite acceso total al teléfono o establece límites específicos para proteger la información confidencial de los clientes del exdiputado.
Citations marquantes
Comunicaciones, documentos, correos electrónicos, mensajería instantánea, notas, archivos de audio y demás registros correspondientes a la relación profesional con mis patrocinados deben quedar protegidos por secreto profesional— Hugo Gutiérrez en su presentación ante el tribunal
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