Europa se blinda ante protestas que se expanden por Francia, Italia, Portugal y Grecia

Cientos de personas detenidas en múltiples países; 55 personas arrestadas en Portugal durante desalojos de acampadas, aunque posteriormente liberadas; enfrentamientos con policía reportados en varias ciudades.
Las respuestas de seguridad no resuelven las causas profundas
Los gobiernos europeos enfrentan un dilema: contener la violencia sin abordar el malestar social que impulsa las protestas.
Mark

¿Por qué Italia decide desplegar militares en lugar de simplemente aumentar la presencia policial?

Mimi

Porque quieren enviar un mensaje de que esto es serio. Pero también porque la policía ya está saturada. Los militares son una muestra de fuerza.

Luke

Aunque hay que notar que Meloni no explica cuánto tiempo permanecerán esos 500 militares después de finales de año, ni cuál es el costo real de la operación.

Mark

¿Qué tan efectivas son estas penas de cinco años de prisión si la gente sigue protestando?

Mimi

Probablemente no sean efectivas para detener las protestas. Lo que hacen es criminalizar la participación, especialmente la de menores. Eso es lo que preocupa a la ONU.

Luke

Exacto. Y aquí viene lo importante: el decreto de Italia responsabiliza a los padres por los daños de sus hijos. Eso es una presión adicional, pero no sabemos si realmente disuade a nadie.

Mark

Portugal liberó a los 55 detenidos, pero luego hubo más movilizaciones. ¿Eso significa que la represión no funciona?

Mimi

Sugiere que el desalojo de las acampadas no resolvió nada. La gente volvió a las calles porque el problema de la vivienda sigue ahí. Los precios subieron 124 por ciento en una década.

Luke

Aunque hay que ser cuidadosos: no sabemos exactamente cuántas personas participaron en esas nuevas movilizaciones nocturnas, ni cuál fue su escala comparada con las acampadas.

Mark

¿Qué dice la ONU que debería pasar?

Mimi

Que los gobiernos dialoguen con los manifestantes y respondan a sus preocupaciones sociales. Que investiguen los abusos policiales. Que respeten el derecho a protestar.

Luke

Pero Türk no ofrece soluciones concretas para el costo de la vivienda o los salarios bajos. Su llamado es importante, pero limitado a lo que los gobiernos deben hacer procedimentalmente.

Mark

¿Hay algún riesgo de que esto se salga de control?

Mimi

Sí. Las nuevas convocatorias en Francia para el próximo sábado, la huelga general ibérica en Portugal para el 11 de noviembre. Los gobiernos están preparándose para lo peor.

Luke

Aunque tampoco sabemos si esas convocatorias tendrán la misma magnitud que las protestas anteriores. El movimiento de chalecos amarillos en Francia tiene historial, pero no está claro cuánta gente responderá esta vez.

  • Italia despliega 500 militares en Milán y amenaza con hasta cinco años de prisión a quienes participen en actos violentos, mientras Francia mantiene toques de queda con casi 150 personas aún detenidas.
  • Los precios de la vivienda en Portugal han subido un 124% en una década, y los salarios no han seguido el ritmo, convirtiendo el techo en un lujo que enciende la rabia en las calles de Lisboa y Oporto.
  • Estudiantes griegos rodean el Parlamento en Atenas, docentes se suman con una huelga de 24 horas, y jóvenes indonesios desafían a su presidente: la protesta ya no tiene fronteras ni un solo rostro.
  • La ONU advierte que los gobiernos están usando fuerza excesiva y exige investigaciones independientes, tensando aún más la cuerda entre seguridad del Estado y derechos fundamentales.
  • Nuevas marchas convocadas para el próximo sábado en Francia y una huelga general ibérica prevista para noviembre mantienen la presión: la ola no ha llegado a su punto más alto.

A lo largo de Europa y más allá, una generación que no puede pagar el alquiler ni sostener su futuro ha salido a las calles, recordando a los gobiernos que el orden social no se mantiene solo con decretos y militares. Lo que comenzó como disturbios aislados en Francia e Italia se ha convertido en una marea continental de indignación que conecta Lisboa con Atenas y resuena hasta Indonesia. Las autoridades endurecen las leyes y despliegan fuerzas, pero la pregunta que persiste es más antigua que cualquier decreto: ¿puede un Estado contener el malestar sin atender sus causas?

Lo que empezó como disturbios puntuales en Francia e Italia el fin de semana pasado se ha transformado en una ola de protestas que recorre Europa de extremo a extremo. El detonante es compartido: el costo de vida, la vivienda inaccesible y la sensación de que los gobiernos no escuchan.

En Italia, la primera ministra Giorgia Meloni respondió desplegando 500 militares adicionales en Milán y aprobando un paquete penal que incluye penas de hasta cinco años de prisión y multas de 20.000 euros por actos violentos en manifestaciones. El decreto va más lejos: responsabiliza a los padres por los daños causados por menores y permite a la policía prohibir que jóvenes con antecedentes se reúnan en espacios públicos. Francia, por su parte, mantiene toques de queda en varias ciudades, con casi 150 personas aún privadas de libertad.

Pero las medidas de seguridad no tocan las causas. En Portugal, donde la policía desalojó acampadas en Lisboa y Oporto y detuvo a 55 personas —todas luego liberadas—, los precios inmobiliarios llevan una década disparados sin que los salarios los sigan. En Grecia, estudiantes universitarios marcharon frente al Parlamento exigiendo residencias públicas y apoyo económico, con los docentes sumándose en huelga. En Indonesia, cientos de jóvenes salieron a cuestionar al presidente Prabowo Subianto.

La tensión llegó a Naciones Unidas. El alto comisionado Volker Türk condenó la violencia en las protestas, pero también denunció el uso excesivo de la fuerza por parte de las autoridades y exigió investigaciones independientes. Su mensaje fue preciso: los Estados deben garantizar el derecho a manifestarse, y quienes cometan vandalismo deben responder por ello, pero ambas cosas a la vez.

Lo que mantiene en vilo a los gobiernos son las nuevas convocatorias: los chalecos amarillos y estudiantes de secundaria en Francia llaman a marchar el próximo sábado, y Portugal ha anunciado una huelga general ibérica para el 11 de noviembre. Las respuestas centradas solo en el orden pueden contener la llama a corto plazo, pero el malestar que la alimenta sigue intacto y se expande.

Mientras los gobiernos europeos despliegan militares en las calles y endurecen las penas por actos vandálicos, las protestas por el costo de vida y la vivienda siguen ganando terreno. Lo que comenzó como disturbios puntuales el fin de semana pasado en Francia e Italia se ha convertido en una ola de movilizaciones que atraviesa el continente, desde Atenas hasta Lisboa, y que mantiene a las autoridades en estado de alerta permanente.

En Italia, la primera ministra Giorgia Meloni anunció el despliegue de 500 militares adicionales en Milán hasta finales de año, tras los saqueos y enfrentamientos registrados durante el fin de semana. La medida forma parte de un paquete más amplio de endurecimiento penal que incluye sanciones de hasta cinco años de prisión y multas de 20.000 euros para quienes participen en actos violentos durante manifestaciones. El decreto introduce además un principio que responsabiliza a los padres cuando menores de edad cometen daños, y autoriza a los jefes de policía a prohibir que jóvenes con antecedentes por violencia se reúnan en espacios públicos. Francia, por su parte, mantiene toques de queda en París y otras ciudades tras los disturbios del fin de semana, mientras que 149 de más de 2.500 detenidos permanecen en prisión a la espera de juicio o tras condena.

Pero las medidas de seguridad chocan con una realidad incómoda: las causas de las protestas siguen intactas. En Portugal, donde la policía desalojó acampadas por vivienda en Lisboa y Oporto y detuvo a 55 personas (todas posteriormente liberadas), los precios inmobiliarios se han disparado un 124 por ciento entre 2015 y 2024, mientras los salarios no acompañan el ritmo. En Grecia, cientos de estudiantes universitarios se manifestaron frente al Parlamento en Atenas exigiendo residencias públicas, mejores condiciones para estudiar y ayudas económicas. Los docentes convocaron una huelga de 24 horas en solidaridad. En Indonesia, cientos de jóvenes universitarios protestaron contra el presidente Prabowo Subianto.

La tensión entre el derecho a protestar y la necesidad de contener la violencia ha llegado a la atención de Naciones Unidas. Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, condenó ayer todos los actos de violencia registrados durante las manifestaciones recientes, pero también advirtió sobre denuncias de uso innecesario y excesivo de la fuerza por parte de las autoridades. Türk instó a todas las partes a rebajar las tensiones y reclamó investigaciones rápidas e independientes sobre los abusos policiales. Su mensaje fue claro: los Estados tienen la obligación de facilitar el ejercicio de la libertad de manifestación, mientras que quienes cometan actos vandálicos deben rendir cuentas.

Lo que preocupa a los gobiernos es que las nuevas convocatorias a marchas mantienen vivo el riesgo de escalada. En Francia, el movimiento de los chalecos amarillos y estudiantes de secundaria han llamado a manifestarse el próximo sábado, por lo que el Gobierno ha anunciado un dispositivo policial masivo para prevenir nuevos disturbios. En Portugal, se anunció una huelga general ibérica para el 11 de noviembre. Las autoridades europeas se encuentran atrapadas en un dilema: las respuestas centradas únicamente en la seguridad pueden evitar nuevos disturbios en el corto plazo, pero no resuelven las causas profundas de las movilizaciones. El malestar social persiste en las calles, y lejos de disiparse, se expande.

Las personas tienen derecho a manifestarse pacíficamente y a hacer oír su voz. Los Estados deben facilitar el ejercicio de estos derechos
— Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos
Lamento las acciones de quienes aprovechan las manifestaciones para cometer actos de violencia y vandalismo. Estas personas deben rendir cuentas
— Volker Türk, alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos
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