En un momento en que la infancia transcurre cada vez más en espacios digitales sin fronteras claras, Europa se pregunta si el Estado tiene el deber —y la capacidad— de trazar un límite. Más de una docena de países, desde Francia hasta Grecia, impulsan leyes que restringen el acceso de menores a las redes sociales, mientras la Comisión Europea intenta convertir ese impulso fragmentado en una política continental coherente. La pregunta de fondo no es solo técnica ni jurídica: es una pregunta sobre qué tipo de infancia queremos proteger, y a qué precio.