En las postrimerías de septiembre de 2026, el Estado colombiano puso en cifras lo que cuesta honrar un acuerdo de paz: más de cuatro mil millones de pesos anuales para proteger a Rodrigo Londoño, exjefe de las Farc-EP, mientras cumple una sanción por crímenes de lesa humanidad. La Unidad Nacional de Protección reveló ante el Congreso el desglose de un esquema de 16 escoltas y 6 vehículos blindados, y confirmó que la solicitud de Londoño para ampliarlo fue rechazada tras un estudio de riesgo. El episodio ilumina una tensión permanente en las sociedades que transitan hacia la paz: el costo mater
Esquema de seguridad de 'Timochenko' costaría más de $4.000 millones anuales al Estado
El Estado tiene obligaciones internacionales que restringen sus decisiones
Mark
¿Por qué un esquema de protección para una sola persona cuesta más de cuatro mil millones de pesos al año? Eso parece desproporcionado.
Mimi
Tienes que entender que Timochenko no es una persona común. Es un exjefe paramilitar que firmó un acuerdo de paz, y eso lo coloca en una categoría especial. El Estado tiene obligaciones internacionales hacia los firmantes del Acuerdo de Paz, y además hay evaluaciones de riesgo que justifican el nivel de protección.
Luke
Pero espera. ¿Cuál es exactamente ese riesgo? El artículo dice que la UNP hizo un estudio y rechazó la ampliación que Londoño solicitó. Eso sugiere que el riesgo actual no justifica más recursos. Entonces, ¿por qué justifica lo que ya tiene?
Mimi
Porque el riesgo existe, aunque no sea lo suficientemente alto para ampliar el esquema. Son dos cosas diferentes. El riesgo que enfrenta es real —es un exjefe paramilitar que negoció su salida de la guerra—, pero no es tan alto como para darle más de lo que ya tiene.
Mark
¿Y esos dieciséis escoltas? ¿Son policías, militares, contratistas privados? El artículo no lo especifica.
Luke
Exacto. El artículo nos da el costo —trece millones 800 mil pesos por escolta al mes— pero no nos dice quiénes son, de dónde vienen, quién los supervisa. Eso es un vacío importante.
Mimi
Probablemente sean agentes de la UNP, pero tienes razón en que no está claro. Lo que sí sabemos es que cada uno cuesta casi catorce millones mensuales, lo que es un gasto significativo solo en personal.
Mark
¿Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos está vigilando esto? ¿Eso significa que Colombia no podría reducir la protección aunque quisiera?
Mimi
Exactamente. Hay convenciones internacionales que obligan al Estado a mantener ciertos niveles de protección para los firmantes del acuerdo. Es una restricción que viene de afuera.
Luke
Pero eso también es importante contexto que falta en el artículo. Si Colombia está obligada internacionalmente a mantener este nivel de protección, entonces el debate no es realmente sobre si debería hacerlo, sino sobre cuánto cuesta cumplir con esas obligaciones.
Mimi
Y ese es el punto que Blanco estaba tratando de hacer en la Cámara. No es que el Estado esté siendo generoso; es que tiene obligaciones que cumplir.
El Pulso
- El director de la UNP reveló ante la Cámara de Representantes que el esquema de seguridad de Timochenko supera los 335 millones de pesos mensuales, una cifra que encendió el debate político.
- Londoño solicitó ampliar sus recursos de protección, pero la UNP se los negó tras concluir que no existía justificación suficiente en el estudio de riesgo.
- Los 16 escoltas absorben dos tercios del gasto mensual, mientras los 6 vehículos blindados representan el segundo rubro más costoso, dejando al descubierto la escala del dispositivo.
- El Estado no puede actuar con plena discrecionalidad: obligaciones del Acuerdo de Paz y la vigilancia de la CIDH condicionan cualquier decisión sobre estos esquemas.
- La revelación abrió una discusión más amplia sobre el uso de recursos de la UNP, con el caso de Londoño como epicentro por la magnitud de su presupuesto anual de más de cuatro mil millones de pesos.
En las postrimerías de septiembre de 2026, el Estado colombiano puso en cifras lo que cuesta honrar un acuerdo de paz: más de cuatro mil millones de pesos anuales para proteger a Rodrigo Londoño, exjefe de las Farc-EP, mientras cumple una sanción por crímenes de lesa humanidad. La Unidad Nacional de Protección reveló ante el Congreso el desglose de un esquema de 16 escoltas y 6 vehículos blindados, y confirmó que la solicitud de Londoño para ampliarlo fue rechazada tras un estudio de riesgo. El episodio ilumina una tensión permanente en las sociedades que transitan hacia la paz: el costo material y simbólico de proteger a quienes alguna vez fueron sus enemigos.
A finales de septiembre de 2026, el director de la Unidad Nacional de Protección, Didier Blanco, compareció ante la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes para exponer los detalles del esquema de seguridad asignado a Rodrigo Londoño —Timochenko—, exjefe de las Farc-EP y actual presidente del partido Comunes. Lo que salió a la luz sorprendió por su magnitud: el dispositivo cuesta al Estado más de cuatro mil millones de pesos al año.
El esquema está compuesto por 16 escoltas y 6 vehículos blindados. El gasto mensual asciende a 335 millones 673 mil pesos: el personal de seguridad representa 220 millones, las camionetas blindadas suman 107 millones, y el resto corresponde a combustible y peajes. Esa cifra anual no incluye armamento, chalecos antibalas ni sistemas de comunicación. En la misma sesión, Blanco confirmó que Londoño había pedido ampliar su protección, pero que un estudio de riesgo de la UNP concluyó que no había justificación para hacerlo.
Blanco explicó que los firmantes del Acuerdo de Paz tienen una condición especial dentro del sistema de protección colombiano. Varios exintegrantes de las Farc-EP cuentan con medidas supervisadas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que obliga al Estado a regirse por convenciones internacionales. Londoño cumple además una sanción de ocho años impuesta por la Jurisdicción Especial para la Paz por crímenes de lesa humanidad y secuestros.
La revelación de estas cifras abrió un debate más amplio sobre la asignación de recursos de la UNP. Aunque en la misma sesión se mencionó que el esquema de Juliana Guerrero había costado 739 millones de pesos, fue el caso de Londoño el que concentró la atención pública, convirtiendo los cuatro mil millones anuales en el punto de referencia de una discusión sobre cómo el Estado protege a quienes firmaron la paz.
El esquema de protección asignado a Rodrigo Londoño, conocido públicamente como Timochenko, volvió a ocupar el centro de la conversación política colombiana después de que el director de la Unidad Nacional de Protección expusiera sus detalles ante la Cámara de Representantes a finales de septiembre de 2026. Lo que emergió de esa sesión fue una cifra que sorprendió: el dispositivo de seguridad del exjefe paramilitar y actual presidente del partido Comunes cuesta al Estado más de cuatro mil millones de pesos anuales.
El 29 de septiembre, Didier Blanco compareció ante la Comisión Segunda para explicar la composición del esquema. Londoño cuenta con seis vehículos blindados y dieciséis hombres dedicados exclusivamente a su protección. Fue en esa misma sesión donde Blanco confirmó que el dirigente había solicitado una ampliación de sus recursos de seguridad, pero que un estudio de riesgo realizado por la UNP había concluido que no había justificación para otorgarle más.
Una fuente oficial de la UNP proporcionó a Infobae Colombia el desglose detallado de estos costos. El gasto mensual del dispositivo asciende a 335 millones 673 mil 142 pesos. Proyectado a un año completo, la cifra llega a cuatro mil 28 millones de pesos, sin contar los gastos adicionales en armamento, chalecos antibalas, sistemas de comunicación y otros elementos operativos que hacen funcionar un esquema de esta envergadura.
Los dieciséis escoltas concentran la mayor parte de esa inversión. Cada uno tiene un costo mensual de trece millones 800 mil pesos, lo que suma 220 millones 800 mil pesos mensuales solo en personal de seguridad. Los seis vehículos blindados representan el segundo rubro más significativo: cada camioneta cuesta 17 millones 903 mil 857 pesos al mes, para un total de 107 millones 423 mil 142 pesos mensuales. A esto se suman siete millones 200 mil pesos en combustible —aproximadamente un millón 200 mil por vehículo— y 250 mil pesos en peajes. Estos cuatro componentes conforman el cálculo base que llega a los 335 millones mensuales.
Blanco aclaró durante su intervención que los firmantes del Acuerdo de Paz tienen una condición particular dentro del sistema estatal de protección colombiano. Señaló además que varios de los antiguos integrantes de las Farc-EP cuentan con medidas que están bajo observación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, lo que significa que el Estado debe regirse por convenciones internacionales al momento de tomar decisiones sobre sus esquemas de seguridad. Londoño cumple una sanción de ocho años impuesta por la Jurisdicción Especial para la Paz por crímenes de lesa humanidad y secuestros, y la protección estatal se mantiene tanto por la evaluación de riesgo como por las obligaciones derivadas del proceso de paz.
La revelación de estas cifras abrió una discusión más amplia sobre el uso de los recursos de la UNP. En la misma sesión, Blanco mencionó que el esquema asignado a Juliana Guerrero había alcanzado un costo de 739 millones de pesos para el Estado. Sin embargo, fue el caso de Londoño el que concentró la atención, particularmente por la magnitud de su presupuesto anual y por el hecho de que su solicitud de ampliación había sido rechazada tras el estudio de riesgo. La cifra de más de cuatro mil millones anuales, sin incluir gastos operativos adicionales, quedó como el punto de referencia en un debate que toca cuestiones fundamentales sobre cómo el Estado asigna recursos a la seguridad de exfuncionarios y firmantes de acuerdos de paz.
Citas Notables
Timochenko tiene 6 blindadas y 16 hombres de protección. Pidió una extensión, se le hizo su estudio y el estudio arrojó que no se le podía implementar más— Didier Blanco, director de la Unidad Nacional de Protección
Los firmantes del proceso de paz tienen una condición particular dentro del sistema estatal de protección, y muchas veces tenemos que regirnos por convenciones internacionales— Didier Blanco, director de la Unidad Nacional de Protección
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