Esposada de pies y manos: el esquema de seguridad con el que trasladaron a 'Epa Colombia' en Ibagué

Los videos comenzaron a circular el viernes 11 de septiembre en las redes sociales, mostrando a Daneidy Barrera Rojas, conocida como 'Epa Colombia', siendo trasladada fuera del Complejo Carcelario y Penitenciario de Ibagué. En las imágenes se ve a la empresaria con dispositivos de sujeción en ambas manos y ambos pies, conectados por una cadena que limita sus movimientos. Funcionarios del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) la escoltan durante el recorrido. Lo que inicialmente se interpretó como un traslado a una audiencia judicial resultó ser, según confirmó el Inpec a este diario, una salida para recibir atención médica el jueves 10 de septiembre.

Barrera Rojas cumple una condena de cinco años y tres meses por daño en bien ajeno, perturbación del servicio público de transporte e instigación a delinquir con fines de terrorismo. Los cargos están vinculados a noviembre de 2019, cuando durante el Paro Nacional fue grabada golpeando con un martillo parte de una estación de TransMilenio en Bogotá. Su recorrido por el sistema penitenciario ha sido extenso: comenzó en la cárcel El Buen Pastor, fue trasladada en agosto de 2025 a la Escuela de Carabineros de la Policía Nacional en Bogotá, y finalmente llegó a Ibagué el 7 de agosto de 2026.

Cuando se le preguntó al Inpec si el esquema de seguridad observado en los videos era exclusivo para Barrera Rojas, la entidad aclaró que se trata de nuevas medidas de seguridad adoptadas para todos los desplazamientos de personas privadas de la libertad. El traslado de Barrera Rojas ocurrió durante movimientos penitenciarios más amplios realizados en los primeros días de agosto. Mediante la Resolución 006052 del 6 de agosto de 2026, el Inpec ordenó inicialmente 167 traslados durante la transición entre los gobiernos de Gustavo Petro y Abelardo De La Espriella. Sin embargo, cuando respondió un derecho de petición presentado por este diario, la entidad reveló que durante los días 7 y 8 de agosto fueron trasladadas 403 personas privadas de la libertad: 39 el 7 de agosto y 364 el 8 de agosto. En el caso específico de Barrera Rojas, el Inpec registró como razón del traslado la búsqueda de "otro centro de reclusión que ofrezca mayores condiciones de seguridad".

La defensa de Barrera Rojas, representada por la abogada Wendy Herrera, ha cuestionado las condiciones de su reclusión y adelanta acciones jurídicas para obtener su libertad. Herrera ha señalado que su cliente ha sido víctima de lo que describe como tortura psicológica, incluyendo advertencias desde abril sobre un traslado programado para el 7 de agosto. Según la abogada, Barrera Rojas ha padecido ansiedad crónica y procesos psicológicos severos agravados por la separación de su hija pequeña. "Ella ha venido teniendo muchos padecimientos de ansiedad crónica, también procesos psicológicos crónicos muy fuertes por el no poder estar con su hija", afirmó Herrera. La abogada ha presentado denuncias relacionadas con estas situaciones y considera que su cliente requiere acompañamiento médico profesional.

Herrera ha diferenciado entre el traslado penitenciario en sí y las acciones jurídicas que está desarrollando para recuperar la libertad de su cliente. En declaraciones a Caracol Televisión, sostuvo que Barrera Rojas ya ha respondido ante las autoridades por los hechos por los que fue condenada. "Daneidy Barrera no representa un peligro para Colombia ni mucho menos para la víctima, en este caso TransMilenio. Ya ella cumplió con esa responsabilidad", manifestó. Según Herrera, en el establecimiento de Ibagué, Barrera Rojas comparte celda con otras mujeres en un patio donde, aunque las condiciones no son óptimas, se encuentra en un ambiente seguro bajo la dirección de una directora que la abogada describe como competente.

Estas nuevas medidas de seguridad para desplazamientos de internos se enmarcan en las decisiones más amplias adoptadas por el presidente Abelardo De La Espriella respecto al sistema penitenciario. El 25 de agosto, De La Espriella anunció una operación para trasladar a 20 personas privadas de la libertad desde Barranquilla hacia establecimientos penitenciarios de Bogotá, diez de ellas desde estaciones de Policía y diez desde la Cárcel Distrital de Alto Poder Criminal. El presidente describió la operación como desarrollada bajo "rigurosas, máximas y extremas medidas de seguridad" con apoyo de la Fuerza Pública. En una publicación en X, De La Espriella afirmó: "Por orden mía directamente, el Inpec está poniendo fin a las zonas de confort de quienes pretenden seguir delinquiendo desde las cárceles". El mandatario también declaró: "Desde las cárceles no se extorsiona, no se amenaza ni se dirige el crimen" y "Se acabaron los privilegios y la alcahuetería con el crimen".