En el otoño de 2026, el Ministerio del Interior español se vio obligado a pedir disculpas después de que trascendiera la existencia de un dosier de 54 páginas que catalogaba a 280 periodistas y tertulianos según su afinidad ideológica. El ministro Fernando Marlaska defendió el documento como simple material de trabajo administrativo, aunque la revelación encendió un debate que va más allá del incidente puntual: ¿hasta dónde puede llegar el Estado en su conocimiento categorizado de quienes ejercen la libertad de prensa? El episodio sitúa a España ante una pregunta que toda democracia debe hacer