España propone un fondo europeo de emergencias climáticas financiado con impuestos a petroleras y jets privados

El verano de 2026 dejó un rastro de destrucción en buena parte de Europa. Olas de calor extremo arrasaron Alemania, Francia y España, disparando las muertes relacionadas con las altas temperaturas y alimentando incendios que se propagaron sin control. Fue un recordatorio brutal de lo que significa el cambio climático cuando deja de ser una abstracción y se convierte en ceniza y cuerpos. Ante esa realidad, una pregunta incómoda flotaba sobre Bruselas: ¿está realmente preparada la Unión Europea para lo que viene?

La respuesta oficial es no. Ni siquiera la propia Comisión Europea lo niega. Por eso este otoño presentará lo que ha llamado el Marco Europeo Integrado de Resiliencia Climática, un plan ambicioso pensado para que la UE se adelante a los impactos de una crisis que solo se agravará. El Ministerio para la Transición Ecológica español ha estado en el centro de esos debates, y esta semana envió a Wopke Hoekstra, el comisario europeo de Clima, un documento que refleja la postura final de Madrid. En él, España pide la creación de un sistema permanente de respuesta a emergencias climáticas de la UE, algo que vaya más allá de parches y reacciones tardías.

La propuesta es ambiciosa en su alcance. España aboga por reformar los mecanismos existentes para crear una capacidad plenamente integrada y de despliegue rápido, dotada de recursos compartidos. Esto incluiría, por ejemplo, una flota aérea europea dedicada exclusivamente a la extinción de incendios. Pero el documento va mucho más lejos. No se trata solo de responder mejor a las crisis cuando ocurren, sino de anticiparse a ellas mediante un enfoque global de adaptación. Sara Aagesen, vicepresidenta tercera y ministra de Transición Ecológica, lo expresó con claridad: no se puede seguir inventariando pérdidas. Es momento de anticiparse. Por eso España propone la creación de un fondo europeo de adaptación climática específico, diseñado para financiar todas esas políticas de protección y respuesta que Europa necesita desesperadamente.

Pero un fondo requiere dinero, y aquí es donde la propuesta española se vuelve más provocadora. El documento sugiere financiar este fondo mediante mecanismos innovadores, incluyendo gravámenes relacionados con el clima e instrumentos fiscales nuevos. Específicamente, propone una tasa a los vuelos de lujo, algo que Francia ha defendido durante años. Más importante aún, sugiere un impuesto europeo de resiliencia climática sobre los beneficios del sector del petróleo y gas. A diferencia de los gravámenes anteriores, este sería estable y permanente, no ligado a picos de beneficios como los que se vieron durante las crisis de Ucrania e Irán. La lógica es directa: quienes más han ganado con los combustibles fósiles que causan el cambio climático deberían financiar la adaptación a sus consecuencias.

Esta idea no es nueva en los círculos diplomáticos climáticos, pero está ganando tracción. En agosto, seis países de la UE —Alemania, Italia, Austria, Polonia, Portugal y España— pidieron conjuntamente el establecimiento de este instrumento fiscal. El Ministerio de Transición Ecológica espera que más gobiernos de los Veintisiete se sumen en los próximos días. Además de los impuestos, España también propone explorar instrumentos comunes de deuda europea para ayudar a reducir la brecha de financiación que existe actualmente.

Otro aspecto crucial de la propuesta es el seguro. Bruselas y el departamento de Aagesen están preocupados por los ciudadanos que podrían quedar fuera del sistema de seguros tradicionales cuando eventos extremos como incendios o inundaciones los golpeen. España propone un plan de reaseguro público-privado europeo que agrupe riesgos entre los Estados miembros, ampliando la cobertura y diversificando la exposición mientras se beneficia de economías de escala. Las primas se basarían en el riesgo, y el modelo podría financiarse mediante la emisión de bonos de riesgo climático que se activarían en caso de eventos extremos. Esta idea ya fue considerada por la Comisión Europea en 2017, pero Berlín la rechazó entonces. Casi una década después, con los impactos del cambio climático acrecentándose año tras año, el contexto ha cambiado.

Europa se está calentando más rápido que cualquier otro continente, aproximadamente al doble de la tasa media mundial, según señala Aagesen en una carta que también remitió a Hoekstra. Muchos Estados miembros están altamente expuestos, y los enfoques reactivos simplemente no son suficientes. Por eso el Gobierno español insiste en que el marco europeo que lance la Comisión necesita un componente legislativo sólido con objetivos de adaptación vinculantes a corto, medio y largo plazo. Estos objetivos deberían enfocarse inicialmente en sectores estratégicos en riesgo: agua, salud, infraestructuras, bosques, biodiversidad, turismo, agricultura y pesca. Luego deberían extenderse gradualmente a todos los sectores sociales y económicos.

España también quiere que la UE establezca el requisito de que todos los procesos públicos de planificación y toma de decisiones evalúen e integren sistemáticamente los riesgos climáticos. Esto significa que los riesgos climáticos deben estar en el corazón del diseño de infraestructuras, instrumentos de inversión, ordenación del territorio y políticas sectoriales. Las decisiones que se tomen hoy deben seguir siendo sólidas frente a escenarios climáticos futuros. No hacerlo saldrá más caro. Los Estados miembros de la UE han acumulado 822.000 millones de euros en pérdidas asociadas a fenómenos meteorológicos extremos y relacionados con el clima desde 1980. Solo entre 2021 y 2024, las pérdidas ascendieron a aproximadamente 208.000 millones de euros. Los impactos climáticos no son solo un desafío ambiental, sino un riesgo creciente para la seguridad europea, la competitividad y la prosperidad. La pregunta ahora es si Bruselas escuchará.