España lidera el encarecimiento de carburantes en Europa tras retirar ayudas fiscales

A mediados de agosto, mientras millones de españoles se desplazaban por carretera en plena temporada estival, los surtidores del país experimentaban un encarecimiento sin precedentes en el contexto europeo. En apenas seis semanas, desde el arranque del verano, la gasolina había subido un 18,4% y el gasóleo un 21,1%. Ambas cifras superaban ampliamente la media de la Unión Europea, donde la gasolina se había incrementado un 8,8% y el gasóleo un 17,3%. España se situaba así entre los países con escaladas más aceleradas del continente, un fenómeno que los analistas atribuían a una combinación de factores que, a primera vista, parecían contradictorios.

El Gobierno había puesto en marcha un paquete de ayudas fiscales tras el estallido de las tensiones en Oriente Próximo, reduciendo tanto el impuesto especial de hidrocarburos como el IVA. Pero a partir de julio, comenzó a retirar progresivamente esas medidas. El IVA recuperó su tipo general del 21% el primer día de julio, mientras que las bonificaciones en el impuesto de hidrocarburos se redujeron a 15 céntimos en julio y a 10 céntimos en agosto. En conjunto, esas ayudas habían significado una rebaja de aproximadamente 20 céntimos por litro. Para Jorge León, jefe de análisis geopolítico en Rystad Energy, esta retirada escalonada explicaba la distinta evolución de los precios entre España y el resto de la UE.

Pero había otro factor en juego, quizá más estructural. En España, los impuestos sobre gasolina y gasóleo representaban tradicionalmente el 49% y el 44% del precio final respectivamente. Esa carga fiscal era significativamente menor que en otros países europeos. Italia, la mayor economía de la región, gravaba sus combustibles con impuestos que representaban el 55% de la gasolina y el 51% del gasóleo. En Alemania y Francia, los precios superaban con holgura los dos euros por litro. Roberto Gómez-Calvet, profesor de la Universidad Europea de Valencia, explicaba que esa menor fiscalidad hacía que la parte móvil del precio, aquella que oscilaba con las cotizaciones internacionales del petróleo, tuviera más peso en España. Cuando el crudo subía en los mercados globales, el impacto en el surtidor español era más pronunciado.

Inés Cardenal, directora de Comunicación y Asuntos Legales de la Asociación de la Industria del Combustible en España, que representa a grandes petroleras como Repsol, Moeve, Galp y BP, coincidía en ese diagnóstico. La diferencia porcentual más alta en España no significaba que las estaciones trasladaran las variaciones con mayor o menor rapidez, sino que la proporción de impuestos era menor y, por tanto, la parte no impositiva, vulnerable a las fluctuaciones internacionales, era mayor.

Sin embargo, desde las asociaciones de consumidores surgían dudas sobre cómo las gasolineras respondían a esas rebajas fiscales. Un portavoz de Facua señalaba que bajar el impuesto de hidrocarburos era un mero maquillaje fiscal que no garantizaba que las estaciones repercutieran el descuento directamente en los precios al consumidor. Más aún, denunciaba que en reiteradas ocasiones las gasolineras habían aprovechado los descuentos para aumentar sus márgenes de beneficio. AICE rechazaba categóricamente esa acusación, afirmando que en España se trasladaban correctamente los cambios en las cotizaciones internacionales y que un informe reciente de la CNMC corroboraba la transparencia y responsabilidad de sus compañías.

Jordi Perdiguero, profesor agregado del departamento de Economía Aplicada de la UAB, aportaba un matiz importante. Había detectado que al menos seis o siete céntimos de la rebaja del gasóleo no llegaban al surtidor, algo que no sucedía con la gasolina. Además, señalaba que el crecimiento de las gasolineras de bajo coste, con márgenes muy ajustados, contribuía a que los precios subieran con más fuerza. Esas estaciones no tenían capacidad para absorber aumentos repentinos de costes y debían trasladarlos íntegramente a los consumidores.

A finales de agosto, el Gobierno activó una de las cláusulas de salvaguarda contempladas en su paquete anticrisis. Como el gasóleo había subido más del 15% interanual en el IPC de julio, el descuento sobre el impuesto de hidrocarburos pasaría a 20 céntimos por litro a partir de septiembre. La gasolina, en cambio, vería reducida su bonificación de 10 a 5 céntimos, conforme a la hoja de ruta original. El debate sobre si esas medidas llegarían realmente a los bolsillos de los conductores permanecía abierto.