España abre el camino para regular democráticamente las redes sociales

España se encuentra en un momento decisivo respecto a cómo gobernar las redes sociales. El Congreso tramita enmiendas a la Ley de Entornos Digitales que podrían situar al país en la vanguardia de un debate que ya ocurre en todo el mundo: quién establece las reglas en las plataformas digitales, si los parlamentos y la ciudadanía o si continúan haciéndolo un puñado de gigantes tecnológicos estadounidenses que han convertido la atención y los datos de las personas en un negocio masivo.

Durante años se ha presentado a las redes sociales como herramientas neutras que usamos libremente. La realidad es distinta. Están construidas para mantener a los usuarios dentro, para que vean un vídeo más, para que regresen cuando suena una notificación, para que compartan más datos y más tiempo. Lo que está diseñado políticamente también puede regularse políticamente, y eso es lo que proponen las enmiendas presentadas por Sumar y el PSOE: cambiar de fondo quién carga con la responsabilidad de los daños que generan estas plataformas.

La primera enmienda establece los 16 años como edad mínima para acceder a redes sociales que no demuestren condiciones suficientes de seguridad y protección de derechos. No se trata de prohibir internet ni de impedir el acceso a enciclopedias digitales, plataformas educativas o herramientas de investigación. Se trata específicamente de redes comerciales construidas sobre recomendación algorítmica, publicidad personalizada, contacto con desconocidos y extracción masiva de datos. Si una plataforma quiere estar abierta a menores de 16 años, deberá demostrar ante la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia que no utiliza diseños adictivos, que no expone a niños y adolescentes a contenidos perjudiciales, que protege su privacidad y que no hace negocio con su vulnerabilidad.

La segunda enmienda aborda la amplificación algorítmica de contenidos dañinos. Hay una diferencia fundamental entre que un usuario publique contenido ilegal y que una plataforma lo recomiende, lo priorice y lo distribuya porque genera más tiempo de permanencia e interacción. Los algoritmos no son fuerzas de la naturaleza. Alguien los diseña, alguien decide para qué sirven y alguien gana dinero con sus efectos. Cuando una plataforma utiliza sus sistemas para amplificar contenidos que incitan al suicidio, que contienen abuso sexual infantil, deepfakes sexuales o delitos de odio, debe haber responsabilidad. También se prevé responsabilidad para directivos que conozcan ese efecto y no actúen, y consecuencias ante el incumplimiento de órdenes judiciales de retirada de contenidos ilícitos.

Para que esta ley sea útil, no basta hablar en abstracto de diseños adictivos. Hay que ser concreto. El scroll infinito elimina la pausa y convierte el consumo en una cadena sin fin. Las notificaciones push, los nudges y la reproducción automática están diseñados para interrumpir y empujar a volver. Los sistemas de recomendación se optimizan para maximizar el tiempo de permanencia: si una adolescente mira contenidos sobre cuerpos imposibles o dietas extremas, el algoritmo no puede seguir empujándole más de lo mismo. La publicidad dirigida a menores basada en datos personales es explotación: una chica con anorexia no puede recibir anuncios de aplicaciones para adelgazar porque una plataforma ha detectado su vulnerabilidad. Los mensajes efímeros y los canales opacos pueden ser utilizados para grooming y acoso sexual. Con menores, la seguridad no puede estar escondida en un menú de configuración. Y las cuentas infantiles no pueden estar configuradas como públicas por defecto; la privacidad debe ser el punto de partida.

Pero restringir estas funcionalidades no será suficiente si los usuarios siguen atrapados en monopolios. Mucha gente no abandona una red social aunque sea tóxica porque allí están sus amistades, sus contactos, su comunidad. Irse significa desaparecer. Cuando irse significa desaparecer, la libertad de elección no es real. Por eso la interoperabilidad debe entrar en este debate. Interoperabilidad significa que una persona pueda cambiar de plataforma sin perder su vida social digital, que pueda comunicarse con sus contactos aunque estén en otra red, que pueda trasladar sus datos. Esto permitiría que nacieran alternativas más seguras, más democráticas, más europeas, públicas, cooperativas o de interés social.

La interoperabilidad transformaría el mercado. Obligaría a las redes sociales a competir por la calidad de sus servicios, incluida la seguridad. Si una plataforma empeora o sigue basando su negocio en enganchar a menores, los usuarios tendrían una vía de escape. Hoy no la tienen. Permitiría que startups, desarrolladores de interés público, universidades y proyectos europeos crearan nuevas herramientas de seguridad y nuevos sistemas de recomendación. Abriría camino a redes más seguras e innovación europea. Europa no puede seguir actuando como si la vida digital de millones de personas fuera un asunto privado entre usuarios y plataformas. Buena parte de esa vida está diseñada por grandes corporaciones estadounidenses que no responden ante nuestras comunidades democráticas. Regular las redes sociales no es estar contra la tecnología. Es decidir democráticamente qué tecnología queremos. La Ley de Entornos Digitales puede marcar un camino. España puede situarse en la primera línea de un debate mundial que ya ha empezado: cómo poner límites democráticos a las grandes plataformas, cómo proteger a la infancia y cómo recuperar soberanía frente a los oligopolios digitales.