No encontraron evidencia suficiente para decir si los números son reales
El revisor fiscal emitió abstención de opinión —la calificación más severa— por falta de evidencia suficiente sobre la realidad financiera de Air-e tras dos años de intervención estatal. Se documentaron 68 asesores contratados, 25 reportando directamente a interventores; contratos cuestionables con Fundación Oleoductos ($15 mil millones) e Intereaseo ($141 mil millones); y fallas críticas de control interno.
- 68 asesores contratados durante intervención, 25 reportando directamente a interventores
- Pérdidas netas de 1.159.420 millones de pesos en 2025
- Patrimonio reducido 80% en un año: de 2.218.357 millones a 131.500 millones
- Contrato con Fundación Oleoductos por 15.000 millones; con Intereaseo por 141 mil millones
- Contador responsable es primo del ministro Edwin Palma, quien como interventor autorizó contratos irregulares
Un dictamen de revisor fiscal documenta 68 contrataciones irregulares, contratos cuestionables por miles de millones y colapso financiero durante la intervención gubernamental de Air-e, con pérdidas de $1.159 billones en 2025.
El dictamen de un revisor fiscal, fechado en mayo de 2026, pinta un cuadro de desorden administrativo y financiero sin precedentes en Air-e durante los dos años que la empresa ha estado bajo control del Estado. El documento, al que accedió Semana, revela que la compañía contrató a 68 asesores y especialistas durante la intervención, de los cuales aproximadamente 25 reportaban directamente al despacho de los agentes interventores. Esta expansión acelerada de personal temporal ocurrió mientras la empresa se desmoronaba financieramente, acumulando pérdidas netas de 1.159.420 millones de pesos en 2025 solo.
La conclusión del revisor fiscal fue una abstención de opinión, la calificación más severa que puede emitir un auditor. Significa que no encontró evidencia suficiente para determinar si los números de la compañía reflejaban su realidad financiera. Esta fue la misma decisión que tomó Ernst & Young al cierre de 2024, el primer año de intervención estatal. En contraste, para 2023, cuando Air-e aún era operada por privados, Ernst & Young había emitido una opinión sin salvedades. El cambio es dramático y señala un deterioro acelerado bajo la administración gubernamental.
Entre los hallazgos más problemáticos está un contrato de gestión social suscrito con la Fundación Oleoductos S.A.S. por 15.000 millones de pesos. Air-e había reconocido 4.100 millones en costos antes de que, en febrero de 2026, la nueva agente interventora decidiera retener el pago y cancelar el acuerdo. El revisor fiscal advirtió que esta reversión posterior no corrige el problema de fondo: los estados financieros de 2025 quedaron con costos sobreestimados por esa misma cantidad. Igualmente preocupante es un acuerdo con Intereaseo, empresa del empresario William Velez, que fue suscrita a pesar de existir un litigio pendiente. Al 31 de diciembre de 2024, había saldos a favor de ese tercero por 141 mil millones de pesos, pero el revisor fiscal no pudo acceder al contrato completo debido a cláusulas de confidencialidad que la administración invocó.
Las fallas de control interno documentadas son extensas y sin matices. No hubo arqueos integrales de caja durante todo 2025. Persisten diferencias entre el sistema contable y el sistema comercial. Hay partidas conciliatorias bancarias con más de un año de antigüedad sin depurar. Los registros de firmas autorizadas en cuentas bancarias incluían a personas que ya no trabajaban en la empresa. El revisor fiscal concluyó que el sistema de control interno no es adecuado ni suficiente frente al tamaño, complejidad y volumen de las operaciones.
Otro problema grave: la empresa no logró respuestas a un número considerable de verificaciones externas que el auditor envió a terceros. De 34 solicitudes sobre cuentas por cobrar, no hubo respuesta de 31, por un valor de 123 mil millones de pesos. Dieciséis entidades financieras circularizadas tampoco respondieron, ni una entidad vinculada a una cuenta de inversión en el exterior por 1.708 millones.
El cuadro financiero de fondo explica por qué cada hallazgo pesa tanto. Air-e registró pérdidas netas de 1.159.420 millones en 2025 y patrimonio negativo. En muchos meses, los ingresos no alcanzaron a cubrir los costos operativos. El dictamen señala que, a la fecha de su emisión, no se evidenciaba la existencia de una solución empresarial, un cronograma de transición ni una estrategia integral de mitigación de riesgos. La Contraloría General de la República había advertido días antes que el patrimonio se redujo de 2.218.357 millones de pesos a 131.500 millones en un solo período, una disminución superior al 80 por ciento.
Detrás de estas cifras están decisiones específicas. Edwin Palma, quien fue interventor de Air-e y ahora es ministro de Minas y Energía, firmó un contrato marco sin valor inicial y vigencia indefinida que terminó favoreciendo a empresas presuntamente vinculadas a su jefe de compras, Hernán Alberto Silva. Una de ellas, Macro Integral Soluciones, ganó la licitación apenas un día después de haber sido constituida. El contrato desembolsó más de 14.000 millones de pesos, en buena parte como anticipos, antes de ser suspendido. Documentos muestran que Silva y su esposa pagaron la constitución de esa empresa y de otra participante en la convocatoria, ambas con la misma dirección de domicilio que una firma presuntamente de su propiedad. La fiscalía ya compulsó copias contra Palma por estas irregularidades.
Ahora, el contador de Air-e responsable de las irregularidades documentadas en el informe es Juan Pablo Nieto Egea, primo hermano del ministro Palma. Nieto fue nombrado por Palma durante su paso como interventor. Con el patrimonio colapsado, sin estrategia visible de recuperación y con investigaciones fiscales en curso, Air-e enfrenta un futuro incierto mientras millones de usuarios en la costa colombiana dependen de su servicio eléctrico.
Notable Quotes
No se evidencia la existencia de una solución empresarial, un cronograma de transición ni una estrategia integral de mitigación de riesgos— Revisor fiscal en dictamen de mayo de 2026
La disminución del patrimonio de 2.218.357 millones de pesos a 131.500 millones, en un solo periodo, refleja una pérdida significativa del valor patrimonial de la empresa, con un efecto directo en su solvencia y capacidad de inversión— Contraloría General de la República
The Hearth Conversation Another angle on the story
¿Por qué importa tanto que el revisor fiscal haya emitido una abstención de opinión?
Porque es la peor calificación posible. No significa que encontraron fraude; significa que no encontraron suficiente evidencia para siquiera decir si los números son reales. Es como si un médico dijera: no tengo suficiente información para diagnosticarte. Eso es grave en una empresa que suministra electricidad a millones de personas.
¿Cómo se contratan 68 asesores mientras una empresa se desmorona?
Eso es lo que el revisor fiscal cuestionó explícitamente. Dice que necesitaban documentar la necesidad del servicio, los criterios de contratación, la aprobación. No hay evidencia de que lo hicieran. Es como si durante una crisis, alguien decidiera expandir la nómina sin justificación clara.
¿Qué significa que el contador sea primo del ministro Palma?
Que hay un conflicto de interés evidente. Palma, como interventor, autorizó contratos cuestionables. Luego nombró a su primo como contador. Ahora ese primo es responsable de reportar sobre esos mismos contratos. La fiscalía ya está investigando a Palma por eso.
¿Por qué no respondieron a las verificaciones externas?
Eso es un misterio que el revisor fiscal no pudo resolver. De 34 solicitudes sobre cuentas por cobrar, 31 no respondieron. Eso representa 123 mil millones de pesos que el auditor no pudo confirmar. Es un agujero enorme en la información.
¿Qué pasa ahora con Air-e?
Eso es lo más urgente. El patrimonio se redujo 80 por ciento en un año. No hay estrategia visible de recuperación. Y la empresa suministra electricidad a la costa. Si colapsa, colapsa el servicio.