No vamos a parar de desnudarlas y venderlas
En Buenos Aires, alumnas menores de edad de dos prestigiosas escuelas secundarias descubrieron que compañeros habían fabricado y vendido imágenes sexuales de ellas generadas con inteligencia artificial, sin su conocimiento ni consentimiento. El hallazgo de un archivo compartido con nombres, fotos manipuladas y precios de venta desencadenó protestas, amenazas y, finalmente, tres denuncias ante la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Informáticos. Lo que ocurrió en esos pasillos no es un accidente tecnológico ni una travesura adolescente: es el reflejo de una violencia de género que encuentra en las herramientas digitales un nuevo y brutal escenario.
- Alumnas de segundo año del Carlos Pellegrini encontraron un drive con sus nombres, sus rostros pegados en cuerpos desnudos generados por IA y un precio de venta: diez imágenes por mil pesos.
- La noticia se propagó por redes sociales el domingo, y el lunes siguiente las víctimas se negaron a entrar a clases; hubo ruidazos, sentadas de protesta y los acusados debieron ser retirados por sus padres para evitar agresiones.
- Una amenaza escrita dejada en un pupitre —'no vamos a parar de desnudarlas y venderlas'— convirtió lo que las familias querían resolver internamente en una causa penal formal con tres denuncias ante la fiscalía.
- La Unidad Fiscal Especializada en Delitos Informáticos intervino, pero dado que los autores son menores de edad, la respuesta combinará el sistema de protección institucional con las autoridades escolares de ambos colegios dependientes de la UBA.
- Las víctimas exigen no compartir aula con los acusados; la Comisión de Géneros del Centro de Estudiantes advierte que el caso no es aislado, sino una expresión de la violencia de género que atraviesa toda la sociedad.
El miércoles por la tarde, tres denuncias llegaron a la Unidad Fiscal Especializada en Delitos Informáticos de Buenos Aires. Una la presentó una víctima, otra un organismo público, la tercera era anónima. Todas describían lo mismo: alumnas de segundo año del Carlos Pellegrini habían descubierto que compañeros suyos, junto con estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires, vendían imágenes manipuladas de ellas mediante inteligencia artificial.
Las chicas se enteraron al encontrar un archivo compartido en la nube con sus nombres, sus fotos y un catálogo con precios: diez imágenes por mil pesos. Algunas mostraban sus rostros superpuestos digitalmente sobre cuerpos desnudos generados por IA; otras eran fotos reales robadas de sus redes sociales y alteradas. No hubo consentimiento. Solo un catálogo.
La noticia circuló el domingo por redes sociales. El lunes, las víctimas se negaron a entrar a clases. Hubo protestas en los pasillos y los estudiantes señalados como responsables no pudieron salir solos del edificio: afuera los esperaban otros alumnos. Al martes siguiente, alguien dejó una amenaza escrita en un pupitre: "No vamos a parar de desnudarlas y venderlas". Esa frase transformó lo que las familias querían resolver puertas adentro en una causa penal.
La rectora del Pellegrini reconoció que la escuela ya había suspendido a algunos estudiantes y activado talleres de convivencia, pero admitió los límites de la institución: los hechos habían ocurrido en espacios privados. El Colegio Nacional también emitió un comunicado y activó su Oficina de Género. Sin embargo, la pregunta de fondo permanecía: ¿cómo un grupo de adolescentes había llegado a tratar los cuerpos de sus compañeras como mercancía?
La Comisión de Géneros del Centro de Estudiantes del Pellegrini respondió sin eufemismos: "Nada de esto puede entenderse como un hecho aislado, sino como una manifestación de la violencia de género que atraviesa a toda la sociedad y que también está presente en nuestras escuelas". Las víctimas, mientras tanto, siguen pidiendo no compartir aula con quienes las explotaron.
El miércoles por la tarde, tres denuncias cruzaron el escritorio de la Unidad Fiscal Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas de la ciudad de Buenos Aires. Una era de una víctima. Otra provenía de un organismo público. La tercera llegó sin nombre. Todas contaban la misma historia: alumnas de segundo año de la Escuela Superior de Comercio Carlos Pellegrini habían descubierto que sus compañeros, junto con estudiantes del Colegio Nacional de Buenos Aires, estaban vendiendo imágenes manipuladas de ellas.
Las chicas se enteraron cuando encontraron un archivo compartido en la nube. Contenía sus nombres, sus fotos, y un precio: diez imágenes por mil pesos. Algunas eran rostros de ellas pegados digitalmente en cuerpos desnudos, generados por inteligencia artificial. Otras eran fotos reales robadas de sus redes sociales, alteradas para mostrarlas sin ropa. No había consentimiento. No había negociación. Solo había un catálogo.
La noticia se propagó el domingo anterior a través de mensajes en redes sociales. Alumnas de ambas escuelas, ambas dependientes de la Universidad de Buenos Aires, comenzaron a advertir a otras: "Ya ni en tus amigos podés confiar". El lunes 29 de junio, cuando las víctimas volvieron al Pellegrini, se negaron a entrar a clase. Había ruidazos en los pasillos. Sentadas de protesta. Las autoridades intervinieron. Los estudiantes señalados como responsables no pudieron salir de la escuela ese día: sus padres tuvieron que ir a buscarlos porque afuera los esperaban otros alumnos para agredirlos, les tiraban huevos.
El martes no fueron a clases. Una semana después, el lunes siguiente, algunos regresaron. Ese mismo día, alguien dejó un mensaje en uno de los pupitres: "Ustedes nos pueden delatar, pero no vamos a parar de desnudarlas y venderlas". La amenaza era clara. La intención, también.
Al principio, las víctimas y sus familias querían resolver todo dentro de la escuela. No hablaron con los medios. No hicieron denuncias penales. Pero la situación se volvió insostenible. Las alumnas, menores de edad, no querían compartir aula con quienes las habían explotado. Pedían que fueran separados del curso o expulsados. Fue entonces cuando las denuncias llegaron a la fiscalía.
La rectora del Pellegrini, Ana Barral, explicó que la escuela ya estaba actuando. Había suspendido a algunos estudiantes. Estaba recabando información mediante entrevistas. Pero también reconoció los límites: los hechos habían ocurrido en espacios privados, aunque con impacto directo en la convivencia escolar. La escuela trabajaba en talleres sobre bullying, ciberbullying, masculinidades. Tenía un Consejo de Convivencia. Pero esto era distinto. Esto era explotación sexual digital de menores.
Desde el Colegio Nacional de Buenos Aires también emitieron un comunicado. Abrieron canales de escucha. Activaron su Oficina de Género. Ofrecieron contención. Pero como en el Pellegrini, la pregunta de fondo permanecía: ¿cómo había llegado a esto? ¿Cómo un grupo de adolescentes había naturalizado la idea de que los cuerpos de sus compañeras eran mercancía?
La Comisión de Géneros del Centro de Estudiantes del Pellegrini lo dijo sin rodeos: "Resulta indignante y difícil de creer. Pero también nos lleva a pensar que ciertas conductas naturalizadas en la vida cotidiana hacen que enterarnos de casos así no sea algo tan impensado". Pidieron que no se obligara a las víctimas a convivir con los agresores. Llamaron a romper el silencio. Y concluyeron con una advertencia que trasciende a ambas escuelas: "Nada de esto puede entenderse como un hecho aislado, sino como una manifestación de la violencia de género que atraviesa a toda la sociedad y que también está presente en nuestras escuelas".
Citações Notáveis
Ya ni en tus amigos podés confiar— Mensaje circulado en redes sociales por alumnas denunciando los hechos
Nada de esto puede entenderse como un hecho aislado, sino como una manifestación de la violencia de género que atraviesa a toda la sociedad y que también está presente en nuestras escuelas— Comisión de Géneros del Centro de Estudiantes del Pellegrini
A Conversa do Hearth Outra perspectiva sobre a história
¿Por qué tardó tanto en escalarse a la justicia si las alumnas se enteraron el domingo?
Porque pidieron explícitamente manejar el tema puertas adentro. Querían que la escuela resolviera. Pero cuando volvieron el lunes y vieron que sus compañeros seguían ahí, que nadie parecía tomar en serio lo que había pasado, y luego encontraron esa amenaza en el pupitre, entendieron que no había salida interna.
¿Qué significa que sean menores los autores?
Significa que legalmente son inimputables. No pueden ser procesados como adultos. Por eso la fiscalía trabaja con un abordaje institucional: la escuela, la Asesoría Tutelar, el Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes. No es cárcel. Es intervención educativa y reparadora.
Pero ¿cómo se repara algo así? Las chicas tienen que seguir viendo a estos chicos todos los días.
Exacto. Por eso piden separación de cursos o expulsión. Porque la reparación institucional no resuelve el problema inmediato: el trauma de estar en la misma aula con quienes las explotaron. Es un conflicto entre lo que la ley permite hacer y lo que las víctimas necesitan para sentirse seguras.
¿Esto es nuevo? ¿La inteligencia artificial cambió algo?
No es nuevo el acoso sexual digital. Pero la IA lo amplificó. Antes robaban fotos reales. Ahora pueden crear cuerpos desnudos de cualquiera sin necesidad de que exista una foto real. Es más fácil, más escalable, más difícil de rastrear.
¿Qué dicen las escuelas que están haciendo?
Talleres, conversatorios, capacitaciones docentes. Pero la Comisión de Géneros lo señaló: parecía que ya habían resuelto estas cosas. Que el consentimiento, la privacidad, el respeto eran obvios. Lo ocurrido demuestra que esos consensos no pueden darse por sentados.