Errores y cálculo electoral: por qué se ha enquistado la crisis de Ceuta

Cinco años han pasado desde que Marruecos desafió directamente a España en las aguas de Ceuta, y la ciudad autónoma sigue atrapada en una crisis que no termina de resolverse. Pero lo que ha cambiado radicalmente no es la situación sobre el terreno, sino el lenguaje que usan para hablar de ella quienes tienen poder para actuar. El Gobierno, la oposición parlamentaria y las instituciones europeas ya no dicen lo mismo que dijeron en 2021. Y esa transformación de los discursos, lejos de acercar soluciones, las ha alejado.

La crisis migratoria de 2021 fue un momento de claridad forzada. Marruecos presionó, España respondió, y hubo un consenso básico sobre lo que estaba en juego: la soberanía territorial, el control de fronteras, la gestión de flujos migratorios. Los actores políticos hablaban desde posiciones que, aunque enfrentadas, compartían ciertos marcos de referencia. Ese terreno común, por mínimo que fuera, permitía al menos que la conversación ocurriera en el mismo idioma.

Ahora, cinco años después, cada actor político ha construido su propia narrativa sobre qué significa Ceuta y qué debería hacerse. El Gobierno defiende su gestión desde una óptica que enfatiza la estabilidad y la cooperación internacional. La oposición cuestiona esa misma gestión desde ángulos que varían según el momento electoral. Y la Unión Europea, que en 2021 parecía tener una posición clara sobre fronteras y seguridad, ahora navega entre presiones contradictorias de sus propios miembros. Cada discurso responde a cálculos electorales distintos, a audiencias diferentes, a prioridades que no siempre coinciden con resolver el problema real.

Esta fragmentación del lenguaje político tiene consecuencias concretas. Cuando los actores principales no hablan desde marcos compartidos, es casi imposible construir soluciones institucionales que duren. Una medida que el Gobierno presenta como pragmática, la oposición la retrata como debilidad. Una posición que Europa considera equilibrada, los gobiernos nacionales la ven como insuficiente o excesiva según sus intereses. Mientras tanto, Ceuta permanece en un estado de crisis sostenida: desplazamientos poblacionales, tensiones humanitarias, incertidumbre sobre qué viene después.

Lo que distingue esta fase de la anterior es que la polarización política se ha enquistado. No hay un evento que obligue a la acción coordinada, como ocurrió en 2021. Hay, en cambio, una situación crónica que cada actor puede interpretar según le convenga electoralmente. El Gobierno puede argumentar que mantiene el control. La oposición puede denunciar que no hay solución. Europa puede seguir hablando de valores mientras los problemas persisten. Y Ceuta sigue siendo Ceuta: una ciudad fronteriza donde convergen presiones migratorias, tensiones de seguridad y una población que vive bajo la sombra de una crisis que nadie parece capaz de cerrar.

Lo que está en juego ahora no es solo la gestión de una crisis migratoria o la defensa de una frontera. Es la capacidad de las instituciones para construir consensos mínimos que permitan actuar. Mientras los discursos sigan divergiendo, mientras cada actor político encuentre más beneficio electoral en mantener la polarización que en buscar soluciones, Ceuta seguirá siendo un problema sin resolver. Y eso, a diferencia de 2021, ya no es una crisis aguda sino una condición permanente.