ERC ha destinado 4,5 millones de euros a asesoría jurídica y apoyo a encausados del 'procés' desde 2017

Treinta y dos encausados recibieron defensa costeada por el partido y otros 86 cargos tuvieron que comparecer judicialmente, algunos inhabilitados.
Con la factura del procés, ERC podría pagar dos campañas
La campaña del 29-N cuesta 2,3 millones, la mitad aproximada de lo que el partido calcula haber gastado.
Mark

¿Qué dice exactamente ERC que ha gastado?

Mimi

Unos 4,5 millones de euros desde 2017 en asesoría jurídica y acompañamiento de encausados por el procés.

Luke

Conviene subrayar que es un cálculo del propio partido. Lo contrastable en balances son 4,04 millones bajo «asesoría jurídica».

Mark

Y de esos, ¿cuánto es solo procés?

Mimi

3,27 millones, según datos internos. Morales explica que el epígrafe incluye otros asuntos.

Luke

Ese desglose no es público: lo conocemos por su explicación, no por un documento.

Mark

¿A quién alcanzó la ayuda?

Mimi

A 32 encausados, desde Junqueras hasta síndicos electorales del 1-O, y a otros 86 cargos que tuvieron que comparecer, algunos inhabilitados.

Luke

Y hay costes que no se pueden sumar, porque algunos ayuntamientos pagaron por su cuenta. La cifra puede ser mayor, pero cuánto, no se sabe.

Mark

¿Hubo recuperación de dinero?

Mimi

Sí, los 700.000 euros de la fianza de 2019 volvieron en octubre de 2025.

Luke

Ese reembolso no está restado de los 4,5 millones, al menos la fuente no lo aclara.

  • ERC calcula unos 4,5 millones de euros gastados desde 2017 en defensa jurídica y acompañamiento de los encausados por el procés.
  • La cifra duplica el coste de la campaña electoral del 29-N, que asciende a 2,3 millones.
  • Treinta y dos encausados tuvieron su defensa pagada por el partido, y otros 86 cargos tuvieron que comparecer ante la justicia, algunos inhabilitados.
  • El partido admite que la factura ha hipotecado su actividad financiera, aunque el reembolso de 700.000 euros de la fianza de 2019 ya volvió a sus arcas.

Hay momentos en que una organización política tiene que mirar atrás y contar lo que le ha costado sostener a quienes la sostuvieron. ERC ha hecho esa cuenta: unos 4,5 millones de euros desde 2017 destinados a defender jurídicamente a los encausados del procés y a acompañarlos, una cifra interna que el propio partido considera provisional y que podría crecer. Es, en el fondo, el precio material de una causa política llevada a los tribunales, y de la decisión de no dejar a nadie atrás, aunque esa decisión haya comprometido la capacidad financiera del partido para actuar en el presente.

Esquerra Republicana de Catalunya ha sumado sus cuentas del procés y el resultado es de 4,5 millones de euros desde 2017 en asesoramiento jurídico y acompañamiento a quienes han sido encausados. Es una cifra interna, no auditada externamente, y la dirección reconoce que podría ser mayor.

La lista de beneficiarios es larga: 32 encausados, desde Oriol Junqueras, Raül Romeva y Dolors Bassa hasta Marta Rovira, Carme Forcadell y los síndicos electorales del 1-O. Junto a ellos, 86 cargos más, alcaldes incluidos, comparecieron ante los tribunales, y algunos acabaron inhabilitados. En muchos casos, los propios ayuntamientos asumieron los costes, por lo que no hay una cifra exacta.

Además, 609.860 euros financiaron la coordinación entre equipos jurídicos y los grupos de enlace con los presos y sus familias, en un constante ir y venir de viajes a prisiones de Madrid y Cataluña.

En 2019, el partido aportó 700.000 euros para cubrir parte de la fianza exigida a 17 exaltos cargos del Govern, dinero que regresó en octubre de 2025. El portavoz de organización, Pau Morales, sostiene que estas cifras reflejan el esfuerzo extra del partido frente a la represión, y que ni siquiera se contabilizan las retribuciones que altos cargos dejaron de percibir. Aun así, reconoce que todo ello ha condicionado financieramente la actividad política de la formación.

Esquerra Republicana de Catalunya ha hecho cuentas. Con el largo recorrido de la amnistía cerca de su cierre, el partido calcula que desde 2017 ha destinado unos 4,5 millones de euros a asesoramiento jurídico y acompañamiento de las personas encausadas por el procés. Es una cifra interna, no una auditoría externa, y la propia dirección admite que podría ser mayor.

El cálculo solo parte del año del referéndum unilateral, que el Tribunal Constitucional declaró ilegal, y de la intervención de la autonomía mediante el artículo 155. Según los últimos nueve balances que ERC remite al Tribunal de Cuentas y a la Sindicatura de Comptes, el partido dedicó 4,04 millones de euros a «asesoría jurídica». Pau Morales, vicesecretario general de Organización, Finanzas y Lucha Antirrepresiva, precisa que ese epígrafe incluye otros asuntos. Según los datos internos, lo que corresponde exclusivamente al procés asciende a 3,27 millones.

La lista de personas cuya defensa pagó el partido suma 32 nombres. Están los dirigentes más conocidos: el presidente de ERC, Oriol Junqueras, Raül Romeva y Dolors Bassa, últimos exconsejeros del Govern amnistiados que fueron juzgados por el Tribunal Supremo. Pero también la exsecretaria general Marta Rovira, la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, los encausados en el Tribunal de Cuentas por los gastos de promoción exterior y los síndicos electorales del 1-O. Siguen abiertos los casos de Lluís Salvador, director de ERC, y del líder parlamentario Josep Maria Jové.

A ellos hay que sumar otros 86 cargos, entre ellos alcaldes, que no fueron procesados pero tuvieron que comparecer ante la justicia en algún momento. Es el caso de Paco Gas, de Roquetes. Otros acabaron inhabilitados, como el exconsejero de Acción Exterior Bernat Solé, de Agramunt. Morales recuerda que en ciertos casos no se puede poner cifra, porque los propios ayuntamientos asumieron los costes. «No se ha dejado a nadie atrás», insiste.

Entre 2017 y 2026 se destinaron además 609.860 euros a lo que el partido llama asistencia antirrepresiva. Ese dinero financió la coordinación entre los equipos jurídicos, entre ellos los despachos de Andreu Van den Eynde, Ramón Setó, Olga Arderiu y Mariano Bergés, y los grupos de enlace entre los presos y sus familias, con viajes constantes primero a las cárceles de Madrid y después a las catalanas. Estefanía Torrente y, antes, Marta Vilaret tuvieron un papel destacado en ese dispositivo.

En mayo de 2019, ERC aportó otros 700.000 euros para cubrir parte de la fianza que el juzgado de instrucción número 13 de Barcelona exigió a 17 ex altos cargos del Govern procesados por presunta malversación en los preparativos del referéndum. Según Morales, el dinero volvió al partido en octubre de 2025. Hubo otro reembolso: Ciudadanos, PP y Vox tuvieron que pagar las costas por la decisión del Constitucional de no admitir sus recursos contra los indultos a los líderes del procés en 2023.

Morales sostiene que las cifras reflejan «el esfuerzo extra» de ERC frente a la represión, y por eso no se computan, por ejemplo, las retribuciones de altos cargos que no pudieron ejercer plenamente por su situación judicial. El partido asumió toda la factura y solo en 2019 pidió una aportación especial a sus afiliados, de entre 50 y 100 euros, en su mejor momento de ingresos y afiliación. Aun así, Morales admite que todo ello ha hipotecado financieramente la actividad política.

La comparación llega con la campaña del 29-N: la de Congreso y Senado, iniciada el viernes, cuesta 2,3 millones de euros. Con la factura del procés, ERC podría pagar dos.

No se ha dejado a nadie atrás.
— Pau Morales, vicesecretario general de ERC
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