Equipo anticorrupción de De la Espriella alerta sobre contrataciones irregulares en Ministerio de la Igualdad

Se afecta a 1.270 personas en misión cuyos contratos están bajo revisión por posibles irregularidades en el proceso de liquidación.
Ninguna maniobra contractual de último minuto pasará sin respuesta
El equipo anticorrupción promete vigilancia total sobre recursos públicos a 48 horas de la posesión presidencial.
Mark

¿Por qué el equipo anticorrupción espera hasta ahora para alertar sobre estas contrataciones si el ministerio ya estaba en liquidación?

Mimi

Porque la liquidación es precisamente cuando ocurren estas cosas. Un ministerio que se cierra es vulnerable. Hay prisa, hay menos supervisión, y algunos ven la oportunidad.

Mark

¿Qué significa que los contratos "no tendrían resultados verificables"?

Mimi

Significa que no hay forma de comprobar qué se entregó, qué se hizo, si el dinero realmente se gastó en lo que dice. Es dinero que desaparece en el papel.

Mark

¿Por qué se menciona específicamente a Laborando S.A.S.?

Mimi

Porque aparentemente fue la empresa contratada para vincular a 1.270 personas en misión. Esos contratos suman decenas de miles de millones. Es el nudo del problema.

Mark

¿Qué pasa con esas 1.270 personas ahora?

Mimi

Están en el limbo. Sus contratos están bajo revisión. Si se determina que fueron irregulares, sus derechos laborales quedan cuestionados.

Mark

¿Es inusual que un equipo de transición actúe tan rápido?

Mimi

Sí. Normalmente esperan a tomar posesión. Pero De la Espriella está enviando un mensaje: no habrá tregua, ni siquiera en los últimos días del gobierno anterior.

Mark

¿Qué sucede si los funcionarios no obedecen la orden de congelamiento?

Mimi

Entonces enfrentan responsabilidad penal. El equipo fue muy explícito en eso. Es una advertencia con dientes.

  • El equipo anticorrupción detectó un patrón de contrataciones de última hora en el Ministerio de la Igualdad que, según su análisis, excede las facultades legales de una entidad en proceso de liquidación.
  • La Contraloría General ya había encendido una alerta fiscal por más de 140.910 millones de pesos en contratos con Laborando S.A.S. que no registran resultados verificables, mientras la Procuraduría adelanta una indagación paralela.
  • 1.270 personas en misión laboral quedan en una zona de incertidumbre: sus contratos están bajo revisión y el equipo de empalme exige el congelamiento inmediato de más de 9.000 millones de pesos en anticipos y desembolsos.
  • El comunicado fue enviado simultáneamente al liquidador, al presidente saliente Gustavo Petro, a la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía y varias fiduciarias, convirtiendo la alerta en un acto público de presión institucional.
  • Con 48 horas para la posesión, el equipo de De la Espriella advierte que cualquier funcionario que autorice giros irregulares enfrentará responsabilidad fiscal, disciplinaria, penal y civil.

En el umbral de un cambio de gobierno, el equipo anticorrupción del presidente electo Abelardo de la Espriella ha interpuesto una alerta formal ante el Ministerio de la Igualdad, una entidad ya en liquidación, señalando contratos de última hora que superarían los 140 mil millones de pesos sin resultados verificables. La denuncia, dirigida al liquidador y a entidades fiduciarias, evoca una pregunta tan antigua como el poder mismo: ¿quién custodia los bienes comunes en el instante en que nadie parece mirar? Con apenas horas antes de la posesión presidencial, el nuevo gobierno anuncia que la vigilancia sobre lo público comenzará antes incluso de que empiece su mandato.

A pocos días de asumir la presidencia, el equipo anticorrupción de Abelardo de la Espriella emitió una alerta urgente sobre lo que describe como un patrón de contrataciones irregulares en el Ministerio de la Igualdad, entidad que ya atraviesa un proceso de liquidación. La notificación fue dirigida formalmente a Rafael Rodríguez Ortiz, liquidador del ministerio, y a Guillermo Javier Zapata, presidente de Fiduagraria, argumentando que las maniobras contractuales detectadas violarían los artículos 4 y 34 del decreto que rige la liquidación.

Entre las exigencias concretas del equipo figura la suspensión inmediata de toda nueva contratación de personal a través de empresas temporales, así como el congelamiento de 9.082 millones de pesos vinculados a un contrato específico con Laborando S.A.S. —identificado como EGA-033-ICD-008-2026— por un valor total de 30.275 millones de pesos. Ese contrato involucra a 1.270 personas en misión cuyos vínculos laborales quedan ahora en una zona de incertidumbre mientras avanza la revisión.

La magnitud del riesgo es considerable: la Contraloría General ya había advertido sobre un riesgo fiscal inminente que supera los 140.910 millones de pesos en contratos con Laborando S.A.S. sin resultados verificables, y la Procuraduría adelanta una indagación paralela sobre contrataciones por 30.000 millones destinados a personal administrativo durante la liquidación.

El comunicado fue remitido también al presidente saliente Gustavo Petro, a la Fiscalía General, Fiduprevisora y Fiducoldex, transformando la alerta en un acto de presión institucional amplio y deliberado. El equipo de De la Espriella advirtió que cualquier funcionario o fiduciario que incurra en omisiones o autorice giros irregulares enfrentará responsabilidad fiscal, disciplinaria, penal y civil. Con apenas 48 horas para la posesión presidencial, el nuevo gobierno dejó claro que su control sobre el uso de los recursos públicos comenzaría antes incluso de recibir el mando.

A pocos días de asumir la presidencia, el equipo anticorrupción de Abelardo de la Espriella ha levantado la voz sobre lo que describe como un patrón de contrataciones irregulares en el Ministerio de la Igualdad, una entidad que ya se encuentra en proceso de liquidación. El equipo emitió una alerta urgente solicitando que se detengan de inmediato los acuerdos contractuales de última hora, argumentando que estas maniobras exceden las facultades legales que corresponden a una liquidación.

La denuncia se dirigió formalmente a Rafael Rodríguez Ortiz, quien actúa como liquidador del ministerio, y a Guillermo Javier Zapata, presidente de Fiduagraria. El equipo de empalme sostiene que los contratos detectados violarían los artículos 4 y 34 del decreto que rige la liquidación, y advierte con claridad que cualquier funcionario o fiduciario que incurra en omisiones de debida diligencia o que autorice giros de recursos enfrentará responsabilidad fiscal, disciplinaria, penal y civil.

Entre las medidas concretas que el equipo solicita está la suspensión inmediata de toda nueva contratación de personal a través de empresas temporales o bolsas de empleo. Además, pide el congelamiento de 9.082 millones de pesos correspondientes a anticipos, nómina y desembolsos de un contrato específico suscrito con Laborando S.A.S. para 1.270 personas en misión. Ese contrato, identificado como EGA-033-ICD-008-2026, tiene un valor total de 30.275 millones de pesos. El equipo también exige que se entregue un inventario completo de los movimientos contables y contractuales del ministerio para realizar una auditoría exhaustiva.

La magnitud de lo que está bajo escrutinio es considerable. La Contraloría General de la República ya había emitido una alerta fiscal sobre un riesgo inminente que supera los 140.910 millones de pesos en contratos suscritos con Laborando S.A.S., contratos que según los documentos no tendrían resultados verificables. Paralelamente, la Procuraduría está adelantando una indagación relacionada con contrataciones por 30.000 millones de pesos destinados a personal administrativo durante la fase de liquidación del ministerio.

El comunicado del equipo anticorrupción fue remitido no solo a los funcionarios directamente responsables, sino también al presidente saliente Gustavo Petro, a la Contraloría, la Procuraduría, la Fiscalía General, Fiduprevisora y Fiducoldex. La notificación subraya que el nuevo gobierno mantendrá una vigilancia permanente sobre estos procesos y que ninguna contratación de último minuto escapará a la revisión. Con apenas 48 horas para la posesión presidencial, el equipo de De la Espriella ha dejado clara su intención de ejercer un control exhaustivo sobre el uso de los recursos públicos desde el primer momento.

Cualquier omisión de debida diligencia o giro de recursos comprometerá la responsabilidad fiscal, disciplinaria, penal y civil de los administradores y fiduciarios involucrados
— Equipo de Empalme Anticorrupción de Abelardo de la Espriella
A 48 horas de la posesión del presidente De La Espriella, la vigilancia sobre el uso de los recursos públicos es total y permanente
— Comunicado del equipo anticorrupción
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