Enmienda 3 genera dudas sobre impacto en servicios comunitarios de Miami-Dade

En una reunión comunitaria celebrada en Miami-Dade, líderes locales y votantes se enfrentaron a una pregunta incómoda: ¿cuál es el verdadero costo de la Enmienda 3? La propuesta, que llegará a las urnas el 3 de noviembre, promete alivio fiscal para propietarios de viviendas, pero genera interrogantes profundas sobre cómo el condado financiaría los servicios que miles de residentes dependen de recibir.

La Enmienda 3 aumentaría la exención Homestead —el descuento fiscal para viviendas principales— a 150 mil dólares en 2027 y a 250 mil dólares en 2028. Simultáneamente, reduciría del 10 al 5 por ciento el límite anual de aumento en la tasación de propiedades que no califican para esa exención. Importante: la medida excluye los impuestos destinados a las escuelas. Pero los fondos que financian otros servicios comunitarios sí estarían en riesgo.

Durante el encuentro, Alfred Sánchez, presidente y director ejecutivo de la Cámara de Comercio del Gran Miami, ofreció un consejo directo a los votantes: "Las personas deben votar con los ojos abiertos". Aunque la Cámara no ha tomado una posición oficial sobre la enmienda, Sánchez enfatizó que los ciudadanos necesitan educarse antes de decidir. "No es fácil aprobar una enmienda a la Constitución y revertirla es aún más difícil", señaló. Aarón Polk, un votante presente en la reunión, capturó la tensión central: reconoce que podría pagar menos impuestos como propietario, pero admite incertidumbre sobre las consecuencias más amplias. A pesar de ello, indicó que planeaba votar a favor.

La preocupación más urgente que emergió fue cómo los gobiernos municipales compensarían la pérdida de ingresos fiscales. El presupuesto de las municipalidades financia una red de servicios sociales críticos. Sánchez identificó dos vulnerabilidades específicas: los programas de cuidado infantil administrados por The Children's Trust y los programas de salud ofrecidos a través del Hospital Jackson. Ambos dependen de fondos locales que la Enmienda 3 reduciría significativamente.

Tomás Regalado, tasador de propiedades de Miami-Dade, reconoció que las preocupaciones de estas organizaciones son legítimas. Pero también señaló que la responsabilidad no recae únicamente en el condado. Si la enmienda es aprobada, dijo, el trabajo real comenzaría en la Legislatura estatal, que tendría que definir los detalles de implementación: qué se puede cobrar, qué se puede dar, y qué autoridad tendrían los gobiernos locales para mantener sus servicios. "Antes de que nosotros comencemos a implementar esto, viene la sesión de la Legislatura que tiene que poner en detalles lo que se puede cobrar, lo que se puede dar", explicó Regalado.

La enmienda requiere al menos el 60 por ciento de los votos para ser aprobada. Los votantes de Miami-Dade tendrán la última palabra el 3 de noviembre, pero la decisión que tomen ese día podría reconfigurar cómo se financia la red de servicios que sostiene a miles de familias en el condado.