Empresarios advierten que el absentismo laboral alcanzará 32.000 millones este año

Las principales organizaciones empresariales españolas reunidas esta semana en la Asamblea General de AMAT —la patronal de las mutuas— han lanzado una advertencia que suena cada vez más urgente: el coste del absentismo laboral en España alcanzará los 32.000 millones de euros en 2025, un incremento del 10% respecto al año anterior. Detrás de esa cifra hay más de 9,2 millones de bajas laborales registradas, un aumento superior al 6%. Los presidentes de CEOE, Cepyme y ATA —Antonio Garamendi, Ángela de Miguel y Lorenzo Amor, respectivamente— han coincidido en señalar que el fenómeno se ha convertido en un problema sistémico que requiere intervención inmediata del Gobierno.

El absentismo laboral no es una novedad en la agenda política española, pero su magnitud actual ha alcanzado dimensiones que preocupan profundamente al tejido empresarial. Lo que distingue esta nueva alerta es la insistencia en que el problema daña directamente la productividad y la competitividad de las empresas, especialmente de las pequeñas y medianas. Garamendi ha descrito el fenómeno como un «mal endémico» que deja a muchas compañías «en la cuerda floja», generando costes que consideran inasumibles y afectando negativamente a la eficiencia, la rentabilidad y el clima laboral interno.

Uno de los datos más preocupantes es la acumulación de procesos de baja de larga duración. Actualmente existen más de 210.000 casos con una duración superior a los 365 días, una cifra que casi quintuplica la que existía justo antes de la pandemia en 2020. Juan Roca, presidente de AMAT, ha enfatizado que la reducción de estos procesos prolongados, junto con el acortamiento innecesario de otras bajas y la disminución de los procesos de corta duración, son medidas que deben implementarse con carácter de urgencia.

Las empresas han presentado un conjunto de demandas concretas al Gobierno. Solicitan más recursos sanitarios para los servicios públicos de salud, el Instituto Nacional de la Seguridad Social y las mutuas, con el objetivo de mejorar los diagnósticos iniciales, los tratamientos y el seguimiento de los procesos de baja. También piden que se otorgue mayor autonomía de gestión a las mutuas para que puedan administrar integralmente ciertos procesos de baja laboral, particularmente los relacionados con patologías traumatológicas, siempre con mecanismos de garantía para los trabajadores que se sientan disconformes con las decisiones.

Un aspecto central del debate es la relación entre el Gobierno y las mutuas. El Ejecutivo ha planteado una mayor intervención en la autonomía de estas organizaciones, una propuesta que ha generado rechazo frontal entre los empresarios. Las organizaciones empresariales han argumentado que las mutuas son asociaciones privadas de empresarios y que, por tanto, deben mantener su autonomía de gestión. En su comunicado, subrayan que «las mutuas no son el problema de la incapacidad temporal sino gran parte de la solución» y que la intervención gubernamental propuesta nada tiene que ver con mejorar realmente la situación.

Los empresarios han sido cuidadosos en no criminalizar a los trabajadores. Reconocen que la gran mayoría está sufriendo las consecuencias de las ineficiencias del sistema de gestión de estas prestaciones públicas. Al mismo tiempo, sostienen que aunque el problema de los accidentes y enfermedades no laborales no está en las empresas, estas «sí pueden y deben contribuir a preservar y mejorar la salud de los trabajadores que lo necesiten», como ya ocurre en la mayoría de ellas.

Respecto al control público, las empresas no rechazan las actuaciones de fiscalización sobre la gestión de lo que consideran dinero público. Sin embargo, insisten en que las decisiones internas sobre organización, funcionamiento, políticas y estrategias corresponden a las juntas directivas, asambleas generales y empresas asociadas a las mutuas, lo que requiere la necesaria autonomía de gestión. El mensaje es claro: aceptan supervisión, pero no injerencia en la toma de decisiones operativa.

La tensión entre las demandas empresariales y la postura del Gobierno refleja un desacuerdo fundamental sobre cómo abordar un problema que afecta a toda la economía. Mientras las empresas ven en las mutuas una herramienta esencial para la solución, el Gobierno parece inclinarse por una mayor intervención estatal. Lo que está en juego es no solo cómo se gestionan las bajas laborales, sino también quién tiene la responsabilidad última de hacerlo.