Empresario argentino en el centro de polémica por vínculo secreto con presidenta peruana Keiko Fujimori

A cincuenta y uno años, Damián Valenzuela Mayer llegó a Perú como asesor de campaña de Keiko Fujimori, la hija del expresidente Alberto Fujimori que finalmente alcanzó la presidencia en su cuarto intento electoral. Pero a diferencia de otros extranjeros que trabajaron visiblemente en la campaña de Fuerza Popular—como el cubano Carlos Díaz Rosillo y el español Román Cendoya—el empresario argentino permaneció en la sombra, sin presentación pública ni apariciones en medios. Esa invisibilidad deliberada es lo que encendió las alarmas cuando el semanario peruano Hildebrandt en sus Trece publicó, a fines de julio de 2026, una investigación que lo colocaba en el centro de una polémica que aún no termina de resolverse.

Todo comenzó el 11 de julio, cuando Fujimori ya había sido proclamada presidenta electa. Ese día, los periodistas Eloy Marchán y el fotógrafo César Zamalloa se apostaron frente al spa Tomyko, ubicado en el distrito limeño de La Victoria. Vieron llegar a Fujimori en una camioneta alquilada por su partido, acompañada por un vehículo de seguridad estatal. Había reservado una sesión para dos personas que incluía masajes, sauna, champagne y chocolates. Diez minutos después de que ella entrara por la puerta de servicio, el mismo vehículo regresó con Valenzuela a bordo y lo dejó en la misma entrada. Ambos permanecieron adentro durante aproximadamente dos horas. Cuando salieron, Fujimori se fue primero; Valenzuela emergió unos quince minutos después, vistiendo una remera deportiva y shorts. La secuencia quedó documentada en fotografías que el semanario publicaría días después.

La investigación reveló que Valenzuela mantenía una relación particularmente cercana con Fujimori desde fines del año anterior, al menos un año antes de que ella asumiera. Lo inusual no era solo la intimidad de los encuentros, sino también que la presidenta se refería a él como "Gerardo" en lugar de usar su nombre real. Su presencia volvió a quedar registrada el 28 de julio, durante la ceremonia de asunción presidencial en el Congreso. Ocupó un lugar preferencial en el primer piso del hemiciclo, fue fotografiado conversando con Alberto Núñez Feijóo, presidente del Partido Popular español, y asistió a la cena de gala posterior. Todo esto sin que su rol en el gobierno—o si es que tenía alguno—hubiera sido aclarado públicamente.

La segunda publicación de Hildebrandt cambió el tono de la polémica. El semanario documentó antecedentes judiciales del empresario en Estados Unidos: al menos cuatro resoluciones adversas en Florida relacionadas con el incumplimiento de devoluciones de inversiones. Una sentencia favoreció a la empresa Chily Star Corp. por cinco millones de dólares; otra, iniciada por el empresario árabe boliviano José Luis Handal, alcanzaba los 3,1 millones. Además, el Banco Central de Uruguay retiró en 2024 la licencia de Banfisol SA, una sociedad vinculada a Valenzuela, tras detectar irregularidades. Una empresa suya en España estaba en concurso de acreedores; otra registrada en Panamá figuraba como inactiva. Según su propia compañía, Latin America Invest operaba en diez países con más de mil clientes y tenía presencia en Perú desde 2011.

Valenzuela respondió con una demanda de un millón de dólares contra el semanario por difamación agravada, argumentando daño moral y patrimonial. En redes sociales calificó el trabajo periodístico de "mediocre y difamatorio". Su abogado, David Torres, emitió una carta aclarando que su cliente nunca había sido condenado penalmente por estafa, fraude ni delitos patrimoniales en ningún país, y que ninguno de los procedimientos judiciales citados era de naturaleza penal. Sin embargo, la defensa no negaba los fallos civiles ni los problemas regulatorios documentados.

El gobierno peruano intentó minimizar el escándalo. El ministro de Salud, Luis Dyer, lo calificó como un "chisme de peluquería" e insistió en que Valenzuela "no tiene ninguna influencia en el gobierno". El ministro de Desarrollo Agrario, Marco Vinelli, fue más cauteloso. Confirmó que había conocido al empresario durante la campaña y que estuvo presente en la asunción, pero se negó a definirlo como asesor, diciendo solo que "la presidenta consulta a muchas personas". Vinelli también admitió desconocer qué grado de influencia tiene actualmente sobre Fujimori.

La propia Fujimori finalmente se pronunció durante una transmisión en vivo por TikTok. Confirmó que había acudido al spa el 11 de julio y aclaró que la camioneta fue proporcionada por Fuerza Popular, no por el Estado, ya que aún no había asumido formalmente. Reconoció que Valenzuela había colaborado durante la campaña, pero lo mencionó simplemente como parte de un grupo de "amistades" extranjeras que la ayudaron, sin definir su función específica ni explicar la coincidencia en el spa. También negó especulaciones sobre una relación sentimental, diciendo que hace tiempo le inventan "cuatro, cinco relaciones" y que su compromiso era con Perú.

La explicación presidencial no cerró las interrogantes. Hildebrandt en sus Trece rechazó que su investigación fuera reducida a un asunto sentimental y sostuvo que el verdadero interés estaba en determinar qué reuniones privadas mantiene la presidenta, quiénes forman parte de su círculo de confianza, qué papel cumplió Valenzuela en la campaña, si recibió dinero, por qué nunca fue presentado públicamente y quién lo invitó a los actos oficiales. El semanario también planteó si Fujimori conocía los antecedentes judiciales del empresario. "De chisme de peluquería no tiene nada", respondió el propio César Hildebrandt en su podcast. Por ahora, el gobierno peruano no ha precisado si Valenzuela ocupa un cargo formal o informal, si recibió remuneración por la campaña o bajo qué condición fue invitado a los actos del 28 de julio.